Paul Krugman - The New York Times
La economía estadounidense añadió 10,3 millones de empleos durante el segundo mandato del ex presidente Barack Obama, o 214.000 al mes. Esto provocó que el índice oficial del desempleo bajara a menos de 5%, y diversos indicadores sugirieron que para finales del año pasado estábamos bastante cerca del empleo pleno. Sin embargo, Donald Trump insistió en que las buenas noticias sobre el empleo eran “falsificadas”, que, de hecho, Estados Unidos sufría de desempleo generalizado.
Luego, salió el primer informe del empleo del gobierno de Trump, cuyos 235.000 empleos se parecían mucho a la continuación de una tendencia anterior. Y el Gobierno se adjudicó el crédito: los números del empleo, declaró el secretario de prensa de Trump, “se pudieron haber falsificado en el pasado, pero ahora son muy reales”.
Los reporteros se rieron, y debería darles vergüenza haberlo hecho. Porque, de hecho, no era ningún chiste. Ahora, Estados Unidos está gobernado por un presidente y un partido que, en lo fundamental, no aceptan la idea de que existen los hechos objetivos. En cambio, quieren que todos acepten que la realidad es cualquier cosa que ellos quieren que sea.
Así es que se supone que sólo le creamos al Presidente si dice, falsamente, que la multitud que asistió a su toma de posesión fue la más grande que haya habido alguna vez; si él dice, absurdamente, que se emitieron millones de votos en forma ilegal a favor de su oponente; si él insiste, sin ninguna evidencia, que su predecesor intervino sus teléfonos.
Y no sólo se trata de servir a la vanidad de un hombre. Si se quiere ver cómo esta actitud puede dañar a millones de personas, hay que considerar como van las cosas con la reforma sanitaria.
El Obamacare ha conducido a un descenso marcado en la cantidad de estadounidenses sin seguro médico. Se puede argüir que esa baja debería haber sido todavía más marcada, que se pueden avecinar problemas o que deberíamos haberlo hecho mejor. Sin embargo, no debería cuestionarse la realidad de los logros de la Ley, y debería haber preocupación por las consecuencias del Trumpcare, con el cual se debilitarían drásticamente las disposiciones claves.
No obstante, los republicanos están en la negación de los logros recientes. El presidente de la Fundación Heritage desestima los efectos positivos de la Ley de atención asequible por considerarlos noticias falsas”. El fin de semana, en Louisville, el vicepresidente Mike Pence declaró que, “el Obamacare le ha fallado al pueblo de Kentucky”, en un estado donde el porcentaje de personas sin seguro cayó de 16,6% a 7% cuando entró en vigor la ley.
Y, en cuanto a los probables impactos del Trumpcare, bueno, literalmente, ellos no quieren saber.
Cuando el Congreso está considerando una legislación importante, normalmente, se espera a que la Oficina de Presupuesto del Congreso “califique” la propuesta que estime sus efectos sobre los ingresos, los gastos y otros objetivos claves. La Oficina del Presupuesto no siempre tiene razón, pero tiene muy buenos antecedentes en comparación con otros que hacen proyecciones; aún más importante, siempre ha sido escrupulosa en evitar el partidismo y, por tanto, actúa como un importante contrapeso contra las ilusiones infundadas, políticamente motivadas.
Sin embargo, los republicanos impusieron el Trumpcare mediante comités claves, literalmente, en plena noche, sin esperar la calificación de la Oficina del Presupuesto; y han estado denunciando en forma preventiva a esa dependencia, misma que es factible que encuentre que con esa ley se causaría que millones perdieran la cobertura médica.
La verdad es que, si bien la Oficina se equivocó en algunas cosas sobre la reforma sanitaria, en conjunto, lo hizo bastante bien al proyectar los efectos de una gran ley nueva, y muchísimo mejor que la gente que ahora la está atacando, quien pronosticó desastres que nunca sucedieron. Y cualesquiera que sean las críticas que uno pueda tener sobre su próxima calificación, de seguro que será mejor que la ridícula aseveración de Tom Price, el secretario de salud y servicios humanos, de que “nadie estará peor financieramente” como resultado de un plan que drásticamente recorta los subsidios y aumenta las primas de millones de estadounidenses.
Sin embargo, esto no se trata, realmente, de cuál análisis de la política sanitaria es más factible que sea correcto. Se trata de que Trump y compañía están atacando la legitimidad de cualquiera que pudiera cuestionar sus aseveraciones.
En otras palabras, la Oficina del Presupuesto tiene la misma posición que los medios de información, a los que Trump ha declarado “enemigos del pueblo”, no porque, sea lo que sea que pudieran decir, se equivocan en las cosas, sino porque se atreven a cuestionarlo en todo.
“Enemigos del pueblo”, claro, es una frase históricamente asociada con Stalin y otros tiranos. No se trata de ningún accidente. Trump no es un dictador –como sea, todavía no-, pero es claro que tiene instintos totalitarios.
Y gran parte, quizá la mayoría, de su partido está feliz de consentir y aceptar hasta las más extrañas teorías de la conspiración. Por ejemplo, una gran mayoría de republicanos creen en las acusaciones, básicamente descabelladas, de Trump de que Obama intervino sus teléfonos.
Así es que no hay que cometer el error de desestimar el asalto contra la Oficina de Presupuesto del Congreso como una especie de disputa técnica. Es parte de una lucha más amplia, en la que lo que realmente está en juego es si la ignorancia es una fortaleza, si el hombre en la Casa Blanca es el árbitro exclusivo de la verdad.