El Gobierno nacional aclaró que cuestiona el beneficio del 2x1 en casos de delitos de lesa humanidad

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, consideró hoy que "es un error confundir" el fallo de la Corte Suprema que admitió la aplicación del beneficio del 2x1 en casos de delitos de lesa humanidad "como una decisión del gobierno", al rechazar acusaciones de injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial.

"Lo primero que planteamos fue el respeto a la independencia de los poderes", remarcó a la radio Mitre.

Avruj dijo también que el Gobierno "cuestiona la aplicación del 2x1: es un convencimiento inequívoco, esto no tiene nada que ver con el compromiso inquebrantable por la lucha contra la impunidad."

Se pronunció a favor de "seguir manteniendo nuestros estándares de derechos humanos lo más alto posible para que nunca más en Argentina la impunidad, el miedo y el odio se adueñen de nuestra sociedad?.

"Compartir las calles con personas que cometieron delitos atroces contra la humanidad sería algo negativo", insistió, al tiempo que destacó que "este gobierno tiene una decisión política tomada de continuación de las políticas de memoria, verdad y justicia."

El fallo dictado el miércoles pasado por mayoría de los jueces de la Corte Suprema benefició con el cómputo de 2x1 a Luis Muiña, de 61 años, quien había sido condenado en 2013 a 13 años de prisión por ser "coautor del delito de privación ilegal de la libertad" e "imposición de tormentos" en cinco casos.

La decisión de la mayoría constituida por los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sostuvo que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo al caso de Muiña y se aplica "siempre" a todos los delitos, sin distinción alguna, interpretación que fue rechazada por Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, los otros dos miembros de la Corte.

Así, se declaró aplicable la kley 24.390 (conocida como 2x1), que estuvo vigente desde 1994 hasta 2001, cuando fue derogada, y que computa dos años por cada uno efectivamente preso a partir de los dos años de prisión preventiva.

El fallo de la Corte Suprema recibió el unánime rechazo de organismos defensores de los derechos humanos, de miembros del gobierno de Mauricio Macri, dirigentes políticos y fiscales, aunque algunos acusaron al Ejecutivo de haber promovido la decisión de los jueces supremos. (Télam)