La Cámara de Diputados debate sobre tablas de un proyecto de ley para bloquear cualquier posibilidad de reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, con lo que busca dar respuesta a la interpretación que hizo la Corte Suprema al aplicar el 2x1 a favor del represor Luis Muiña.
La Cámara de Diputados aprobó esta tarde con el voto de los dos tercios de los legisladores presentes en el recinto un apartamiento del reglamento para tratar proyectos que se expresan en contra de la aplicación de la ley del 2x1 que admitió la Corte Suprema de Justicia para casos de condenados por delitos de lesa humanidad.
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Bloques de la oposición y el diputado de Cambiemos, Daniel Lipovetzky, presentaron proyectos de ley para evitar que el 2x1 sea aplicado a condenados por delitos de lesa humanidad. En el caso del FPV-PJ, también buscan promover el juicio político a los jueces de la Corte Suprema que avalaron la aplicación del beneficio a responsables de ese tipo de crimen.
El pedido de juicio político por "mal desempeño de sus funciones" contra Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz fue firmado por Juan Cabandié, hijo de desaparecidos y nieto recuperado.
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El segundo proyecto, cuyas firmas encabeza el jefe del bloque, Héctor Recalde, procura una ley aclaratoria para interpretar la aplicación de la Ley 24.390 de modo de establecer que en los casos de delitos de lesa humanidad no rige el principio de ley penal más benigna.
"Consideramos que lo resuelto por la mayoría de la Corte es una decisión política que va en línea con las políticas del Gobierno de Mauricio Macri de negación del genocidio", dice en los fundamentos.
En tanto, Lipovetzky (PRO- Cambiemos) junto a la diputada del bloque Anabella Hers presentó un proyecto para anular la aplicación del 2x1 a procesos judiciales y condenas por crímenes de lesa humanidad en respuesta al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró aplicable el beneficio para el caso del civil Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad.
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La iniciativa del diputado del oficialismo limita la aplicación del beneficio de la derogada Ley 24.390 sólo a los casos en los que el procesado haya cumplido efectivamente en detención una porción del proceso durante la vigencia de la noma.
A su vez, el bloque Peronismo para la Victoria presentó un proyecto elaborado junto a Abuelas de Plaza de Mayo en el que se ratifica que "no es aplicable" el artículo 7 de la ley 24.390 a "conductas delictivas que hayan implicado graves violaciones de los Derechos Humanos o encuadren en la categoría de los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional".
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En un segundo artículo la iniciativa aclara: "la disposiciones sobre prisión preventiva que surgen de la ley 24.390 son aplicables exclusivamente a casos en los que la detención preventiva ocurra o hubiera ocurrido durante la vigencia de dicha ley".
Por otra parte, el Bloque Justicialista, a través de Pablo Kosiner, presentó ante el máximo tribunal un recurso de nulidad "absoluta e insanable para cualquier acto que conceda libertades prematuras a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad".
Kosiner pide así a la propia Corte Suprema que declare inválido lo resuelto en el fallo Muiña.