Tucumán es la única provincia del NOA que no cuenta con un penal federal

Detrás de la crisis carcelaria hay un dato que pocos conocen. Tucumán es la única provincia del NOA que no cuenta con una cárcel federal. Los otros estados tienen unidades penitenciarias que fueron construidos con fondos de la Nación y que alojan a todos los procesados y condenados por tener causas en la Justicia Federal y Ordinaria.

Salta y Jujuy, además de unidades carcelarias, tienen alcaldías federales, es decir lugar de alojamiento transitorio para los detenidos hasta tanto se defina su situación procesal. Santiago del Estero cuenta con el penal más nuevo de la región. Catamarca, si bien cuenta con un establecimiento propio, en su interior tiene un pabellón para reclusos que están a disposición de la Justicia Federal.

El sábado 25, con la fuga de un preso de la Seccional 13, quedó al descubierto la crisis carcelaria que existe en la provincia. La Justicia confirmó que en las comisarías de toda la provincia existen unas 700 personas privadas de su libertad en dependencias policiales, el doble de su capacidad. Hasta la Comisaría de la Mujer, que funciona en la Seccional 2, también está colapsada. En Villa Urquiza, donde en los próximos días se inaugurará el Pabellón 10, con capacidad para unos 200 reclusos, hay problemas para mantener tranquilos a los más de 800 presos que están alojados allí.

Un día antes de la evasión del reo, el juez federal Daniel Bejas, a través de un habeas corpus solicitó que los 10 detenidos que permanecían alojados en una celda para una persona en el Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional fueran reubicados cuanto antes. Han pasado casi 10 días de esa orden y por el momento no lograron ubicarlos en ningún otro calabozo. Sí consiguieron que cuatro detenidos por drogas y uno por contrabando sean alojados en las comisarías del sur de la provincia.

Esos lugares de encierro también están bajo el manto de una medida judicial de protección. En 2015, los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila, consiguieron que le aceptaran un habeas corpus para los detenidos, los policías y los vecinos por el hacinamiento y las pésimas condiciones de las comisarías. Por esa medida, se clausuraron varios arrestos, pero después de haberles realizados algunas refacciones, varias de ellas se rehabilitaron, entre ellas, la de la Seccional 13. La Corte Suprema de Justicia decidió que su oficina de Derechos Humanos seguiría analizando el estado de la situación.

Problemas

“El problema es muy serio. No tenemos donde ubicar la gente. Las fuerzas federales que hacen los operativos no tienen dónde alojar a las personas que detienen. Estamos ante una situación muy compleja”, indicó el juez federal Fernando Poviña en charla con LA GACETA.

Los efectivos de Gendarmería y de la Policía Federal, después de concretar una detención por alguna causa, deben buscarle alojamiento en alguna comisaría, ya que no cuentan con calabozo para recibirlos.

Son los responsables de darles de llevarles los alimentos, trasladarlos a los hospitales cada vez que se enferman y hasta los juzgados cada vez que deban cumplir con un paso procesal . “Por realizar esta tarea perdemos todos los días entre seis y ocho hombres. Ellos deberían estar en la calle investigando, no cumpliendo con esta función”, comentó una fuente de una fuerza.

“Vamos a seguir insistiendo porque consideramos la instalación de una alcaldía también ayudará a mejorar todo el sistema carcelario, e inclusive poder descomprimir los presos en comisaría y, al mismo tiempo, realizar refacciones en ellas”, aseguró Regino Amado, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia.

En la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia, que está integrada por los representantes de los tres poderes más la Justicia Federal, también se tocó el tema. No sólo dejaron en claro que apoyan la construcción de un nuevo penal, sino que le sugirieron al Ejecutivo que alquilen viviendas para que sean utilizadas como comisarías hasta que se construyan o se reparen las que actualmente existen. “Entendemos que es una buena posibilidad para que puedan solucionar el problema que ya lleva varios años”, indicó el legislador oficialista Julio Silman, presidente del cuerpo.

Poviña conoce la situación carcelaria de la región no es la mejor. “Hasta hace no mucho tiempo la solución pasaba por ubicar a los procesados en las cárceles federales de Salta, Jujuy y Santigo. Pero desde hace un tiempo que nos cierran las puertas porque ellos también están excedidos en el cupo. Así es muy difícil”, concluyó.

“Necesitamos al menos una Alcaidía federal” 

“La provincia necesita de manera urgente al menos una Alcaldía Federal para solucionar el problema. Sin dudas que una cárcel será lo mejor, pero la primera alternativa nos ayudará mucho”, aseguró el juez Federal Fernando Poviña.

El magistrado recalcó que junto a su par Daniel Bejas, desde hace más de dos años, vienen realizando presentaciones ante los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Nación para explicarle la difícil situación que está atravesando. “Se producen detenciones y desgraciadamente no tenemos donde alojarlos. Esto no es nuevo, sino que está empeorando con el correr de los meses”, explicó.

Poviña dijo que esta situación comenzó a empeorar con el incremento de procedimientos, especialmente antidrogas y ahora de contrabando que se realizaron en los últimos tiempos. “Los jueces federales de la provincia informamos de la situación a la Nación. Se les enviaron oficios a los ministros (Germán) Garavano (Justicia) y a (Patricia) Bullrich (Seguridad) para advertirles que se produciría este problema”, indicó.

“Lo más grave del caso es que sabemos que no habrá una solución de un día para el otro. La construcción de un establecimiento de estas características durara años. Pero hay que buscar una solución cuanto antes, por lo menos, provisoria”, indicó.

“Hay presos peligrosos en varias comisarías”

“Lo ideal sería contar con un penal, pero contar con una alcaldía es importante. Actualmente esos presos están en el penal de Villa Urquiza y en algunas comisarías. Muchos de ellos son de alta peligrosidad”, explicó Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de la provincia.

El funcionario le dijo a LA GACETA que desde hace bastante tiempo que vienen realizando gestiones ante la Nación para contar con un edificio de estas características. “Acompañamos la acordada del camarista Federal, Ricardo Sanjuán, donde solicitamos la urgente construcción de esa estructura para paliar el problema”, expresó.

Amado fue claro al indicar que el PE sigue trabajando con el fin de tratar de solucionar la crisis carcelaria. “La provincia invirtió $40 millones; 20 millones fueron enviados por la Nación a cuenta de la atención que se le brinda a esos presos federales”, indicó.

Pese a los pedidos que realizó la provincia al Ministerio de Justicia de la Nación para poder construir un complejo penitenciario, se conoció que solo fueron beneficiadas Jujuy, Santa Fe y Córdoba. 

“Nuestra provincia es la más densamente poblada del norte y, además, en donde hay más presos por delitos de lesa humanidad. Sin embargo no tenemos respuestas de Nación”, concluyó.

“Es hora de debatir seriamente el tema”

“Desde hace más de 20 años que Tucumán necesita de una cárcel adecuada. Eso se lo viene hablando desde hace mucho tiempo, pero es un proyecto que no se concreta. Es hora de que se lo debata seriamente”, explicó José Cano, titular del Plan Belgrano en una charla con LA GACETA.

El funcionario reconoció que se está trabajando en la elaboración de un proyecto para la construcción de una alcaldía federal. “La idea es que tenga capacidad para albergar a unos 60 detenidos. Ese sería el punto de partida que podría ayudar a paliar el problema porque no es la solución definitiva. La situación de los detenidos en Tucumán es un tema preocupante y recurrente de los últimos tiempos”, señaló.

“Acá es importante aclarar que no es que la Nación no ayuda aportando los fondos. No podemos de ninguna manera responsabilizarlo porque no envía los recursos para construir un penal. Tucumán cuentas con los fondos suficientes para hacerlo que servirán, por ejemplo, para la edificación de un Centro Cívico, que también es importante”, explicó.

Cano insistió que en el gobierno de Julio Miranda ya se había establecido como prioritario la necesidad de construcción de una nueva cárcel. “Vamos a aportar todo lo que sea necesario para solucionar este problema”, concluyó.