05 Abril 2017
En medio de las reformas -y “re-reformas”- judiciales impulsadas por el oficialismo y cuestionadas por un sector de la oposición, la comisión de Juicio Político de la Legislatura recibió seis pedidos de destitución contra magistrados del Poder Judicial de Tucumán.
Ayer, los legisladores que integran ese grupo de trabajo desestimaron dos de las acusaciones. “Se decidió archivarlas por no tener elementos para continuar con el debido proceso”, afirmó el presidente del comité, el oficialista Zacarías Khoder, tras la reunión.
Los casos cerrados ayer tenían por acusados al vocal de la Sala II de la Cámara Penal de Concepción, Jesús Carlos Pellegri, y a la fiscala de Instrucción de la VIII Nominación de la Capital, Adriana Giannoni. Hasta el viernes, cuando vuelvan a reunirse, los parlamentarios analizarán las demás presentaciones, que refieren a Pellegri (en otros dos expedientes), a los jueces Enrique Pedicone y Eudoro Albo, de la Cámara de Apelaciones de la Capital; y al juez de Familia de la Capital, Orlando Stoyanoff.
Las acusaciones
Según fuentes de la Legislatura, el camarista Pellegri había sido denunciado por Irma Enriqueta Trejo, quien sustentó su presentación en un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y en un supuesto retardo injustificado en el transcurso del proceso.
Ambas imputaciones fueron desestimadas ayer por la comisión de Juicio Político, que está integrada por los oficialistas Khoder, Nancy Bulacio, Enrique Bethencourt, María Elena Cortalezzi, Graciela Gutiérrez, José Gutiérrez, Gladys Medina, Renée Ramírez y Mariela Reyes Elías; y por los opositores Christian Rodríguez (Peronismo del Bicentenario), Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos) y Eudoro Aráoz (bloque UCR).
Hasta el viernes, los representantes del pueblo analizarán los dos expedientes restantes contra Pellegri: uno impulsado por el abogado Gustavo Morales y otro por José Rodolfo Acosta.
Ayer también fue resuelto el caso referido a Giannoni. El juicio político había sido promovido por el ciudadano Raúl Osvaldo Herrera. Según fuentes de la Legislatura, el denunciante es el padre de dos ex vigías de la Municipalidad de Banda del Río Salí que están siendo investigados en una causa por presunto abuso de autoridad. Herrera señalaba a la magistrada por un supuesto incumplimiento en los deberes del funcionario público, pero la comisión desestimó el planteo sin la necesidad de correr traslado a la representante del Ministerio Público Fiscal.
“En el último mes han ingresado seis pedidos de destitución contra funcionarios judiciales”, advirtió Khoder tras la reunión de ayer. Según trascendió, en alguno de los casos contra Pellegri la comisión podría efectuar algún tipo de advertencia para evitar demoras.
Tras un inicio de año cargado de tensiones en la relación entre el oficialismo y un sector del Poder Judicial, todo parece indicar que ese clima comienza a aplacarse.
El bloque Tucumán Crece, afín a la Casa de Gobierno, había impulsado reformas con impacto directo en los tribunales. Una de ellas habilitaba la suspensión inmediata de los magistrados denunciados ante la comisión de Juicio Político cuyos expedientes fueran elevados al Jurado de Enjuiciamiento. A raíz de los planteos de dirigentes de la oposición, la Corte de Tucumán dictó una cautelar que paralizó la aplicación de esa norma. Ahora, el oficialismo propone nuevas modificaciones legislativas para habilitar una suspensión optativa por parte de la comisión de Juicio Político.
En medio de las reformas -y “re-reformas”- judiciales impulsadas por el oficialismo y cuestionadas por un sector de la oposición, la comisión de Juicio Político de la Legislatura recibió seis pedidos de destitución contra magistrados del Poder Judicial de Tucumán.
Ayer, los legisladores que integran ese grupo de trabajo desestimaron dos de las acusaciones. “Se decidió archivarlas por no tener elementos para continuar con el debido proceso”, afirmó el presidente del comité, el oficialista Zacarías Khoder, tras la reunión.
Los casos cerrados ayer tenían por acusados al vocal de la Sala II de la Cámara Penal de Concepción, Jesús Carlos Pellegri, y a la fiscala de Instrucción de la VIII Nominación de la Capital, Adriana Giannoni. Hasta el viernes, cuando vuelvan a reunirse, los parlamentarios analizarán las demás presentaciones, que refieren a Pellegri (en otros dos expedientes), a los jueces Enrique Pedicone y Eudoro Albo, de la Cámara de Apelaciones de la Capital; y al juez de Familia de la Capital, Orlando Stoyanoff.
Las acusaciones
Según fuentes de la Legislatura, el camarista Pellegri había sido denunciado por Irma Enriqueta Trejo, quien sustentó su presentación en un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y en un supuesto retardo injustificado en el transcurso del proceso.
Ambas imputaciones fueron desestimadas ayer por la comisión de Juicio Político, que está integrada por los oficialistas Khoder, Nancy Bulacio, Enrique Bethencourt, María Elena Cortalezzi, Graciela Gutiérrez, José Gutiérrez, Gladys Medina, Renée Ramírez y Mariela Reyes Elías; y por los opositores Christian Rodríguez (Peronismo del Bicentenario), Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos) y Eudoro Aráoz (bloque UCR).
Hasta el viernes, los representantes del pueblo analizarán los dos expedientes restantes contra Pellegri: uno impulsado por el abogado Gustavo Morales y otro por José Rodolfo Acosta.
Ayer también fue resuelto el caso referido a Giannoni. El juicio político había sido promovido por el ciudadano Raúl Osvaldo Herrera. Según fuentes de la Legislatura, el denunciante es el padre de dos ex vigías de la Municipalidad de Banda del Río Salí que están siendo investigados en una causa por presunto abuso de autoridad. Herrera señalaba a la magistrada por un supuesto incumplimiento en los deberes del funcionario público, pero la comisión desestimó el planteo sin la necesidad de correr traslado a la representante del Ministerio Público Fiscal.
“En el último mes han ingresado seis pedidos de destitución contra funcionarios judiciales”, advirtió Khoder tras la reunión de ayer. Según trascendió, en alguno de los casos contra Pellegri la comisión podría efectuar algún tipo de advertencia para evitar demoras.
Tras un inicio de año cargado de tensiones en la relación entre el oficialismo y un sector del Poder Judicial, todo parece indicar que ese clima comienza a aplacarse.
El bloque Tucumán Crece, afín a la Casa de Gobierno, había impulsado reformas con impacto directo en los tribunales. Una de ellas habilitaba la suspensión inmediata de los magistrados denunciados ante la comisión de Juicio Político cuyos expedientes fueran elevados al Jurado de Enjuiciamiento. A raíz de los planteos de dirigentes de la oposición, la Corte de Tucumán dictó una cautelar que paralizó la aplicación de esa norma. Ahora, el oficialismo propone nuevas modificaciones legislativas para habilitar una suspensión optativa por parte de la comisión de Juicio Político.
Ayer, los legisladores que integran ese grupo de trabajo desestimaron dos de las acusaciones. “Se decidió archivarlas por no tener elementos para continuar con el debido proceso”, afirmó el presidente del comité, el oficialista Zacarías Khoder, tras la reunión.
Los casos cerrados ayer tenían por acusados al vocal de la Sala II de la Cámara Penal de Concepción, Jesús Carlos Pellegri, y a la fiscala de Instrucción de la VIII Nominación de la Capital, Adriana Giannoni. Hasta el viernes, cuando vuelvan a reunirse, los parlamentarios analizarán las demás presentaciones, que refieren a Pellegri (en otros dos expedientes), a los jueces Enrique Pedicone y Eudoro Albo, de la Cámara de Apelaciones de la Capital; y al juez de Familia de la Capital, Orlando Stoyanoff.
Las acusaciones
Según fuentes de la Legislatura, el camarista Pellegri había sido denunciado por Irma Enriqueta Trejo, quien sustentó su presentación en un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y en un supuesto retardo injustificado en el transcurso del proceso.
Ambas imputaciones fueron desestimadas ayer por la comisión de Juicio Político, que está integrada por los oficialistas Khoder, Nancy Bulacio, Enrique Bethencourt, María Elena Cortalezzi, Graciela Gutiérrez, José Gutiérrez, Gladys Medina, Renée Ramírez y Mariela Reyes Elías; y por los opositores Christian Rodríguez (Peronismo del Bicentenario), Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos) y Eudoro Aráoz (bloque UCR).
Hasta el viernes, los representantes del pueblo analizarán los dos expedientes restantes contra Pellegri: uno impulsado por el abogado Gustavo Morales y otro por José Rodolfo Acosta.
Ayer también fue resuelto el caso referido a Giannoni. El juicio político había sido promovido por el ciudadano Raúl Osvaldo Herrera. Según fuentes de la Legislatura, el denunciante es el padre de dos ex vigías de la Municipalidad de Banda del Río Salí que están siendo investigados en una causa por presunto abuso de autoridad. Herrera señalaba a la magistrada por un supuesto incumplimiento en los deberes del funcionario público, pero la comisión desestimó el planteo sin la necesidad de correr traslado a la representante del Ministerio Público Fiscal.
“En el último mes han ingresado seis pedidos de destitución contra funcionarios judiciales”, advirtió Khoder tras la reunión de ayer. Según trascendió, en alguno de los casos contra Pellegri la comisión podría efectuar algún tipo de advertencia para evitar demoras.
Tras un inicio de año cargado de tensiones en la relación entre el oficialismo y un sector del Poder Judicial, todo parece indicar que ese clima comienza a aplacarse.
El bloque Tucumán Crece, afín a la Casa de Gobierno, había impulsado reformas con impacto directo en los tribunales. Una de ellas habilitaba la suspensión inmediata de los magistrados denunciados ante la comisión de Juicio Político cuyos expedientes fueran elevados al Jurado de Enjuiciamiento. A raíz de los planteos de dirigentes de la oposición, la Corte de Tucumán dictó una cautelar que paralizó la aplicación de esa norma. Ahora, el oficialismo propone nuevas modificaciones legislativas para habilitar una suspensión optativa por parte de la comisión de Juicio Político.
En medio de las reformas -y “re-reformas”- judiciales impulsadas por el oficialismo y cuestionadas por un sector de la oposición, la comisión de Juicio Político de la Legislatura recibió seis pedidos de destitución contra magistrados del Poder Judicial de Tucumán.
Ayer, los legisladores que integran ese grupo de trabajo desestimaron dos de las acusaciones. “Se decidió archivarlas por no tener elementos para continuar con el debido proceso”, afirmó el presidente del comité, el oficialista Zacarías Khoder, tras la reunión.
Los casos cerrados ayer tenían por acusados al vocal de la Sala II de la Cámara Penal de Concepción, Jesús Carlos Pellegri, y a la fiscala de Instrucción de la VIII Nominación de la Capital, Adriana Giannoni. Hasta el viernes, cuando vuelvan a reunirse, los parlamentarios analizarán las demás presentaciones, que refieren a Pellegri (en otros dos expedientes), a los jueces Enrique Pedicone y Eudoro Albo, de la Cámara de Apelaciones de la Capital; y al juez de Familia de la Capital, Orlando Stoyanoff.
Las acusaciones
Según fuentes de la Legislatura, el camarista Pellegri había sido denunciado por Irma Enriqueta Trejo, quien sustentó su presentación en un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y en un supuesto retardo injustificado en el transcurso del proceso.
Ambas imputaciones fueron desestimadas ayer por la comisión de Juicio Político, que está integrada por los oficialistas Khoder, Nancy Bulacio, Enrique Bethencourt, María Elena Cortalezzi, Graciela Gutiérrez, José Gutiérrez, Gladys Medina, Renée Ramírez y Mariela Reyes Elías; y por los opositores Christian Rodríguez (Peronismo del Bicentenario), Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos) y Eudoro Aráoz (bloque UCR).
Hasta el viernes, los representantes del pueblo analizarán los dos expedientes restantes contra Pellegri: uno impulsado por el abogado Gustavo Morales y otro por José Rodolfo Acosta.
Ayer también fue resuelto el caso referido a Giannoni. El juicio político había sido promovido por el ciudadano Raúl Osvaldo Herrera. Según fuentes de la Legislatura, el denunciante es el padre de dos ex vigías de la Municipalidad de Banda del Río Salí que están siendo investigados en una causa por presunto abuso de autoridad. Herrera señalaba a la magistrada por un supuesto incumplimiento en los deberes del funcionario público, pero la comisión desestimó el planteo sin la necesidad de correr traslado a la representante del Ministerio Público Fiscal.
“En el último mes han ingresado seis pedidos de destitución contra funcionarios judiciales”, advirtió Khoder tras la reunión de ayer. Según trascendió, en alguno de los casos contra Pellegri la comisión podría efectuar algún tipo de advertencia para evitar demoras.
Tras un inicio de año cargado de tensiones en la relación entre el oficialismo y un sector del Poder Judicial, todo parece indicar que ese clima comienza a aplacarse.
El bloque Tucumán Crece, afín a la Casa de Gobierno, había impulsado reformas con impacto directo en los tribunales. Una de ellas habilitaba la suspensión inmediata de los magistrados denunciados ante la comisión de Juicio Político cuyos expedientes fueran elevados al Jurado de Enjuiciamiento. A raíz de los planteos de dirigentes de la oposición, la Corte de Tucumán dictó una cautelar que paralizó la aplicación de esa norma. Ahora, el oficialismo propone nuevas modificaciones legislativas para habilitar una suspensión optativa por parte de la comisión de Juicio Político.
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