Por Gustavo Rodríguez
18 Abril 2017
Ornella Dottori tenía apenas 16 años y toda una vida por delante. Estaba a meses de cumplir uno de sus sueños: ser mamá. Sin embargo, una bestia la asesinó con sus manos en un descampado de Alberdi, al sur de la provincia. Los tucumanos salieron a reclamar justicia ante un nuevo femicidio. Pero detrás de este crimen hay otra historia que sólo los ciegos no quieren reconocer; la misma que se repite en muchísimos hogares de estas tierras.
La joven, según consta en el expediente, tenía problemas de adicción y el Estado, al no tener un centro de recuperación para mujeres, la terminó condenando a muerte. La hizo mucho más vulnerable que otras chicas de su edad. Ornella se escapó del Hospicio del Carmen, un lugar que no está preparado ni cuenta con los recursos necesarios para realizar tareas de contención, en febrero. No se trata de victimizarla, sino de mostrar un problema que muy pocos ven.
En la zona del parque 9 de Julio y en el camino que va al aeropuerto hay adolescentes -de la misma edad que Ornella y hasta más chicas- que venden su cuerpo para poder comprar más “paco”. Los transas también las explotan sexualmente para que paguen sus deudas. Ellas no sólo tienen grandes posibilidades de ser víctimas de un abusador, sino también de los hombres que les vendieron pequeñas dosis de muerte disfrazada en envoltorios de papel glacé. Estas adolescentes también son víctimas del Estado que sigue sin contar con un lugar para recuperar adictas.
Otro cachetazo
En Tribunales, los fiscales están espantados. Se quintuplicaron las denuncias de padres contra sus hijos adictos. En las fiscalías se reciben hasta cinco casos por día. Son adultos que llaman a la Policía para que detengan a jóvenes de entre 17 y 40 años por agresión o por robo. A los uniformados les explican que los problemas se originan cuando no les quieren dar dinero para comprar más drogas. También cuentan que llegan a esta situación después de haberles robado casi todas las cosas de valor que había en la casa. Si a esos números se les agrega que el 85% de los procesados reconocen tener problemas de adicciones, el panorama es mucho más desalentador.
Fuentes del servicio 911 confirmaron que las intervenciones por casos de violencia doméstica ocupan el segundo lugar del trabajo que realizan, detrás de los robos. De ese guarismo, casi la mitad son por peleas en el seno familiar en las que un consumidor de drogas es el detonante. “Los muchachos tuvieron que aprender a trabajar. El secreto está en contener a los padres que no saben qué hacer con su hijo adicto. El último recurso es detenerlo porque después habrá más problemas”, indicó un comisario de esa dependencia.
Son menos los casos, pero existen. También se incrementaron los pedidos de familiares en el fuero penal para que sus hijos, con orden judicial, sean recibidos en centros de otras provincias. Detrás de este problema hay dos lecturas. Los padres recurren al fuero penal porque consiguen respuestas más rápido que en el fuero civil, donde los juzgados de Familia están tapados de expedientes. Sólo pueden acceder a esta alternativa los que tienen recursos para afrontar un tratamiento costoso. Los otros están condenados a ser sometidos a una desintoxicación -no dura más de una semana- y a posteriores cuidados ambulatorios, es decir, ingresan a la mañana a un centro de salud y por la tarde vuelven a sus barrios de origen, donde es más fácil comprar droga que tortilla. Eso y nada es lo mismo.
Indiferencia
El gobierno de Juan Manzur, como lo hizo el de José Alperovich, muestra con orgullo el centro de Las Moritas, el mismo que posee capacidad para 20 internos como mucho y que no tiene lugar para mujeres. Al igual que Cristina de Kirchner, Mauricio Macri todavía no puede explicar por qué no se termina de construir el centro de La Costanera con fondos nacionales.
Hace poco menos de dos años, la seccional 1ª se transformó en un modelo. La Secretaría de Seguridad, junto al Ministerio de Desarrollo Social, habían acordado que en ese lugar se atendería y orientaría a las personas que sufrieran este problema sin judicializarlo. El sistema, esencia del Plan Integral de Seguridad, fue un éxito. Pero murió ahí, no se hicieron otros centros similares en el interior de la provincia.
En la Legislatura también quedó plasmada la indiferencia ante este problema. La Comisión de Seguimiento por la Ley de Emergencia de Seguridad casi no tocó este tema. Sí sugirieron que se cree un 0800 para que los tucumanos, por teléfono y de manera anónima, denuncien los lugares donde se vendan drogas, sistema que ya está funcionando en la provincia. Convocaron a los especialistas de la policía de Los Ángeles, Estados Unidos, para que contaran su experiencia para capacitar a la fuerza. Esa sería una excelente oportunidad para preguntarles qué hacen con los adictos en esa ciudad, también considerada como un ejemplo a nivel mundial en la lucha contra las adicciones.
La joven, según consta en el expediente, tenía problemas de adicción y el Estado, al no tener un centro de recuperación para mujeres, la terminó condenando a muerte. La hizo mucho más vulnerable que otras chicas de su edad. Ornella se escapó del Hospicio del Carmen, un lugar que no está preparado ni cuenta con los recursos necesarios para realizar tareas de contención, en febrero. No se trata de victimizarla, sino de mostrar un problema que muy pocos ven.
En la zona del parque 9 de Julio y en el camino que va al aeropuerto hay adolescentes -de la misma edad que Ornella y hasta más chicas- que venden su cuerpo para poder comprar más “paco”. Los transas también las explotan sexualmente para que paguen sus deudas. Ellas no sólo tienen grandes posibilidades de ser víctimas de un abusador, sino también de los hombres que les vendieron pequeñas dosis de muerte disfrazada en envoltorios de papel glacé. Estas adolescentes también son víctimas del Estado que sigue sin contar con un lugar para recuperar adictas.
Otro cachetazo
En Tribunales, los fiscales están espantados. Se quintuplicaron las denuncias de padres contra sus hijos adictos. En las fiscalías se reciben hasta cinco casos por día. Son adultos que llaman a la Policía para que detengan a jóvenes de entre 17 y 40 años por agresión o por robo. A los uniformados les explican que los problemas se originan cuando no les quieren dar dinero para comprar más drogas. También cuentan que llegan a esta situación después de haberles robado casi todas las cosas de valor que había en la casa. Si a esos números se les agrega que el 85% de los procesados reconocen tener problemas de adicciones, el panorama es mucho más desalentador.
Fuentes del servicio 911 confirmaron que las intervenciones por casos de violencia doméstica ocupan el segundo lugar del trabajo que realizan, detrás de los robos. De ese guarismo, casi la mitad son por peleas en el seno familiar en las que un consumidor de drogas es el detonante. “Los muchachos tuvieron que aprender a trabajar. El secreto está en contener a los padres que no saben qué hacer con su hijo adicto. El último recurso es detenerlo porque después habrá más problemas”, indicó un comisario de esa dependencia.
Son menos los casos, pero existen. También se incrementaron los pedidos de familiares en el fuero penal para que sus hijos, con orden judicial, sean recibidos en centros de otras provincias. Detrás de este problema hay dos lecturas. Los padres recurren al fuero penal porque consiguen respuestas más rápido que en el fuero civil, donde los juzgados de Familia están tapados de expedientes. Sólo pueden acceder a esta alternativa los que tienen recursos para afrontar un tratamiento costoso. Los otros están condenados a ser sometidos a una desintoxicación -no dura más de una semana- y a posteriores cuidados ambulatorios, es decir, ingresan a la mañana a un centro de salud y por la tarde vuelven a sus barrios de origen, donde es más fácil comprar droga que tortilla. Eso y nada es lo mismo.
Indiferencia
El gobierno de Juan Manzur, como lo hizo el de José Alperovich, muestra con orgullo el centro de Las Moritas, el mismo que posee capacidad para 20 internos como mucho y que no tiene lugar para mujeres. Al igual que Cristina de Kirchner, Mauricio Macri todavía no puede explicar por qué no se termina de construir el centro de La Costanera con fondos nacionales.
Hace poco menos de dos años, la seccional 1ª se transformó en un modelo. La Secretaría de Seguridad, junto al Ministerio de Desarrollo Social, habían acordado que en ese lugar se atendería y orientaría a las personas que sufrieran este problema sin judicializarlo. El sistema, esencia del Plan Integral de Seguridad, fue un éxito. Pero murió ahí, no se hicieron otros centros similares en el interior de la provincia.
En la Legislatura también quedó plasmada la indiferencia ante este problema. La Comisión de Seguimiento por la Ley de Emergencia de Seguridad casi no tocó este tema. Sí sugirieron que se cree un 0800 para que los tucumanos, por teléfono y de manera anónima, denuncien los lugares donde se vendan drogas, sistema que ya está funcionando en la provincia. Convocaron a los especialistas de la policía de Los Ángeles, Estados Unidos, para que contaran su experiencia para capacitar a la fuerza. Esa sería una excelente oportunidad para preguntarles qué hacen con los adictos en esa ciudad, también considerada como un ejemplo a nivel mundial en la lucha contra las adicciones.
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