Legisladores recibieron a presuntas víctimas de estafas inmobiliarias

Un grupo de legisladores se reunió con más de 40 personas que denuncian haber sido estafadas en la compra de sus departamentos mediante la inversión en pozo por la empresa Grandi. Luego de escuchar a los damnificados, los legisladores analizaron crear una comisión que investigue y reciba documentos sobre presuntas estafas inmobiliarias, para derivarlas a la Justicia.

La reunión tuvo lugar ayer por la mañana en la Legislatura. Fue organizada por la Comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor, presidida por el legislador radical Fernando Valdez (Acuerdo para el Bicentenario). Otros de los parlamentarios presentes fueron el oficialista Emiliano Vargas Aignasse, la peronista disidente Stella Maris Córdoba, Mariela Reyes Elías (Frente para la Victoria) y Luis Brodersen (bloque unipersonal PRO-A).

“Lo primero es hacer público el asunto, luego pedir celeridad al Poder Judicial; en situaciones como estas, las resoluciones deben ser efectivas y rápidas”, declaró Valdez.

“Creo que hay una estafa tremenda”, consideró el legislador Vargas Aignasse, en diálogo con LA GACETA. Y adelantó que el grupo de damnificados que acudió al encuentro será recibido en Casa de Gobierno por la secretaria de Derechos Humanos, Erica Brunotto, hoy a las 17.

Además, reveló que se armará una comisión que reciba información de personas que hayan sufrido irregularidades al comprar departamentos en pozo. “La idea es que se pueda pedir documentación, para que todos aquellos que han armado fideicomisos puedan - cuando haya alguna denuncia- pedir la documentación para ver en qué grado está. Si bien nosotros no podemos hacer acusaciones judiciales, la idea es derivar a la Justicia. Se va a hacer un proyecto de resolución para repudiar a aquellos que han aprovechado la figura del fideicomiso”, explicó.

Uno de los damnificados que acudió al encuentro fue Rubén Suárez. Hace una semana, el hombre le contó a Panorama Tucumano que pagó de contado el 100% de su unidad en pozo en 2013, pero que a día de hoy los planos de la obra no tienen aprobación municipal. “Los legisladores tienen ganas de colaborar, aunque saben que su colaboración es sólo eso. Tiene que ser la Justicia la que tome cartas en el asunto”, consideró.

Por su parte, el arquitecto Oscar Magariños, vocero de los damnificados, pidió que el Estado cumpla su rol de ente regulador. “Lo que estamos pidiendo a los legisladores es apoyo, para que el Estado cumpla con su poder de controlador en todos los ámbitos, para que estas situaciones no se repitan”, sostuvo.

Al igual que Suárez, Magariños señaló al Poder Judicial. “Las leyes están, hay que hacerlas cumplir; que las empresas cumplan y que el municipio o el ente correspondiente, nacional, provincial o municipal las haga cumplir”, reclamó.