Bonari muestra su caso a Bejas y pide reciprocidad

Daniel Bejas, juez federal N°1, y Claudio Bonari, fiscal de Instrucción provincial N°2, tienen en sus manos dos de los cinco procesos que procuran esclarecer el destino dado a los $ 615,6 millones repartidos por la Legislatura en 2015, en concepto de gastos sociales. Ambos quieren acceder a sus respectivos expedientes a los efectos de las decisiones que deben tomar: Bonari, si pide o no a un juez que investigue la denuncia de hechos de corrupción; Bejas, si se declara o no competente para tramitar la pesquisa de una presunta evasión tributaria. El fiscal provincial, que ya rebotó dos veces en la Justicia Federal, informó ayer que ya había puesto su causa a disposición del juez Bejas y que le había solicitado reciprocidad.

Hasta este jueves el titular del Juzgado Federal N°1 no había respondido al requerimiento de Bonari, según manifestó este. El magistrado había denegado las copias en febrero al igual que antes lo había hecho el camarista federal Ernesto Wayar respecto de las peticiones del fiscal y de Rodolfo Novillo, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Wayar y Bejas se ciñeron al artículo 2014 del Código Procesal Penal de la Nación que regula el grado de publicidad de la causa; dispone la forma y el modo de la declaración del secreto de sumario, y estatuye que este es siempre confidencial para los extraños. Bonari recibió el expediente el 12 de septiembre de parte del ministro público Edmundo Jiménez, quien impidió el archivo ordenado por el fiscal Washington Navarro Dávila (N°5).

Bejas ordenó la extracción de copias del caso de Bonari puesto que, según el ex legislador oficialista Iván Llorens Dip y su abogado Pedro Brito, la Justicia Federal debe abstenerse de investigar los hechos y derivar las actuaciones a la Justicia provincial. Este planteo ingresó al Juzgado Federal N°1 el 15 de septiembre pasado. El primero de ese mes, el fiscal federal N°1, Carlos Brito, había pedido a la Legislatura los recibos de dispendios por más de 600 millones. Ante la falta de respuesta, el 12 de septiembre el fiscal intimó al vicegobernador Osvaldo Jaldo para que entregara la documentación. Tres días después, el número dos de la provincia solicitó una prórroga por diez días hábiles: en simultáneo hizo su planteo Llorens Dip. Por un debate relativo a la intervención de la Legislatura -que Bejas había consentido-, el expediente subió a la Cámara Federal, pero esta lo devolvió el 3 de febrero aduciendo que el juez federal primero debía analizar la cuestión de la competencia.