Bálsamo de legalidad que el oficialismo aún debe legitima

Entonces no hubo fraude en los comicios provinciales de 2015, sino una fuerte sensación de fraude por “defectos graves” del accionar de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Es lo que se desprende, en parte, del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cerró la controversia electoral desde lo jurídico, aunque no desde lo político, y menos en época de votaciones. Algunos harán jugar a la sentencia para atrapar adhesiones. El máximo tribunal no duda de validez del resultado porque -dice- no se pueden anular las elecciones cuando no hubo irregularidades en 3.539 mesas sobre un total de 3.601. Dato contundente, como el respaldo unánime de la Corte nacional a su homónima provincial y a la Junta Electoral local; aunque no convencerá a los votantes opositores sobre que el oficialismo no alteró la voluntad popular con jugarretas. En esa línea, la votación de octubre políticamente va a “legitimar” -si se repite la diferencia de 2015- o “deslegitimar” -si gana la oposición- al Gobierno y también a la sentencia de la Corte. Sin embargo, no le restarán legalidad a aquella victoria del Gobierno. El fallo lo hizo, lo suficiente como para que saltaran de alegría Manzur, Jaldo y hasta el propio Gandur, beneficiarios directos de los efectos políticos de la decisión. ¿Significa que perdieron el ApB y sus dirigentes? Seguramente no es lo que esperaban, menos cuando se aguardaba una de cal y otra de arena a partir de la presencia de dos supuestos cortesanos macristas como Rosatti y Rosenkrantz; pero incluso hasta estos fueron muy duros con la anulación de la elección. Parece un punto final, pero no lo es; los camaristas están de nuevo en el radar del oficialismo.