03 Abril 2017
JUNTOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA. El ex gobernador Alperovich y el ex director Brito recorren obras en 2011. la gaceta / archivo
El gobernador Juan Manzur jugará un rol relevante en el juicio oral relativo a las irregularidades detectadas en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU). Sucede que el mandatario elegirá al fiscal que ha de acusar al ex funcionario alperovichista Miguel Ángel Brito ante la Sala VI de la Cámara Penal. La terna de candidatos a titular de la Fiscalía de Cámara N°6 ingresó el 15 de marzo a la Casa de Gobierno, y está compuesta por Juan Carlos Nacul, Carlos Saltor y Carolina Epelbaum. La ley no establece un plazo para que Manzur concrete la designación: si el juicio comenzara antes de que ello acaeciese, en el proceso intervendrá un fiscal de Cámara subrogante en función de las directivas de Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público.
Pese a que el tribunal del caso “Brito” (o “DAU”) fue sorteado a fines del año pasado, el debate todavía está lejos. A menos que ocurra un giro imprevisto, el imputado Brito, y los interesados en la causa del ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo pueden contar con que el juicio oral no coincidirá con el proceso electoral de este año, según calculan todas las fuentes consultadas. Con viento a favor, el primer juicio de presuntas irregularidades con fondos públicos cometidas en el Gobierno de José Alperovich comenzará en los últimes meses de 2017. El escollo evidente es el calendario completo de la Sala VI de la Cámara Penal de esta capital, tribunal que, según trascendió, ya está programando audiencias para 2018.
“Las partes terminaron de ofrecer las pruebas en marzo. Ahora corresponde analizar la oferta y decretarla. Cuando finalicemos ese trámite, fijaremos la fecha del juicio oral (del caso ‘DAU’)”, informó el jueves Marta Cavallotti, la camarista que preside la Sala VI. Además de Cavallotti, integran el estrado que juzgará a Brito las juezas Alicia Freidenberg y Stella Maris Arce.
En la larga fila de los procesos penales elevados a juicio oral suelen tener prioridad aquellos que incluyen acusados en prisión preventiva. No es el caso de Brito, que transitó en libertad la investigación iniciada en 2012 como consecuencia de la denuncia de los dirigentes radicales Silvia Elías de Pérez y Ariel García. Previamente, LA GACETA había difundido un acuerdo del Tribunal de Cuentas que advertía sobre presuntos sobreprecios en una obra de restauración de la fachada de la Casa de Gobierno: a posteriori, aquel órgano de control practicó una auditoría que detalló supuestas anomalías en 86 de las 423 obras públicas ejecutadas con un régimen especial de contratación directa. El monto global de esos proyectos ascendía a $ 6 millones (1,2 millones de dólares según la cotización de 2012).
Se supone que el juicio recreará los posibles hechos delictivos detectados por el fiscal Arnoldo Suasnábar. Tanto el defensor Arnaldo Ahumada como Daniel Marranzino, quien actuó como fiscal de Cámara N°6 subrogante, ofrecieron abundantes pruebas testimoniales, documentales y periciales. Si prosperan, declarará un número significativo de funcionarios públicos de esta gestión y de la anterior, además de contratistas y de proveedores. Entre los testigos citados están, por ejemplo, los denunciantes Elías de Pérez y García, y un constructor que en su momento dijo que el Estado lo había contratado para edificar una obra en la residencia de un familiar de Alperovich.
La defensa técnica del ex bussista Brito, y director de la DAU entre 2008 y 2012, objetó la labor de Suasnábar con el argumento de que era inviable que el imputado haya podido articular en soledad el “mecanismo pergeñado” y que necesariamente debería haber otros acusados en la causa: según Ahumada, el Ministerio Público Fiscal no intentó individualizarlos. Al confirmar la decisión de enjuiciar al entonces asesor del ultraalperovichista Sergio Mansilla en el Senado, los camaristas Enrique Pedicone, Eudoro Albo y Liliana Vitar dejaron abierta la posibilidad de profundizar la tesis del abogado Ahumada durante el juicio oral.
DOBLE VENTAJA PARA EL PODER POLÍTICO. El juzgamiento de causas penales sensibles repercute en el tablero político. En ese sentido, el colapso endémico y estructural de la Justicia penal garantiza al Gobierno que, en principio, la acusación de un ex funcionario alperovichista por el manejo irregular de fondos públicos no será ventilada en simultáneo con la campaña electoral. Adicionalmente, el oficialismo aliado a Alperovich dispone de la posibilidad de nombrar al fiscal que incidirá en la condena o absolución del único imputado.
Pese a que el tribunal del caso “Brito” (o “DAU”) fue sorteado a fines del año pasado, el debate todavía está lejos. A menos que ocurra un giro imprevisto, el imputado Brito, y los interesados en la causa del ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo pueden contar con que el juicio oral no coincidirá con el proceso electoral de este año, según calculan todas las fuentes consultadas. Con viento a favor, el primer juicio de presuntas irregularidades con fondos públicos cometidas en el Gobierno de José Alperovich comenzará en los últimes meses de 2017. El escollo evidente es el calendario completo de la Sala VI de la Cámara Penal de esta capital, tribunal que, según trascendió, ya está programando audiencias para 2018.
“Las partes terminaron de ofrecer las pruebas en marzo. Ahora corresponde analizar la oferta y decretarla. Cuando finalicemos ese trámite, fijaremos la fecha del juicio oral (del caso ‘DAU’)”, informó el jueves Marta Cavallotti, la camarista que preside la Sala VI. Además de Cavallotti, integran el estrado que juzgará a Brito las juezas Alicia Freidenberg y Stella Maris Arce.
En la larga fila de los procesos penales elevados a juicio oral suelen tener prioridad aquellos que incluyen acusados en prisión preventiva. No es el caso de Brito, que transitó en libertad la investigación iniciada en 2012 como consecuencia de la denuncia de los dirigentes radicales Silvia Elías de Pérez y Ariel García. Previamente, LA GACETA había difundido un acuerdo del Tribunal de Cuentas que advertía sobre presuntos sobreprecios en una obra de restauración de la fachada de la Casa de Gobierno: a posteriori, aquel órgano de control practicó una auditoría que detalló supuestas anomalías en 86 de las 423 obras públicas ejecutadas con un régimen especial de contratación directa. El monto global de esos proyectos ascendía a $ 6 millones (1,2 millones de dólares según la cotización de 2012).
Se supone que el juicio recreará los posibles hechos delictivos detectados por el fiscal Arnoldo Suasnábar. Tanto el defensor Arnaldo Ahumada como Daniel Marranzino, quien actuó como fiscal de Cámara N°6 subrogante, ofrecieron abundantes pruebas testimoniales, documentales y periciales. Si prosperan, declarará un número significativo de funcionarios públicos de esta gestión y de la anterior, además de contratistas y de proveedores. Entre los testigos citados están, por ejemplo, los denunciantes Elías de Pérez y García, y un constructor que en su momento dijo que el Estado lo había contratado para edificar una obra en la residencia de un familiar de Alperovich.
La defensa técnica del ex bussista Brito, y director de la DAU entre 2008 y 2012, objetó la labor de Suasnábar con el argumento de que era inviable que el imputado haya podido articular en soledad el “mecanismo pergeñado” y que necesariamente debería haber otros acusados en la causa: según Ahumada, el Ministerio Público Fiscal no intentó individualizarlos. Al confirmar la decisión de enjuiciar al entonces asesor del ultraalperovichista Sergio Mansilla en el Senado, los camaristas Enrique Pedicone, Eudoro Albo y Liliana Vitar dejaron abierta la posibilidad de profundizar la tesis del abogado Ahumada durante el juicio oral.
DOBLE VENTAJA PARA EL PODER POLÍTICO. El juzgamiento de causas penales sensibles repercute en el tablero político. En ese sentido, el colapso endémico y estructural de la Justicia penal garantiza al Gobierno que, en principio, la acusación de un ex funcionario alperovichista por el manejo irregular de fondos públicos no será ventilada en simultáneo con la campaña electoral. Adicionalmente, el oficialismo aliado a Alperovich dispone de la posibilidad de nombrar al fiscal que incidirá en la condena o absolución del único imputado.
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