El juez Bejas rechazó el pedido de investigación al Ipvdu

La Justicia federal no investigará, por ahora, las presuntas irregularidades en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). El juez federal Daniel Bejas rechazó el pedido de autorización para investigar la posible comisión de una serie de ilícitos en la repartición que conduce el interventor Gustavo Durán. El fiscal federal Gustavo Gómez había solicitado al magistrado la habilitación de la feria para actuar y había formulado el requerimiento de instrucción, es decir, la autorización para investigar si se cometieron delitos.

Gómez se fundó en las declaraciones de la senadora radical Silvia Elías de Pérez, quien había denunciado en una entrevista con “Panorama Tucumano” que en el Ipvdu habría una “estructura paralela” dedicada a adjudicar obras y viviendas al margen de los estándares oficiales. En el informe que transmitió el ciclo televisivo de LA GACETA se trataron, además, una serie de presuntas irregularidades en el instituto.

La Justicia provincial también se involucró en el “caso Viviendas” y, el jueves, Elías de Pérez declaró ante la fiscala Adriana del Carmen Giannoni. La parlamentaria sostuvo que Miguel Jiménez Augier (coordinador de Políticas Habitacionales) y Lucas Barrionuevo (coordinador de Programas Federales) estarían involucrados en los supuestos ilícitos.

Además, insistió en que los dueños de Marán Constructora S.R.L. (empresa que recibió contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones), los hermanos Sebastián y Martín Nieva, serían testaferros de Barrionuevo. El funcionario negó, en una entrevista con LA GACETA TV, conocer “de antes” a los empresarios. Sin embargo, se comprobó que los Nieva son sobrinos políticos de Barrionuevo.

A raíz de las publicaciones de este diario y de las declaraciones de Elías de Pérez, Gómez entendió que se podría estar frente a la comisión de los delitos de estafa en perjuicio del Estado Nacional, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de activos y evasión agravada al fisco. Por esa razón, también había solicitado que se cite a la senadora nacional a ratificar y ampliar por testimonio, las declaraciones efectuadas a la prensa. Y de ser necesario, agregar la documentación que le parezca oportuno. Además, para la recolección de pruebas, había pedido que se libre oficio al Tribunal de Cuentas para que remita toda actuación en la que haya participado la empresa involucrada en la denuncia, como también las rendiciones de cuentas efectuadas por el Instituto de la Vivienda. Y pidió que se soliciten a la Secretaría nacional de Vivienda datos sobre adjudicaciones, entre otros.

Bejas, en tanto, sostuvo que el planteo de Gómez carecía del rigor jurídico necesario. “Se advierte que no han existido diligencias anteriores, profundas y serias en el marco de sus facultades como fiscal (...) que justifiquen poner en marcha una actuación judicial dentro de este fuero federal”, reza el escrito del magistrado.

Finalmente, el juez determinó que el expediente sea devuelto al fiscal federal tucumano para que “en un discurso racional, científico y debidamente fundado justifique la intervención” de la judicatura.