El oficialismo lleva la mediación a los conflictos que traten juzgados de Paz

Se produce un choque entre dos autos en la esquina de un pueblo del interior. Por fortuna no hay víctimas, pero sí daños materiales. ¿Cómo se determina quién le tiene que pagar a quién?

Según el legislador Marcelo Caponio (PJ), defensor de las últimas reformas judiciales impulsadas por el oficialismo, ya no será necesario que las partes concurran a tribunales ni a estudios jurídicos para resolver estos conflictos. Una vez que empiece a regir la norma sancionada ayer, explicó el alperovichista, esta clase de procesos podrán ser dirimidos a través de la mediación obligatoria, en los juzgados de Paz Letrada. “Con esto vamos a lograr un mejor acceso al servicio de justicia. Los vecinos del interior encontrarán soluciones para estos casos, denominados de menor cuantía, en manos de funcionarios judiciales con rango de prosecretario y capacitados específicamente para ello, ya que deberán ser abogados y mediadores”, afirmó Caponio, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura y autor del proyecto aprobado.

Esta fue una de las dos posturas expresadas en el recinto. Según la otra lectura, manifestada por el legislador Eudoro Aráoz (UCR), la mediación obligatoria en los juzgados de Paz Letrada no será aplicable, tal como está planteada por el oficialismo. “Este proyecto no ha sido consensuado con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CJST), y de hecho hay vocales que se han enterado de esto a través de los diarios. También sería importante conocer qué estadística ha motivado esta modificación”, remarcó el ex presidente del Colegio de Abogados. Y advirtió que no se sabe cuántos juicios se iniciaron en esas oficinas. “Más allá de que quizás haya algunos amparos a la simple tenencia, creo que no hay (otros procesos planteados en esos órganos)”, añadió el radical. Consideró que también surgirán dificultades en la aplicación del texto, ya que -según su opinión- las normas particulares que regulan los Juzgados de Paz Letrada y el proceso de mediación previo al inicio de los juicios comunes entrarán en colisión. “Cualquier resolución que se tome podrá ser revisada judicialmente por problemas de competencia”, agregó Aráoz. A modo de ejemplo, detalló que los juzgados de Paz están habilitados a entender “en cuestiones laborales”, mientras que el proyecto oficialista los excluye. “Esta iniciativa no especifica cuál de los dos (articulados) se va a aplicar, y se producirán contradicciones”, añadió el radical Aráoz. Y lamentó que no se incluyan las disputas vecinales y otros conflictos habituales.

Cuestionamientos

El proyecto presentado por Caponio había recibido duras críticas del Colegio de Abogados, que preside Marcelo Billone. “Se pretende adaptar la realidad de los juzgados de Paz Letrada a la mediación previa obligatoria, cuando debiera preverse un cuerpo normativo especial que contemple las circunstancias y normas aplicables a la Justicia de Paz como órgano del Poder Judicial”, indicó el ente profesional. De ese modo, según el Colegio de Abogados, se evitaría modificar la Ley de Mediación. “Esta norma fue diseñada para otro tipo de procesos y realidades jurídicas”, añadieron los letrados. Y además de rechazar la iniciativa, solicitaron la creación de una comisión especial para elaborar una propuesta superadora.

El pedido sin embargo fue descartado por los legisladores. Caponio, en el recinto, desestimó que las normativas vigentes vayan a colisionar. “Hay un juego armónico entre lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Mediación y la Ley de Juzgados de Paz Letrada”, sostuvo el oficialista. Afirmó luego que la competencia de esas oficinas será ampliada cuando avance la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, que está bajo análisis. “En esta provincia tenemos 70 juzgados de Paz con asiento en distintas localidades. En 25 de ellos, el juez de Paz es abogado. A partir de esta norma, se tiene que designar (desde la CSJT) en todos ellos un funcionario judicial con rango de prosecretario”, detalló Caponio. Y afirmó que, en caso de que las partes lleguen a un arreglo, todo deberá ser homologado luego por el juez competente, sin costo alguno para las partes, salvo que alguna requiera un abogado particular. Y afirmó que en la actualidad son “altos los costos” de la mediación ordinaria, debido a “los honorarios del letrado y del mediador intervinientes”.

A pesar del voto de cuatro opositores, el oficialismo logró imponer su número. Ahora resta ver qué postura adoptan los operadores judiciales, en caso de que la norma sea promulgada.

Cruces en el recinto

Pensiones.- La semana pasada el Gobierno nacional anunció que revisará los casos de las pensiones no contributivas por discapacidad que habían sido dadas de baja, en el marco de un supuesto plan de revisión de beneficiarios. Ayer el Poder Legislativo, con el rechazo de un sector de la oposición, aprobó dos proyectos de resolución que repudiaron la decisión inicial de la Casa Rosada. El debate, sin embargo, se prorrogó durante cerca de dos horas, en el período de manifestaciones generales.

Diferencia con la era “K”.- “Lo que está pasando es de gravedad extrema. Que haya tenido que salir el país entero a repudiar lo que se está haciendo contra los discapacitados demuestra que el Gobierno nacional no tiene sensibilidad social y observa la discapacidad sólo con una mirada de asistencialismo: si sobra dinero, va hacia ellos”, afirmó la legisladora Silvia Rojkés (PJ). Y aseguró que “nosotros (en alusión al kirchnerismo) siempre hemos visto a las personas con discapacidad como sujetos de derecho”.

“El límite”.- “Con la discapacidad no se puede joder. Hay muchos discapacitados en Argentina. A nivel nacional, las bajas llegan a 83.000. Me pregunto si otra vez estamos ante un error del Gobierno nacional. Soy papá de un hijo discapacitado. Me toca ir a reuniones, en donde comparto con muchas mamás que viven de esas pensiones. No sé sí llegan a solucionar la totalidad de sus problemas. Este es el límite”, planteó el oficialista Emiliano Vargas Aignasse.

“Es falso”.- “Es falso que el Estado nacional elimine las pensiones a personas con discapacidad. Se trabaja con el mismo criterio que el Gobierno anterior. De hecho, durante 2015 se dieron de baja 168.000 pensiones, contra 90.000 que se eliminaron en 2016. En cambio, de 2003 a 2015 los beneficiarios pasaron de 300.000 a 1,5 millón. Lo que se está revisando es el uso clientelar que el kirchnerismo hizo de las pensiones por discapacidad”, afirmó Alberto Colombres Garmendia (bloque PRO-Cambiemos).

“Desaciertos involuntarios”.- “El tema de la baja de las pensiones por discapacidad ya está ampliamente superado. No caben dudas de que el Gobierno nacional cometió errores al efectuar esta medida, y los errores fueron admitidos de inmediato. Fueron desaciertos involuntarios que se dieron al tratar de solucionar uno de los tantos desmanes que nos dejó el kirchnerismo en sus 12 años, que multiplicó por 10 las pensiones por invalidez, algo que sólo sucede cuando un país está en guerra. Se usaron los recursos del Estado para un clientelismo político que acaba con la cultura del trabajo”, afirmó Luis Brodersen (bloque PRO-A).

Preocupado.- “Celebro que los legisladores del PJ recuperen la capacidad crítica y la memoria”, afirmó el radical Fernando Valdez ante los cuestionamientos del oficialismo provincial hacia la Rosada. Y agregó: “me preocupa el rol de la UCR en el Gabinete Nacional. ¿José Cano (titular del Plan Belgrano) defiende los intereses de los tucumanos, interpela o dice que sí a todo?”.

Auditorías.- Legisladores del ApB se cruzaron en el recinto por los controles del Tribunal de Cuentas en nombre de la Sigen en los municipios. “No se puede ocultar información pública ni resistir auditorías, porque si no caemos en la presunción que dice que quien no rinde cuentas afana, roba”, dijo el radical Raúl Albarracín sobre la negativa del intendente Roberto Sánchez (UCR-Cambiemos) de someterse al informe del TC. Al instante, el peronista disidente Alfredo Toscano le replicó a Albarracín que, en ese caso, debería hacer la denuncia penal. “Los funcionarios públicos estamos por ley obligados a hacerlo”, afirmó Toscano, cuyo líder político, el intendente capitalino Germán Alfaro (ApB-Cambiemos) también rechazó la auditoría del TC por razones de jurisdicción.