Diputada del PRO lleva el caso del 2x1 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

BUENOS AIRES.- La diputada del Pro Anabella Ruth Hers Cabral pidió hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordene al Estado Argentino "que se abstenga de aplicar" el fallo de la Corte Suprema que decidió aplicar la derogada ley del 2X1 a pedido de la defensa del genocida Luis Muiña.

Tras hacer un detallado relato de cómo llegó la causa Muiña a la Corte Suprema, la diputada pidió que se dilucide si es "convencionalmente válido modificar la duración de la pena dictada a una persona autora de delitos de lesa humanidad y si dicho principio se aplica con la misma intensidad o alcance sin diferenciar entre delitos de lesa humanidad y delitos comunes, o bien adquiere una intensidad o alcance distinto se trate de uno u otro delito".

En ese sentido, la señaló que "la denuncia no tiene por objeto que se revise la sentencia del Alto Tribunal argentino, sino, por el contrario, que verifique si la conducta seguida por las diferentes instancias judiciales (la Corte Suprema de Justicia de la Nación incluida) implica una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

En la denuncia, Hers Cabral solicitó una media cautelar mediante la cual se ordene "al Estado argentino que se abstenga de aplicar la ley 24.390 para el cómputo de la detención y de la pena que deben cumplir los condenados por la comisión de delitos de lesa humanidad". Además, pidió que "de forma urgente convoque al Estado argentino a una audiencia conciliatoria a efectos de arribar a una solución amistosa", informó la agencia Télam. 

En la denuncia, la diputada oficialista ratificó que "se tenga por presentada en legal forma y debido tiempo la presente denuncia contra el Estado argentino"; "se haga lugar a la medida cautelar peticionada"; "se admita la denuncia y se ordene el pertinente trámite", y "se haga lugar a la denuncia promovida".

Recordó que la Corte Suprema aplica la ley del 2x1 en el caso Muiña aunque el hecho juzgado fue cometido con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma (B.O. 22/11/94) y el encarcelamiento y la condena tuvieron lugar con posterioridad a que el art. 7º fuera derogado y sustituido por la ley 25.430 (B.O. 1/06/2001).