La Corte y Jiménez dan un paso, y se reúnen, pero no logran un acuerdo oficial sobre la crisis

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán y Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal, se reunieron ayer por primera vez luego de que el segundo consignara en una resolución que Antonio Gandur, presidente del alto tribunal, intentaba entrometerse en un proceso penal radicado en la Fiscalía N°5 a cargo de Washington Navarro Dávila. Los vocales Gandur, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse se encontraron con el ministro público en la sala de acuerdos del Palacio de Justicia. El cónclave empezó al mediodía y se extendió durante 40 minutos, pero a continuación no hubo un pronunciamiento oficial acerca de la crisis que estalló este lunes, cuando Jiménez dio a conocer su resolución.

Hay al menos tres versiones distintas sobre lo ocurrido puertas adentro de la sala. Las fuentes consultadas sólo coincidieron en que nadie había hablado de renuncias y en que la iniciativa de dialogar había partido de la Corte. Un actor comentó que la idea del “encuentro de los seis” surgió el mismo lunes de los cuatro pares de Gandur. Otro mencionó que Estofán y Posse actuaron como promotores decisivos del acercamiento. Lo concreto es que Jiménez llegó este miércoles al Palacio de Justicia e ingresó en la vocalía de Posse, y que juntos se dirigieron a la Presidencia de la Corte. Después de la reunión con el ministro público, algunos vocales se quedaron hablando hasta las 13.30 aproximadamente.

Primera y segunda

Los relatos luego se bifurcan y difieren. Interlocutores del entorno de Jiménez dicen que se habló sobre la “problemática judicial” en general, sin mencionar casos concretos. Añaden que hubo una especie de consenso sobre que la crisis no era “una cuestión personal sino institucional”. Aparentemente Jiménez habría expresado que llevaba dos años diagnosticando las falencias del Poder Judicial y que no había tenido eco en la Corte. En función de ello, el ministro público habría pedido que se adoptaran decisiones hacia adelante.

Otra versión extraída del entorno del presidente de la Corte indica que sólo se tocaron los asuntos administrativos atinentes a la ley -judicializada- que a comienzos de este año dividió el Ministerio Público, y eliminó los controles que ejercía la Corte sobre el presupuesto y el personal de Jiménez. El tratamiento de esta agenda estaría ligada a la inminente necesidad de liquidar y pagar sueldos. En principio, a partir de hoy esa función estará a cargo de Jiménez respecto de sus empleados y funcionarios, y de los fiscales y defensores (el Ministerio Público Pupilar y de la Defensa aún no está organizado puesto que el gobernador Juan Manzur no nombró a su titular).

Tercera

Una última narración de los hechos originada en consultas con allegados a los demás vocales da cuenta de que se habría hablado en forma “madura”, sin tapujos ni reservas, sobre los temas en disputa. Y que la conclusión habría sido que ya no quedaba margen para seguir azuzando los enfrentamientos internos en la cúpula judicial puesto que existía una afectación seria a la imagen de la Justicia y un riesgo alto de intervención federal. Según esta lectura, se habría dejado en claro la necesidad de preservar la institucionalidad, y establecido una suerte de mecanismo de intermediación entre Jiménez y Gandur. Este último habría sido convocado a actuar de consuno con sus pares.

“Se quiso dar una señal de sensatez. La situación es seria y delicada porque lo hecho, hecho está”, redondeó una fuente.

Antecedentes recientes

Si bien los roces entre Jiménez, y la Corte de Gandur se remontan a abril de 2015 cuando el presidente primero y, luego, el alto tribunal en pleno, dispuso una auditoría sobre casos objetados (entre ellos “Teves” y “Rigourd”) del ex fiscal Guillermo Herrera -dimitió a posteriori de la fiscalización-, dos situaciones recientes recrudecieron las tensiones. El 17 de mayo, Gandur resolvió, a instancias de reclamos de las partes, encomendar a los Tribunales que evitaran más demoras respecto en una serie de causas penales de interés público y ligadas al poder, entre ellas, la de Roxana Teves. Esa imputada exige ir a juicio oral para probar su versión sobre la supuesta maniobra que logró despojarla de sus derechos sobre un patrimonio valuado en U$S 5,3 millones en 2010. Teves acusa a letrados y jueces liderados por Jiménez, entre ellos a sus hijos Edmundo Javier Jiménez y Ana Lucía Jiménez.

El 29 de mayo, el ministro público dio a conocer una resolución que acusaba a Gandur de entorpercer -con recusaciones contra Navarro Dávila y escritos de defensa- la investigación de la denuncia que involucra a su hijo, el camarista Sergio Gandur. Esta causa penal iniciada en febrero de 2017 está relacionada con el trámite en el fuero en lo contencioso administrativo de una medida cautelar sobre la línea de transporte público capitalino N°11. El empresario denunciante Jorge Mihelj también impugnó a dos pares de Gandur (h), Horacio Castellanos y Salvador Ruiz, y sostuvo que el primero habría traficado influencias gracias a los turnos de la feria de enero aprobados por la Corte. Por este asunto ya fue denunciado el fiscal Navarro Dávila y prestó declaración testimonial Sofía Gandur, nieta del jefe del alto tribunal e hija del camarista, quien tendría una relación profesional con la empresa de Oscar Alonso que retuvo la Línea 11.

El Colegio de Abogados decide esperar a ver qué sucede

El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de la Capital avaló la posición personal de su presidente, Marcelo Billone, respecto de la crisis que aqueja al Poder Judicial de Tucumán y decidió esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, según informó el titular de la entidad.

Billone explicó que tales posiciones fueron adoptadas en la sesión de ayer, luego de que expusiera su parecer. El martes, el presidente del Colegio había opinado por su cuenta que la sociedad demandaba gestos de grandeza y que las dos autoridades involucradas (el presidente de la Corte, Antonio Gandur, y el ministro público Edmundo Jiménez) debían dar un paso al costado. El Consejo Directivo también resolvió pedir un dictamen sobre el caso de Facundo Maggio, el aspirante a juez que trabajó como defensor de represores y que fue vetado a último momento por el gobernador Juan Manzur.