Una parte de la vida profesional del letrado porteño Martín Zapiola Guerrico transcurre entre juicios de seguros y de responsabilidad civil. Otra parte, que él califica como “muy gratificante”, está dedicada al ejercicio de la abogacía por el bien común. Zapiola Guerrico es uno de los directivos de la Comisión Pro Bono (probono.org.ar) nacida en 2000 en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. En esta ciudad dio testimonio sobre esa experiencia de trabajo que da una atención jurídica de primera categoría a quienes carecen de recursos y la posibilidad de palpar la “Argentina pobre que no se quiere ver” a profesionales que actúan en los casos más redituables.
“La abogacía pro bono es una oportunidad para conectar con la razón por la que se estudió esta carrera y para subir en la escala de la valoración social. Nos dicen ‘picapleitos’ y ‘avenegras’... Los abogados estamos mal vistos porque no nos hemos ocupado lo suficientemente de ayudar”, expresó Zapiola Guerrico el jueves durante el acto de presentación del Diagnóstico de Necesidades Jurídicas Insatisfechas y de Niveles de Acceso a la Justicia (se informa por separado). Y definió a la abogacía pro bono como trabajo profesional voluntario y gratuito en beneficio de la comunidad. Zapiola Guerrico dijo que la principal diferencia de este sistema con el modelo de consultorio jurídico gratuito es que brindaba un servicio de gran nivel y que el beneficiario gozaba del mismo trato que un cliente de alto poder adquisitivo.
“No es equiparable a hacer un favor a un conocido que no tiene dinero para pagar honorarios. Esos casos suelen llevarse de cualquier manera. La esencia de la abogacía pro bono es que tiene la misma entidad y calidad que el trabajo rentado”, precisó Zapiola Guerrico. Y manifestó que el letrado pro bono se veía beneficiado por la posibilidad de “salir de la zona de confort” para hacer una tarea colaborativa novedosa. “Esto no es física cuántica. Con constancia y voluntad los problemas se sacan adelante. Y una vez que se obtiene un resultado positivo, uno se siente un mejor abogado”, dijo.
En 2016 la Comisión Pro Bono, que está formada por una red de estudios jurídicos prestigiosos de la capital del país, decidió tomar casos de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Tucumán tiene dos de estas “salas de primeros auxilios legales”). El acuerdo llevó a la Comisión Pro Bono a interactuar con las villas 31 y 21-24. “Empezamos de a poco porque en esta materia es esencial no desilusionar. Pero la experiencia está siendo tan positiva que vamos a trabajar con más CAJ. Los invitamos a sumarse”, convocó Zapiola Guerrico.