Ataques en los hospitales: “no queremos más violencia en la salud”

El problema no es nuevo, pero una serie de incidentes que se produjeron en los últimos días volvió a visibilizarlo. Tras conocerse los episodios de violencia que sufrieron dos médicos la semana pasada, se convocó a una reunión en la Legislatura con el fin de analizar dos proyectos que apuntan a prevenir y sancionar las agresiones hacia los trabajadores de la salud.

El debate duró casi dos horas, ayer a la mañana. Hubo representantes de las comisiones de Salud y Seguridad de la Legislatura, del Colegio Médico de Tucumán y de la Asociación Clínicas y Sanatorios. También estuvieron la ministra del área, Rossana Chahla, y la decana de la Facultad de Derecho de la UNT, Adela Seguí.

En el encuentro se explicó en qué consisten ambas propuestas: una había sido presentada por los legisladores José María Canelada y Adela Estofán de Terraf (bloque UCR) el 15 de febrero, y la otra, que lleva la firma del parlamentario Renée Ramírez (bloque Tucumán Crece), una semana después. La primera plantea un régimen especial contra la violencia no sólo en el ámbito de la salud sino también en las instituciones educativas. Al igual que la de Ramírez, propone que se considere contravención cualquier agresión física o verbal hacia el personal y que esas conductas sean sancionadas con multas o arrestos.

“Estamos preocupados por la inseguridad que sufren los trabajadores de la salud; por eso hemos pedido esta reunión para que entre todos podamos unificar ambos proyectos y elaborar una propuesta abarcativa que les dé respuesta y tranquilidad”, explicó Ramírez.

Canelada, por su parte, sostuvo: “hemos insistido mucho frente a nuestros pares en que las medidas para frenar la violencia incluyan no sólo a trabajadores de la salud, sino también a quienes se desempeñan en el ámbito de la educación. La iniciativa del oficialismo, en cambio, sólo se preocupa por el sector sanitario. Durante varios meses nos hemos reunido con representantes de la salud y la educación, escuchamos durante sus miedos e inquietudes, y consideramos que ambos son grupos vulnerables que necesitan de nuestra rápida asistencia y de nuestra reacción, antes de que sufran nuevos hechos violentos”.

Situaciones distintas

“Estamos trabajando muy bien desde hace bastante tiempo pero es importante que exista una buena ley para que haya trabajadores protegidos porque no queremos más violencia en la salud; este es un sector muy vulnerable porque trabaja las 24 horas; y el médico lo hace bajo mucho estrés ya que tiene que tomar decisiones inmediatas y dar respuestas”, planteó la ministra Chahla. Además remarcó que la mayoría de las situaciones violentas se producen en consultorios internos y no en las emergencias, como se cree. “Hay que apuntar a la prevención y evitar que estos problemas sucedan”, alertó.

Respecto a las medidas implementadas anteriormente, cuando ya se habían producido otras situaciones de esta naturaleza en algunos CAPS y hospitales, Chahla aclaró: “cada lugar y cada situación son particulares; se activaron todos los protocolos y ninguna situación llegó a mayores. Ningún protocolo es infalible, por eso tenemos que tomar medidas generales y algunas especiales que se van a aplicar en cada lugar”.

Por su parte, el coordinador de Seguridad del Siprosa, Federico Jordán, remarcó que apuntan a una cultura no violenta. “No se quiere cercenar ningún tipo de derecho: nuestro sistema de salud tiene una atención abierta y las 24 horas del día, pero hay deberes y derechos que deben cumplir los pacientes, sus familiares y nuestros profesionales, que necesitan trabajar seguros. La violencia está afectando al sistema público y al privado”, advirtió.

Tanto el Colegio Médico como Clínicas y Sanatorios tienen plazo hasta la semana que viene para presentar sus aportes y sugerencias en la Legislatura, para así avanzar en la unificación del proyecto. El secretario general del Colegio Médico, Héctor Sale, comentó que les pidieron celeridad a los legisladores en el tratamiento de este tema.

Las propuestas

Doble protección.- En términos generales, ambos proyectos tienen similitudes: los dos pretenden que las agresiones hacia los trabajadores del sector sean consideradas contravenciones y, como tal, reciban una sanción. En los dos casos se entienden como agresiones no sólo la violencia física sino también insultos, hostigamiento, amenazas, intimidación, maltrato, acoso, discriminación y desvalorización de la tarea realizada. La principal diferencia es que la propuesta de los radicales Canelada y Estofán se refiere también a las instituciones educativas.

Sanciones.- Entre las penas propuestas, que se aplicarían según el daño que se haya ocasionado, figuran: arrestos de entre cinco y 60 días; multas económicas que llegan a superar los $ 70.000; desempeño de trabajos comunitarios que beneficien al lugar donde se cometió la contravención; tratamiento psicológico; asistencia a jornadas contra la violencia y reparación del daño.

Vuelve el beneficio.- El proyecto elaborado por Ramírez (“Tucumán Crece”) propone que las multas que abonen los contraventores ingresen a una cuenta especial del Ministerio de Salud Pública y que esos fondos sean luego utilizados para optimizar las prestaciones de salud y, de esa manera, exista un beneficio para la población.

Reincidencia.- Ese proyecto también contempla la reincidencia. “Cuando el que fue arrestado por la contravención por violencia en el Sistema de Salud cometiere la misma falta dentro del término de un año contado a partir de la fecha de la sanción”, la cantidad de días de arresto y el monto de la multa económica a pagar se elevan.

Clínicas y sanatorios exigen respuestas también en la Justicia

Luego de la reunión que mantuvieron en la Legislatura, la cúpula de Clínicas y Sanatorios caminó 200 metros hasta Tribunales para reunirse con el ministro fiscal, Edmundo Jiménez. Allí plantearon la preocupación que tienen desde la paliza que recibió el médico de guardia Federico Dürig de parte de familiares de un paciente fallecido, el domingo a la mañana en el Sanatorio del Norte. De la Justicia se fueron con la promesa de un trabajo en conjunto con las fiscalías para prevenir estas agresiones.

“Además de relatar algunos hechos de violencia hacia médicos y otros empleados, nos explicaron que en algunos episodios no tuvieron respuestas de la seguridad que tienen contratada. Ante esto, quedamos de acuerdo en que ellos tienen las puertas abiertas del Ministerio y de todas las fiscalías, ante cualquier situación y a cualquier hora, para que nos tengan informados de lo que está pasando. Es importante para nosotros tener una vía de comunicación rápida”, sintetizó Jiménez.

La preocupación de la asociación es tal que a la reunión asistieron las más altas autoridades de la comisión directiva: el presidente, Eduardo Vega Olguín (Sanatorio Rivadavia); el vicepresidente Juan Simón Gómez Gorostiaga (Sanatorio Regional); el secretario Fernando Nougués (Sanatorio del Norte); el tesorero Domingo Gallardo (Sanatorio Modelo); y el gerente general de la comisión revisora de cuentas, Bernardo Silberstein. Según contó Jiménez, gran parte de la charla giró en torno a la función que tiene cada uno de los organismos que integran el universo de la seguridad. “Conversamos mucho sobre esta situación. Ellos saben que cada institución debe cumplir con lo suyo; la Policía con la prevención, nosotros con la parte acusatoria, los jueces como sentenciantes y la Legislatura como quien provee las normas. En la medida en que todos demos respuestas, estas situaciones se van a poder evitar”, dijo.

Leer las reacciones

Desde el Colegio Médico y el gremio de Sitas habían ligado estas situaciones a la violencia que se vive en la sociedad, y la ministra de Salud, Rossana Chahla, cuando se enteró de lo que le había ocurrido a Dürig, dio a entender que las agresiones podían estar más ligadas a la falta de educación que a situaciones netamente de seguridad.

Jiménez, desde su lugar, planteó que hay que ir un paso más allá para terminar de entenderlo. “Estos son síntomas que ponen de manifiesto otras falencias de la sociedad. Creo que la educación es un manto que puede cubrir todo, pero creo que no es la causa de todo, en estas situaciones hay factores más influyentes”, argumentó. “Tienen que ver con la falta de respuestas a la gente por parte de todos los organismos del Estado. La sociedad se expresa a través de síntomas, manifestaciones, reclamos, impaciencias. Tenemos que leer estas cosas, no solamente como hechos reprochables, sino también buscando saber a qué responden, cuáles son los orígenes. La sociedad no se comporta así por que sí”, advirtió.

EL CONTRAVENTOR TENDRÁ ACCESO A LA JUSTICIA

“Se procederá a comunicar inmediatamente al juez de instrucción de la situación procesal de los contraventores, siendo además imprescindible la intervención de un defensor o letrado particular en cada uno de los supuestos a los fines de garantizar el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”, aclara el proyecto de Canelada y Estofán. “La Policía deberá comunicar de inmediato a la aprehensión del contraventor lo actuado a los fines de aplicar las disposiciones legales vigentes  y debido derecho de defensa, al fiscal de turno”, concluye también la propuesta de Ramírez.