El docente de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, Juan Marcos Rougés, efectuó la semana pasada en la fiscalía federal N°1, a cargo de Carlos Brito, una denuncia por presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, usurpación de título y honores, y persecución política (Ley N° 23.592).
El conflicto se inició el 26 de abril cuando el docente de Taller Jurídico II estaba en clase. Según lo que denunció en la justicia, al iniciar la clase se presentó la secretaria Académica, Cristina Grunauer, quien pidió presenciar el debate.
El docente contó que sometió a análisis diversos artículos periodísticos relacionados al derecho de acceso a la vivienda y los gastos sociales de la Legislatura tucumana. “Separé a los alumnos en grupos para realizar la actividad. En ese momento, la secretaría Académica interrumpió el Taller manifestando que los alumnos no debían guiarse por recortes periodísticos, pues estos no son fundados, sino por el contrario debían analizar únicamente la jurisprudencia y las leyes”, relató Rougés en su denuncia.
Según el docente, esta actitud de la funcionaria “buscaba que no se trate un tema de actualidad” y cercenaba la opinión de los alumnos. Y agregó: “Cabe destacar que cualquier opinión que los alumnos tuviesen provocaba automáticamente una intervención de la secretaria Académica, manifestando la necesidad del respeto del principio de inocencia de las personas involucradas en los informes periodísticos, sugiriendo al mismo tiempo que no se aprobaría a ningún alumno si esbozaba una opinión personal”. Según el profesor estas intervenciones “poco afortunadas de la secretaria” inhibieron a todo el alumnado y le generaron vergüenza ajena.
Luego de terminado el Taller - relató en el texto de la denuncia- y sin presencia de los alumnos, la secretaria le dijo que había una denuncia de un legislador de apellido Pérez (se trataría de Claudio Pérez, secretario administrativo de la Legislatura y ex tesorero), “a raíz de que su hija, integrante de uno de los grupos del taller, se encontraba sensibilizada ante la lectura de un recorte periodístico del diario LA GACETA”. Por esta razón, Grunauer le solicitó que hablara con la decana, Adela Seguí. “Le señalé (a la secretaria) que no veía inconveniente alguno de acudir a recortes periodísticos por más que refieran a nombres de personas que están siendo investigadas (a Pérez se lo investiga por presuntas irregularidades mientras fue tesorero).
Rougés, además, manifestó que hizo la denuncia ante Comisión de Enseñanza de la facultad y, posteriormente, envió una nota al Consejo Superior para que se tomara conocimiento. La nota fue presentada por la rectora, Alicia Bardón, dos sesiones atrás y ocasionó fricciones con la decana Seguí, quien le reclamó haber llevado el tema a que se debata en plena sesión. “Intervino en la deliberación a los efectos que mi denuncia vuelva a la Facultad y no sea debatido el tema en el seno del órgano deliberativo; configurando este accionar un acto de hostigamiento y persecución política hacia mi persona”.
Rougés, además, denunció que resultaba evidente que no había motivos para que la secretaria Académica irrumpiera en su clase. “Salvo, claro, que se considere como justificativo la queja de un legislador provincial”. Y agregó que al hacerlo por instrucciones de la decana, configuraba “violencia laboral y censura académica en violación a nuestro Estatuto y a las disposiciones de los artículos 22, 23, y 30 inc. a del Convenio Colectivo de Trabajo (docente)”.