09 Abril 2017
EL PRESIDENTE. Antonio Gandur.
Las aguas que agitan al Poder Judicial están lejos de calmarse. O, mejor dicho, no se sosegaron con la solución de “re-reformar” la ley que dividió al Ministerio Público, y emancipó a los órganos resultantes de los controles que ejercía la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sobre el manejo del presupuesto y del personal. Por lo pronto, el alto tribunal resolvió ignorar al menos 22 designaciones discrecionales e interinas que el ministro público fiscal Edmundo Jiménez concretó en marzo, con base en una norma que los vocales declararon “inaplicable” por acordada. Luego, la Legislatura enmendó la ley: entre otros cambios, dispuso que transitoriamente la administración de los ministerios públicos Fiscal, y Pupilar y de la Defensa siga en manos de la Corte, como establece el artículo 121 de la Constitución, y que las instituciones de los fiscales y de los defensores oficiales incorporarán personal mediante concursos similares a los existentes.
“La Corte fijó posición en forma verbal”, explicó el presidente Gandur por teléfono, quien comentó que la coyuntura de superintendencia y administrativa inédita fue debatida este jueves. En la reunión participaron los vocales René Goane, Claudia Sbdar y Daniel Posse; los secretarios Gabriela Blanco (superintendencia) y Gustavo Ahmad (administración), además del propio titular del cuerpo (el vocal Antonio Estofán está de licencia). En ese encuentro, las máximas autoridades judiciales acordaron no incorporar a la planilla salarial a los empleados y funcionarios nombrados “a dedo” por Jiménez con el argumento de que le urge crear la estructura que le permitirá ejercer la autonomía que le concedió la Legislatura a instancias del oficialismo. Como contrapartida, la Corte aceptó tomar juramento al personal ascendido en forma unilateral por el jefe de los fiscales.
“¿Cómo abro concursos sin gente que los organice?”, interrogó Jiménez a finales de marzo, cuando se conocieron sus 22 nombramientos. El jefe de los fiscales dijo que estaba facultado para nombrar personal, e insistió en que todos los cargos iban a ser luego cubiertos por medio de un proceso que garantizara la igualdad y la idoneidad. Además, Jiménez expresó que las 22 incorporaciones “debían ser las únicas” y que no publicó las resoluciones como había prometido porque carecía de recursos. En cuanto al hecho de que varios de los designados eran parientes de miembros del Ministerio Público, comentó: “uno busca entre los conocidos para asignar tareas, no entre los desconocidos. Pero la (nueva) ley es más abarcativa que designar interinos. No nos entrampemos en una cosa pequeña” (ver “Detalles...”).
La postura reticente del alto tribunal afecta a una serie de resoluciones que Jiménez firmó entre el 10 y el 14 de marzo (ese último día, la primera reforma del Ministerio Público fue declarada inaplicable a los fines prácticos por medio de la Acordada 198). Pese a que el 8 de marzo se comprometió a publicitar todas sus decisiones, el jefe de los fiscales no publicó los nombramientos sin concurso y los ascensos que dispuso ni en su página (justucuman.gov.ar/blogs/ministerio-publico-fiscal) ni en el Boletín Oficial: el 21 de marzo, en cambio, dio a conocer en la web la apertura de un proceso de selección para nombrar a tres psicólogos.
La Corte tomó contacto con el conjunto de 22 designaciones “a dedo” cuando estas ya eran un hecho consumado (antes, intervenía de principio a fin en el proceso). Extraoficialmente se dice que habría más resoluciones, que casi todos los nombrados ya estarían trabajando en el Ministerio Público y que incluso se habrían organizado juramentos (acto formal de ingreso a la familia judicial o al nuevo cargo, en el caso del ascenso) con prescindencia del alto tribunal, que es quien debe tomarlos según la ley.
Las designaciones identificadas beneficiaron a Federico Javier Villafañe, Gabriel Andrés Fagre Muñoz, Luis Sebastián López Zunino, María Carolina Collado, Martín Raúl Manzano García y Carlos Guido Cattáneo -h- (prosecretarios); a Diego Rivera, Juan Pablo Veiga y Mariana Pereyra Pastorino (encargados mayores); a Mariano Javier Mauvecín, Federico Gustavo Murúa, Gabriela Mónica Ferrer, Gabriela Rizo y Christian Darío Contreras (encargados principales); a Adriana Suárez, Nicolás Roberto Ferro y Miguel Esteban Fernández (encargados auxiliares); a Luis Sergio Fernández, Mariana Constanza López Mazza y María Carolina Maggio (maestranzas especializados), y a Pedro Ezequiel Bulacio y María Noelia Jiménez Martín (ayudantes judiciales).
Todos los mencionados en el párrafo anterior quedaron en una situación atípica e incierta. Gandur mismo admitió que no sabía qué iba a pasar con ellos. En el pasado, Jiménez había intentado implementar contratos temporarios, que el Poder Judicial sólo aplica a situaciones muy excepcionales. Tales contrataciones, que deberían recibir el visto bueno del Tribunal de Cuentas, también generaron chispazos en la cumbre del Poder Judicial, que desde 2010 selecciona a sus agentes por concurso ya sea por la modalidad periódica prevista para la ayudantía judicial o por las convocatorias específicas para cargos de mayor jerarquía: sólo queda fuera de este sistema la Justicia de Paz. Desde 2011, tanto las acordadas de incorporaciones como las de promociones son publicadas en la página web institucional.
“La Corte fijó posición en forma verbal”, explicó el presidente Gandur por teléfono, quien comentó que la coyuntura de superintendencia y administrativa inédita fue debatida este jueves. En la reunión participaron los vocales René Goane, Claudia Sbdar y Daniel Posse; los secretarios Gabriela Blanco (superintendencia) y Gustavo Ahmad (administración), además del propio titular del cuerpo (el vocal Antonio Estofán está de licencia). En ese encuentro, las máximas autoridades judiciales acordaron no incorporar a la planilla salarial a los empleados y funcionarios nombrados “a dedo” por Jiménez con el argumento de que le urge crear la estructura que le permitirá ejercer la autonomía que le concedió la Legislatura a instancias del oficialismo. Como contrapartida, la Corte aceptó tomar juramento al personal ascendido en forma unilateral por el jefe de los fiscales.
“¿Cómo abro concursos sin gente que los organice?”, interrogó Jiménez a finales de marzo, cuando se conocieron sus 22 nombramientos. El jefe de los fiscales dijo que estaba facultado para nombrar personal, e insistió en que todos los cargos iban a ser luego cubiertos por medio de un proceso que garantizara la igualdad y la idoneidad. Además, Jiménez expresó que las 22 incorporaciones “debían ser las únicas” y que no publicó las resoluciones como había prometido porque carecía de recursos. En cuanto al hecho de que varios de los designados eran parientes de miembros del Ministerio Público, comentó: “uno busca entre los conocidos para asignar tareas, no entre los desconocidos. Pero la (nueva) ley es más abarcativa que designar interinos. No nos entrampemos en una cosa pequeña” (ver “Detalles...”).
La postura reticente del alto tribunal afecta a una serie de resoluciones que Jiménez firmó entre el 10 y el 14 de marzo (ese último día, la primera reforma del Ministerio Público fue declarada inaplicable a los fines prácticos por medio de la Acordada 198). Pese a que el 8 de marzo se comprometió a publicitar todas sus decisiones, el jefe de los fiscales no publicó los nombramientos sin concurso y los ascensos que dispuso ni en su página (justucuman.gov.ar/blogs/ministerio-publico-fiscal) ni en el Boletín Oficial: el 21 de marzo, en cambio, dio a conocer en la web la apertura de un proceso de selección para nombrar a tres psicólogos.
La Corte tomó contacto con el conjunto de 22 designaciones “a dedo” cuando estas ya eran un hecho consumado (antes, intervenía de principio a fin en el proceso). Extraoficialmente se dice que habría más resoluciones, que casi todos los nombrados ya estarían trabajando en el Ministerio Público y que incluso se habrían organizado juramentos (acto formal de ingreso a la familia judicial o al nuevo cargo, en el caso del ascenso) con prescindencia del alto tribunal, que es quien debe tomarlos según la ley.
Las designaciones identificadas beneficiaron a Federico Javier Villafañe, Gabriel Andrés Fagre Muñoz, Luis Sebastián López Zunino, María Carolina Collado, Martín Raúl Manzano García y Carlos Guido Cattáneo -h- (prosecretarios); a Diego Rivera, Juan Pablo Veiga y Mariana Pereyra Pastorino (encargados mayores); a Mariano Javier Mauvecín, Federico Gustavo Murúa, Gabriela Mónica Ferrer, Gabriela Rizo y Christian Darío Contreras (encargados principales); a Adriana Suárez, Nicolás Roberto Ferro y Miguel Esteban Fernández (encargados auxiliares); a Luis Sergio Fernández, Mariana Constanza López Mazza y María Carolina Maggio (maestranzas especializados), y a Pedro Ezequiel Bulacio y María Noelia Jiménez Martín (ayudantes judiciales).
Todos los mencionados en el párrafo anterior quedaron en una situación atípica e incierta. Gandur mismo admitió que no sabía qué iba a pasar con ellos. En el pasado, Jiménez había intentado implementar contratos temporarios, que el Poder Judicial sólo aplica a situaciones muy excepcionales. Tales contrataciones, que deberían recibir el visto bueno del Tribunal de Cuentas, también generaron chispazos en la cumbre del Poder Judicial, que desde 2010 selecciona a sus agentes por concurso ya sea por la modalidad periódica prevista para la ayudantía judicial o por las convocatorias específicas para cargos de mayor jerarquía: sólo queda fuera de este sistema la Justicia de Paz. Desde 2011, tanto las acordadas de incorporaciones como las de promociones son publicadas en la página web institucional.
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