El primer rebote en Tucumán del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de aplicar la ley 24.390 (conocida como 2x1, hoy derogada) llegó ayer al Tribunal Oral Federal que preside Gabriel Casas, a través del pedido que hizo el abogado Facundo Maggio en favor de Carlos Eduardo Trucco, a quien defendía hasta hoy. Maggio aclaró que hoy dejó de ser abogado defensor de Trucco porque pugna por convertirse en juez Penal de Instrucción.
El secretario del TOF, Mariano García Zavalía confirmó, esta mañana que recibieron ayer el pedido del defensor Maggio, para que se compute el doble de tiempo por cada año que Trucco estuvo con prisión preventiva. Fue condenado en diciembre de 2013 a 14 años por los delitos de asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, tormentos agravados, torturas seguidas de muerte y homicidio, en el juicio conocido como Megacausa Arsenales II - Jefatura II.
Los jueces consideraron acreditado que tuvo durante el terrorismo de Estado un puesto de jerarquía intermedia desde el que impartió órdenes en centros clandestinos del sur de la provincia.
Según informó Pablo Gargiulo, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el tribunal le dio 24 horas -a partir del lunes- a las partes para que evalúen su respuesta y respondan a la presentación.
"Sabemos que hay un pedido anterior al tribunal para que se aplique el 2x1, que fue rechazado por el tribunal. Ahora hay que determinar si ese pedido está en Casación, para poder analizar los pasos a seguir", dijo el abogado.
Actualmente, Trucco cumple prisión domiciliaria, como todos los condenados por crímenes de lesa humanidad en Tucumán.
El fallo de la Corte, votado por por los ministros Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, declara aplicable para el caso de Luis Muiña (condenado por el secuestro de trabajadores del Hospital Posadas), la ley 24.390, que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna. En disidencia votaron Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda.
El defensor que presentó el pedido de reducción de la pena es abogado del Arzobispado y está propuesto por el gobernador Juan Manzur como juez Penal de Instrucción. La decisión sobre si llegará o no a asumir ese cargo está en manos de la Legislatura. La Comisión de Peticiones y Acuerdos debe entrevistarlo (en recinto cerrado) y dar dictamen. En caso se ser positivo, el pedido de designación pasaría a ser presentado en sesión Legislativa para ser aprobado o denegado.