Quieren poner más celo en operaciones inmobiliarias

Presentaron un proyecto de resolución para crear una Comisión Especial de Investigación y Fiscalización de Emprendimientos Inmobiliarios. La propuesta busca investigar las irregularidades que 500 familias denuncian en la compra de sus departamentos. El documento, presentado el miércoles pasado en la Legislatura, lleva la firma de la peronista disidente Stella Maris Córdoba, del presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor, Fernando Valdez (Acuerdo para el Bicentenario), del oficialista Emiliano Vargas Aignasse, de Luis Brodersen (bloque unipersonal PRO-A), del bussista Claudio Viña y del presidente del bloque Tucumán Crece, Ramón Santiago Cano.

“No hay un debido control de los emprendimientos inmobiliarios, tanto en lo que hace específicamente a su construcción y en cuanto a las personas que ahí trabajan, la relación que los une con los empresarios y la situación financiera de estos que puedan garantizar la realización de las obras”. Este es uno de los fundamentos de los parlamentarios para proponer la creación de la Comisión. Por eso, una de las funciones que tendrá -si es aprobado el proyecto- será la de solicitar a distintas instituciones -como la AFIP, la Dirección de Rentas o al Registro Público de Comercio-, información sobre las empresas constructoras. De esta manera, se busca conocer si quienes construyen están cumpliendo con lo que fijan las leyes y las ordenanzas.

Otra de las funciones será la de solicitar información a las distintas reparticiones provinciales y municipales sobre la cuáles son los edificios que no cuentan con el Certificado Final de Obra, los que están en proceso de construcción y los que cuentan con factibilidad de construcción aprobada.

“Tenemos la sensación de que tanto los organismos de control nacionales, provinciales o municipales no ejercen el poder de policía sobre esta actividad (inmobiliaria), y deja, si se quiere, librados al azar la posibilidad de contar ciertamente con el sueño de su vivienda propia, para lo cual, en la mayoría de los casos han hechos grandes sacrificios”, se puede leer, también, en el documento. Debido a eso, otro de los incisos plantea que la Comisión podrá citar a los funcionarios responsables de controlar a los emprendimientos inmobiliarios, como así también a los empresarios de la construcción titulares de las distintas obras.

También podrá citar a los damnificados por las empresas constructoras. Es decir, a quienes habitan edificios que no están terminados -cuentan con instalaciones de servicios precarias y no tienen escrituras individuales, entre otras irregularidades- y a quienes todavía no pueden acceder a sus viviendas -por la no construcción del emprendimiento o porque no se les haya entregado los títulos de propiedad-.

“El objetivo será recibir testimonio o cualquier otra situación que les haya causado daño patrimonial”, explica el documento.

La Comisión estará integrada por siete legisladores y terminará sus funciones una vez dictado el pronunciamiento definitivo sobre el objeto de su creación.