Escándalo en el Ipvdu: denuncian que un funcionario tendría U$S 500.000

“La caja de seguridad de Miguel Jiménez Augier es comparable con los bolsos de José López”. Así, la senadora Silvia Elías de Pérez hizo referencia al coordinador de Políticas Habitacionales del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Comparó al funcionario provincial con el ex secretario de obras públicas de la Nación (detenido mientras intentaba esconder U$D 9 millones) porque, según la parlamentaria, Jiménez Augier tendría más de U$D 500.000 en una caja de seguridad.

Durán admitió que la constructora de su cuñado trabaja para el IPV

Según la radical, la situación patrimonial del coordinador salió a la luz debido al proceso de divorcio en el que está involucrado. “Hemos solicitado a la fiscala (Adriana) Giannoni que requiera todas las causas que tiene el fuero de Familia y Sucesiones relacionadas con su divorcio, incluyendo la de denuncia que tiene por fraude conyugal”, declaró Elías de Pérez. En total, son cuatro los procesos civiles en los que está involucrado el coordinador y en los que se tratan temas de naturaleza patrimonial.

Tras un informe que transmitió “Panorama Tucumano” hace semanas, Giannoni decidió investigar de oficio una serie de presuntas irregularidades en el Ipvdu. La parlamentaria ya había remitido a la fiscala los nombres de cinco empleados del Ipvdu que, presuntamente, habrían estado involucrados en la venta de adjudicaciones. Se trata de Fernando Alberto Bulaich, Fanny Isabel Cayetano, Carolina Anabella Cejas, Gladys del Valle Salomón y Laura Vega. “Estas personas tendrían datos para aportar en la presente causa, razón por la cual solicitamos sean citados (...) a los efectos de prestar declaración”, reza la presentación. Según la radical, este tipo de operaciones habrían estado dirigidas por el propio Jiménez Augier.

Segun Manzur, es la Justicia la que debe decir si hay irregularidades en el IPV

“Que un empleado público tenga cerca de $ 10 millones en una caja de seguridad es una muestra clara de que en el IPV hay una estructura paralela y es manejada por (el interventor del Ipvdu, Gustavo) Durán”, dijo Elías de Pérez, en una denuncia pública. La radical sostuvo que Jiménez Augier y Lucas Barrionuevo, coordinador de Programas Federales del Ipvdu, se encargaban de adjudicar obras y viviendas de manera irregular.

Tras las publicaciones de LA GACETA, Barrionuevo fue suspendido mientras se lleva a cabo una investigación administrativa por su vínculo con empresarios de la construcción. El coordinador había negado conocer “de antes” a Sebastián y Martín Nieva, dueños de Marán Constructora S.R.L. (empresa que recibió contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones). Sin embargo, se demostró que Barrionuevo es tío político de los hermanos Nieva.

SILVIA ELÍAS DE PÉREZ. Senadora nacional.

Otro funcionario que está vinculado a dueños de una constructora es el propio interventor del Ipvdu. “Cometí un error, si lo cometo al error me hago responsable”, declaró Durán a Panorama Tucumano. Es que su cuñado, Raúl Eduardo Beverina, es uno de los dueños de la empresa Kursk S.R.L., que se encuentra trabajando en al menos una obra del instituto.

Intervenidos

Otra de las consecuencias por las presuntas irregularidades en el Ipvdu fue protagonizada por el legislador del PRO (y precandidato a diputado por Cambiemos) Alberto Colombres Garmendia. En 2015, había presentado ante la Justicia una acción de amparo contra el Gobierno provincial, pidiendo un cese en las intervenciones de los entes autárquicos. En particular, el parlamentario había mencionado a la Caja Popular de Ahorros ((intervenida desde hace 14 años) y al Ipvdu (26 años), entre otros.

Investigan a cinco empleados que se habrían dedicado a vender casas

Esta semana, frente a las denuncias por presuntas irregularidades en una de estas reparticiones, el macrista renovó sus críticas. “Su intervención (del Ipvdu) a lo largo de décadas no ha servido para llevar transparencia en el manejo de las adjudicaciones a empresas que construyen las viviendas” reclamó el legislador. “Por ello, la Justicia debe expedirse cuanto antes para comenzar a ordenar y echar luz sobre las serias irregularidades que envuelven, en este caso, al Ipvdu”, finalizó.