Presuntos estafados por Grandi recibieron apoyo del Poder Ejecutivo

Las personas que denuncian haber sido estafadas en la compra de sus departamentos continúan recibiendo el apoyo por parte de organismos del Estado. En esta ocasión, damnificados por la empresa constructora Grandi se reunieron con la secretaria de Derechos Humanos, Erica Brunotto. En diálogo con LA GACETA, la funcionaria criticó la falta de controles por parte de la Municipalidad, que -según dijo- se evidencian en las irregularidades que padecen los vecinos.

La situación de los que acudieron al encuentro es diversa. Por un lado estuvieron quienes compraron sus departamentos mediante la inversión en pozo y, aún habiéndose vencido los plazos de entrega, no pudieron acceder a sus unidades. En algunos casos, esas edificaciones se encuentran a medio construir. En otros, los planos de las obras ni siquiera cuentan con la aprobación municipal para que se empiecen a ejecutar. Se estima que son más de 500 personas las que se encuentran en esa instancia.

Por otro lado, más de 180 vecinos habitan edificios en condiciones irregulares. Es decir, viven en unidades no terminadas que no cuentan con el Certificado Final de Obra, por lo que no pueden escriturar sus departamentos. Disponen de servicios de una manera precaria, como gas a través de garrafas -que están ubicadas en los espacios comunes-, entre otras irregularidades. “En algunos casos han sido engañados porque se les ha vendido un piso nueve, cuando el edificio tiene habilitación para construir hasta el séptimo”, contó la secretaria de Derechos Humanos.

“Es evidente la falta de control por parte del Municipio respecto a las habilitaciones, al control de las empresas, a cómo están construyendo por encima de las habilitaciones y que no están siendo controlados”, criticó Brunotto.

“Por lo pronto, (los asistentes) han sido engañados en su buena fe”, consideró. “El derecho a la vivienda digna es un derecho humano fundamental y en todos estos casos están siendo vulnerados”, agregó.

“Como se trata de cuestiones entre particulares, necesitabamos que nos pidan la intervención específica para ver cuáles son los derechos de estos ciudadanos que están siendo vulnerados”, explicó.

Por eso, luego de escuchar los testimonios, resolvió pedir la intervención a la oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia. También solicitar informes sobre el avance de las obras al Municipio, a Catastro municipal y la situación patrimonial del dueño de la empresa constructora (Miguel de la Cruz Grandi) a la AFIP.

“Estamos teniendo lo que no hemos tenido nunca, que es apoyo”, expresó Rubén Suárez, uno de los damnificados que asistió y que contó su situación a Panorama Tucumano hace poco más de una semana.

El encuentro tuvo lugar el jueves por la tarde en el Salón de Situación de la Casa de Gobierno. Se produjo tras el pedido del legislador radical Fernando Valdez (preside la Comisión de Derechos Humanos y Defensa al Consumidor) y del parlamentario oficialista Emiliano Vargas Aignasse, quien también integra esa comisión y acudió al encuentro.