Por Abrehu Carlos
26 Marzo 2017
Ramón Isauro Martínez (UCR) planteó en los albores del año político los problemas de legitimidad que generaría la consagración de un gobernador perdedor en las urnas, pero con mayoría de votos en el colegio de electores. Fue una predicción de lo que terminaría ocurriendo meses después.
El ex intendente de San Miguel de Tucumán rompió la tregua del verano, cuando el 12 de febrero le propuso al gobernador Fernando Riera la celebración de un acuerdo previo a los comicios provinciales del 6 de septiembre de 1987, Ese mismo día, pero en Buenos Aires, Raúl Alfonsín le concedía la jubilación a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón.
El precedente de 1983
Martínez propiciaba que el colegio de electores ungiera gobernador al postulante que contara con mayor cantidad de sufragios.
Procuraba acercar, de ese modo, lo más posible el sistema indirecto a la voluntad mayoritaria de la población. Se obviaba así el obstáculo de la carencia de una mayoría propia en el colegio de electores.
El senador radical reveló por qué se había demorado la consagración de Fernando Riera como primer mandatario por el colegio electoral de 1983. El PJ no contaba con el quórum necesario (40 electores) para imponer su postulante.
Contó que, junto a Félix Mothe, le explicaron a Alfonsín que dilataban el ingreso de la UCR al recinto, con la idea de obligarle al peronismo a cederle una de las dos bancas de senadores nacionales que entonces le correspondían a Tucumán.
El Presidente nos contestó que había que respetar firmemente la voluntad del pueblo, evocó. Los radicales acataron la orden de Alfonsín y se liquidó el entredicho.
A ese precedente se aferró para consolidar la proposición. El PJ la desoyó y apostó al colegio electoral. La experiencia de 1987, por sus ribetes polémicos, terminó enterrando para siempre la elección indirecta de gobernador. Las Constituciones de 1990 y 2006 establecieron el voto directo del gobernador y vicegobernador (figura creada por la primera).
Como se sabe, José Domato (PJ) -segundo en las urnas- fue ungido mandatario con el voto del Frente de Accion Peronista (cirnigliarista).
Adiós al cargo
El gobernador admitió el 1 de febrero que tenían asidero las versiones que aludían a cambios en el gabinete. Desde ese momento se sucedieron las conjeturas, que en su mayoría ubicaban a Osvaldo Cirnigliaro en el podio de los renunciantes.
Al posicionarse Domato como candidato de Riera, al ministro de Economía no le quedó otro camino que la confrontación. Él también aspiraba a suceder al mandatario. Sin embargo, el jefe del PJ no forzaba las decisiones.
El tiempo que se tomaba para resolver las cuestiones le parecía eterno a sus seguidores. A todo esto, los radicales le exigían al gobernador que acabase con la incertidumbre normativa y dictase la ley electoral para septiembre.
Pese a ello, Riera no dejó de sorprender a sus prosélitos el 9 de febrero. Que haya anunciado la posibilidad de cambio de gabinete, no quiere decir que se vaya a hacer, dijo. De ese modo quería frenar las presiones que lo cercaban.
El detonante de la crisis fue la convocatoria a elecciones internas de candidatos del PJ para el 24 de mayo. La carta orgánica partidaria exigía que los funcionarios del Poder Ejecutivo renunciaran o tomaran licencias en sus cargos.
Finalmente, el 21 de febrero renunció Cirnigliaro, que tildó de proscriptivas a esas disposiciones. Lo reemplazó Manuel Apaza.
El ex intendente de San Miguel de Tucumán rompió la tregua del verano, cuando el 12 de febrero le propuso al gobernador Fernando Riera la celebración de un acuerdo previo a los comicios provinciales del 6 de septiembre de 1987, Ese mismo día, pero en Buenos Aires, Raúl Alfonsín le concedía la jubilación a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón.
El precedente de 1983
Martínez propiciaba que el colegio de electores ungiera gobernador al postulante que contara con mayor cantidad de sufragios.
Procuraba acercar, de ese modo, lo más posible el sistema indirecto a la voluntad mayoritaria de la población. Se obviaba así el obstáculo de la carencia de una mayoría propia en el colegio de electores.
El senador radical reveló por qué se había demorado la consagración de Fernando Riera como primer mandatario por el colegio electoral de 1983. El PJ no contaba con el quórum necesario (40 electores) para imponer su postulante.
Contó que, junto a Félix Mothe, le explicaron a Alfonsín que dilataban el ingreso de la UCR al recinto, con la idea de obligarle al peronismo a cederle una de las dos bancas de senadores nacionales que entonces le correspondían a Tucumán.
El Presidente nos contestó que había que respetar firmemente la voluntad del pueblo, evocó. Los radicales acataron la orden de Alfonsín y se liquidó el entredicho.
A ese precedente se aferró para consolidar la proposición. El PJ la desoyó y apostó al colegio electoral. La experiencia de 1987, por sus ribetes polémicos, terminó enterrando para siempre la elección indirecta de gobernador. Las Constituciones de 1990 y 2006 establecieron el voto directo del gobernador y vicegobernador (figura creada por la primera).
Como se sabe, José Domato (PJ) -segundo en las urnas- fue ungido mandatario con el voto del Frente de Accion Peronista (cirnigliarista).
Adiós al cargo
El gobernador admitió el 1 de febrero que tenían asidero las versiones que aludían a cambios en el gabinete. Desde ese momento se sucedieron las conjeturas, que en su mayoría ubicaban a Osvaldo Cirnigliaro en el podio de los renunciantes.
Al posicionarse Domato como candidato de Riera, al ministro de Economía no le quedó otro camino que la confrontación. Él también aspiraba a suceder al mandatario. Sin embargo, el jefe del PJ no forzaba las decisiones.
El tiempo que se tomaba para resolver las cuestiones le parecía eterno a sus seguidores. A todo esto, los radicales le exigían al gobernador que acabase con la incertidumbre normativa y dictase la ley electoral para septiembre.
Pese a ello, Riera no dejó de sorprender a sus prosélitos el 9 de febrero. Que haya anunciado la posibilidad de cambio de gabinete, no quiere decir que se vaya a hacer, dijo. De ese modo quería frenar las presiones que lo cercaban.
El detonante de la crisis fue la convocatoria a elecciones internas de candidatos del PJ para el 24 de mayo. La carta orgánica partidaria exigía que los funcionarios del Poder Ejecutivo renunciaran o tomaran licencias en sus cargos.
Finalmente, el 21 de febrero renunció Cirnigliaro, que tildó de proscriptivas a esas disposiciones. Lo reemplazó Manuel Apaza.
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