Los legisladores debatirán sobre los $ 50 millones para inundados

Las inundaciones que hace dos meses destrozaron varias localidades del sur tucumano seguirán generando debates en la Legislatura.

Los jefes de los bloques políticos y las autoridades de la Legislatura comenzarán a delinear mañana el temario de la próxima sesión, prevista para el jueves de la semana que viene. Y uno de los asuntos que tendría tratamiento asegurado es el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el gobernador, Juan Luis Manzur, referido a los $ 50 millones que envió la Casa Rosada a través de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) para obras de refacción en los departamentos de Alberdi, Graneros, La Cocha y Simoca, donde rige el estado de emergencia hídrica y comunitaria.

Según fuentes del cuerpo colegiado, el DNU N° 4/1, que ingresó el martes a mesa de entradas de la Legislatura, contempla la creación de una comisión especial, cuya misión sería coordinar la ejecución de obras y la adquisición de bienes y servicios para paliar la crisis en los poblados del sur tucumano.

Esto promete generar polémica entre los representantes del pueblo, que ya dispusieron la conformación de un comité interdisciplinario con un objetivo similar.

Además, se trata de los primeros $ 50 millones que recibe la Provincia de la Nación para afrontar las obras de reparación. Según los informes presentados por el Gobierno provincial a la Casa Rosada, se necesitan más de $ 1.300 millones para completar esa ardua tarea. Pero funcionarios nacionales advirtieron que no girarán más recursos de libre disponibilidad, como los ATN, sino que solventarán los proyectos de obras girados por las autoridades provinciales. Los técnicos tucumanos ya elevaron esos informes; mientras tanto, se debe definir la distribución de los $ 50 millones en Alberdi, Graneros, La Cocha y Simoca. En principio, serán destinados a la reparación de los caminos de la red terciaria, estratégicos para las producciones regionales.

Mientras el DNU de Manzur tiene tratamiento prácticamente garantizado, los legisladores aguardan que también se debatan sus proyectos sobre las crecidas.

El radical Luis González, junto a otros representantes de la oposición, elevó una iniciativa con el objetivo de que el Poder Ejecutivo “brinde informes referentes a la acción llevada a cabo durante las inundaciones” registradas en La Madrid”, como los relevamientos referidos a las viviendas dañadas, el detalle de los beneficiarios de los subsidios y de los créditos blandos y los plazos previstos para asistir a quienes aún no recibieron esos recursos. “Fundamenta esta solicitud el testimonio de distintos vecinos que me manifestaron su malestar e indignación por el trato politizado que se les dio, y por la lenta y burocrática tramitación de créditos y de los subsidios ofrecidos”, indicó el ex intendente de Simoca.

Además, el legislador oficialista Luis Morghenstein, presidente de la comisión de Obras Públicas, propuso junto a varios de sus pares una resolución a fin de que la Provincia suscriba “los convenios necesarios” con la UNT y la UTN para estudiar las consecuencias de los cambios climáticos y elaborar un plan “que comprenda estudios, la elaboración de proyectos y la ejecución de obras” que permitan “reducir la frecuencia y la extensión de las inundaciones”. “El tremendo impacto negativo de las crecidas se debe a que las aguas de lluvia extraordinarias generan caudales que sobrepasan la capacidad de los cauces naturales”, indicó Morghenstein en los fundamentos. Y detalló: “cuando el caudal producido por las lluvias supera la capacidad de los conductos principales y también la de los secundarios que le aportan a aquellos, las aguas solo pueden escurrir por las calles; y en los últimos años la altura y velocidad de la escorrentía alcanzan valores muy altos”. Según el titular de la comisión de Obras Públicas de la Legislatura, el panorama es desalentador: “la crisis hídrica por la que atraviesa nuestra provincia ocasiona y seguirá ocasionando graves perjuicios a los tucumanos”. Por ello, el ex intendente de Las Talitas consideró que “resulta urgente encarar de manera definitiva políticas públicas referidas a la problemática, tomando las medidas necesarias a corto, mediano y largo plazo que permitan prevenir y evitar las grandes pérdidas ocasionadas por las inundaciones”.