Reformarán la ley que la Corte había "frenado" por acordada

La Legislatura definió ayer el temario para la sesión del jueves, la primera del período ordinario 2017. Si bien en esta ocasión no serán tratados varios proyectos que generaron polémica en las últimas semanas, como las restricciones para circular en moto -quedó pendiente al menos hasta abril-, en el temario aparece una nueva “re-reforma” de impacto directo en la estructura de la Justicia provincial.

A un mes y cuatro días de haber sancionado la ley 8.983, que dividió al Ministerio Público y les otorgó autonomía a las dos “cabezas” de ese órgano -es decir, el jefe de los fiscales y el jefe de los defensores oficiales-, el bloque oficialista del cuerpo legislativo impulsa cambios que pretenden subsanar las objeciones surgidas desde los tribunales.

Hace una semana, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) emitió la acordada 198 de 2017, mediante la cual declaró la inaplicabilidad de aquella norma. Entre otros puntos, se observó que el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa aún no cuentan con las áreas administrativas necesarias para efectuar los trámites ordinarios (liquidaciones de sueldos, control de asistencias, designaciones, ascensos, etcétera). “Para la correcta aplicación de la ley, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio Fiscal deberían contar con estructuras organizacionales, personal idóneo y sistemas informáticos que permitan realizar (esas) trascendentes funciones”, señalaron Antonio Gandur (presidente), René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Danel Posse. Así, aunque la ley 8.983 está vigente desde el 22 de febrero, su aplicación fue suspendida por tiempo indeterminado. Y mientras el máximo tribunal analiza los planteos de inconstitucionalidad efectuados por legisladores y dirigentes de la oposición -aseguran que se otorgó “superpoderes” al ministro fiscal, Edmundo Jiménez-, el oficialismo legislativo busca la manera de “salvar” la norma.

“Ante la controversia suscitada con motivo de la sanción de la ley 8.983, que incorpora el desdoblamiento del Ministerio Público (...), resulta indispensable, asumiento plenamente nuestra responsabilidad legislativa, encontrar y ofrecer a la ciudadanía una instancia superadora”, expresa el proyecto de ley, que lleva las firmas de Fernando Juri, Guillermo Gassenbauer, Ramón Santiago Cano y Javier Pucharras (todos del PJ). Según los legisladores, el proyecto pretende “armonizar las diferencias y criterios de las distintas expresiones que surgieron (luego de la sanción de la ley 8.983)”.

Entre los cambios principales figura el “reintegro” de las facultades de superintendencia del Poder Judicial a la CSJT, como dispone el artículo 121 de la Constitución provincial, algo que no figura en la norma vigente. Además, se establece que los ingresos serán por concurso y se modifican las denominaciones de los cargos de nuevos funcionarios judiciales.

“Este Poder Legislativo, luego de ver, analizar y conversar con los argumentos que impiden la aplicación (de la ley 8.983), se van a hacer pequeñas modificaciones, con el objetivo de que podamos lograr que el desdoblamiento del Ministerio Público se pueda aplicar en tiempo y forma”, manifestó el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, tras la Labor Parlamentaria de ayer.