19 Abril 2017
BUENOS AIRES.- La versión generó preocupación y malestar entre los gobernadores. Por eso, ayer el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, el tucumano Domingo Amaya, aclaró que no existen planes de “saltear a las provincias” en la ejecución de los planes habitacionales. El funcionario sí advirtió que se profundizarán los controles para que los recursos para viviendas tengan ese destino, y no vayan a pagos discrecionales.
“Eso no se hará”, afirmó Amaya ayer, al ser consultado sobre el presunto giro de la Casa Rosada con respecto a la forma de ejecutar las obras habitacionales. Agregó: “somos un país federal y respetamos a las provincias. Hoy por hoy tenemos en ejecución 70.000 viviendas, no sólo a través de provincias sino con municipios”.
Amaya reiteró la postura oficial de incrementar los controles, para que el dinero “no se use para pagar la luz u otros gastos ordinarios como ha pasado”.
En ese sentido, dijo que en el Ministerio del Interior están a favor de que se derogue la Ley Nacional de Fonavi (Fondo Nacional de Vivienda), que data de 2001 y que permite a las provincias redireccionar discrecionalmente los recursos de ese programa. “La situación del país es distinta hoy (a cuando fue aprobada esa norma)”, indicó Amaya. Pero aclaró que ese tema “es materia de decisión del Congreso”.
“Desde la Nación sí les pedimos a las provincias que armen una cuenta especial para que se ejecute lo más rápido posible los fondos que enviamos para viviendas y hábitat, para que no vaya a una cuenta común. También requerimos que para esos proyectos no se vendan más los pliegos sino que se publique todo en la web y en forma gratuita, para evitar la cartelización y que las empresas se pongan de acuerdo con los precios. Otro pedido es que los futuros beneficiarios de las viviendas sean controlados a través del Sintys (sistema de identificación tributaria y social de Anses)”, explicó. El dirigente peronista agregó que los Institutos de Vivienda de cada distrito “deben abrir una cuenta y la Nación controlará el destino de esos fondos”. (Télam-Especial)
“Eso no se hará”, afirmó Amaya ayer, al ser consultado sobre el presunto giro de la Casa Rosada con respecto a la forma de ejecutar las obras habitacionales. Agregó: “somos un país federal y respetamos a las provincias. Hoy por hoy tenemos en ejecución 70.000 viviendas, no sólo a través de provincias sino con municipios”.
Amaya reiteró la postura oficial de incrementar los controles, para que el dinero “no se use para pagar la luz u otros gastos ordinarios como ha pasado”.
En ese sentido, dijo que en el Ministerio del Interior están a favor de que se derogue la Ley Nacional de Fonavi (Fondo Nacional de Vivienda), que data de 2001 y que permite a las provincias redireccionar discrecionalmente los recursos de ese programa. “La situación del país es distinta hoy (a cuando fue aprobada esa norma)”, indicó Amaya. Pero aclaró que ese tema “es materia de decisión del Congreso”.
“Desde la Nación sí les pedimos a las provincias que armen una cuenta especial para que se ejecute lo más rápido posible los fondos que enviamos para viviendas y hábitat, para que no vaya a una cuenta común. También requerimos que para esos proyectos no se vendan más los pliegos sino que se publique todo en la web y en forma gratuita, para evitar la cartelización y que las empresas se pongan de acuerdo con los precios. Otro pedido es que los futuros beneficiarios de las viviendas sean controlados a través del Sintys (sistema de identificación tributaria y social de Anses)”, explicó. El dirigente peronista agregó que los Institutos de Vivienda de cada distrito “deben abrir una cuenta y la Nación controlará el destino de esos fondos”. (Télam-Especial)
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