09 Abril 2017
PARIENTES.- Entre los 22 empleados y funcionarios nombrados interinamente y en forma discrecional por el ministro público Edmundo Jiménez hay un número significativo de parientes de funcionarios judiciales y magistrados. En ese grupo están la arquitecta Adriana Suárez, hija de la fiscala Adriana Giannoni (N°8); la licenciada María Carolina Maggio, parienta política de Eloísa Rodríguez Campos, relatora y sobrina de Jiménez, y esposa de Facundo Maggio, candidato a juez de Instrucción N°2; Mariano Javier Mauvecín, hijo de Inés Hael, ex relatora de Jiménez y fiscala de Cámara con acuerdo de la Legislatura (aún no prestó juramento); el ingeniero Juan Pablo Veiga, hermano de María Carmen Veiga, secretaria del Ministerio Público, y Carlos Guido Cattáneo, hijo del letrado homónimo que fue defensor de la ex senadora Beatriz Rojkés, y colaborador del ministro público en su época de secretario general del Partido Justicialista, y de titular de Gobierno y de Justicia de la gestión de José Alperovich.
DOS PLEITOS.-La primera reforma del Ministerio Público que concretó la Legislatura en febrero dio origen a dos juicios: uno de los dirigentes radicales Silvia Elías de Pérez, José María Canelada y Juan Andrés Robles, y otro del peronista disidente Oscar López. Tanto en uno como en otro litigio, los vocales René Goane y Antonio Gandur se expidieron a favor de paralizar la ley por medio de una medida cautelar, pero dicha tesitura no prosperó porque los vocales Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse, que formaron la mayoría, difirieron el análisis de la medida cautelar “para más adelante”. Por la vía administrativa, los cinco vocales declararon inaplicable la norma a los fines prácticos. Luego, la Legislatura “re-reformó” la ley del Ministerio Público. Con posterioridad, el Gobierno recusó por “prejuzgamiento” a Goane y Gandur, y logró apartarlos. El 30 de marzo y con el argumento de que la “enmienda de enmienda” había modificado la situación, Estofán, Sbdar y Posse negaron la cautelar a los dirigentes radicales.
DOS PLEITOS.-La primera reforma del Ministerio Público que concretó la Legislatura en febrero dio origen a dos juicios: uno de los dirigentes radicales Silvia Elías de Pérez, José María Canelada y Juan Andrés Robles, y otro del peronista disidente Oscar López. Tanto en uno como en otro litigio, los vocales René Goane y Antonio Gandur se expidieron a favor de paralizar la ley por medio de una medida cautelar, pero dicha tesitura no prosperó porque los vocales Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse, que formaron la mayoría, difirieron el análisis de la medida cautelar “para más adelante”. Por la vía administrativa, los cinco vocales declararon inaplicable la norma a los fines prácticos. Luego, la Legislatura “re-reformó” la ley del Ministerio Público. Con posterioridad, el Gobierno recusó por “prejuzgamiento” a Goane y Gandur, y logró apartarlos. El 30 de marzo y con el argumento de que la “enmienda de enmienda” había modificado la situación, Estofán, Sbdar y Posse negaron la cautelar a los dirigentes radicales.
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