04 Agosto 2017
Irregularidades en las ventas de casas, estafas, pedidos de coimas. El Instituto Provincial de la Vivienda es objeto de distintas investigaciones judiciales desde hace años. El miércoles, en “Panorama Tucumano” se recordó el escándalo de agosto de 2014 cuando se descubrió una red de “intermediarios” que cobraban por la entrega de casas. Incluso se presentó el testimonio de un “arrepentido”, Daniel Castillo, quien explicó cómo funcionaba la operatoria que tenía como principal acusado a un empleado del IPV, Fabio Burgos.
Durante el programa se mencionó que esa causa estaba en manos del fiscal Diego López Ávila, pero eso no es así. En realidad el caso fue investigado por la fiscala Adriana Reinoso Cuello, quien ya elevó la causa a juicio, según indicaron fuentes judiciales.
López Ávila elevó ya dos causas similares, pero que se iniciaron en 2015, también por presuntas irregularidades en la adjudicación a cambio de dinero de viviendas. En uno de los procesos, López Ávila elevó la causa a juicio en febrero de 2015. En agosto de ese año, el Juzgado de Instrucción de la 2° Nominación decretó el sobreseimiento. Sin embargo, el fiscal apeló y obtuvo una sentencia favorable, por lo que la causa fue elevada a juicio en octubre de 2016. La otra causa fue elevada a juicio en junio de 2015.
El caso actual
Finalmente, la fiscala Adriana Giannoni es quien tiene a su cargo, de oficio, la denuncia que realizó la senadora radical Silvia Elías de Pérez por presuntas anomalías en la institución estatal. La investigadora ha solicitado informes a otros fueros judiciales, además de al mismo IPV con respecto a los detalles que objetó la senadora en sus presentaciones. El mismo interventor de la repartición, Gustavo Durán se presentó en Tribunales para ponerse a disposición de la Justicia.
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