La corrupción jaquea a líderes políticos de Brasil

La corrupción jaquea a líderes políticos de Brasil

Cinco ministros del actual presidente, más “Lula” y Dilma, integran la lista de quienes se encontrarían implicados en diversos ilícitos La empresa constructora brasileña está bajo sospecha de haber pagado sobornos millonarios a funcionarios, de hasta 10 países latinos, para lograr obras públicas

16 Marzo 2017
RÍO DE JANEIRO.- Ministros, senadores, parlamentarios y dos ex presidentes: el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht alcanzó una nueva dimensión en Brasil, poniendo bajo sospecha a gran parte de las élites políticas sudamericanas.

Aunque eran esperadas y las sospechas se acumulaban desde hace tiempo, las denuncias de Odebrecht en su cooperación con la Justicia sacudieron a la opinión pública brasileña.

El fiscal general, Rodrigo Janot, pidió investigar a 83 políticos, cinco de ellos miembros del actual Gabinete de Michel Temer. La decisión sobre la apertura de las investigaciones le corresponde ahora al Tribunal Supremo (STF), ya que la mayoría de los implicados tienen fueros.

Y aunque los nombres están en teoría bajo secreto judicial, varios medios brasileños revelaron detalles citando a diversas fuentes.

La llamada “lista de Janot” implica a los tres grandes partidos brasileños: el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), el conservador Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer y el centrista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). La revelaciones son parte de las llamadas “delaciones premiadas”, las declaraciones de 77 directivos de Odebrecht a cambio de ventajas en sus propios procesos judiciales. La constructora está envuelta desde hace meses en un escándalo de corrupción por el pago de sobornos en 10 países de América latina.

Entre los políticos incluidos en la lista están cinco de los 29 ministros de Temer, entre ellos el nuevo titular de Exteriores, Aloysio Nunes, así como el jefe de Gabinete, Eliseu Padilha. También están el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y el del Senado, Eúnicio Oliveira, ambos estrechos aliados del presidente Temer.

Además de los ex presidentes Luiz Inácio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff, son mencionados los dos antiguos ministros del PT, Guido Mantega y Antonio Palocci, ya despojados de sus fueros por acusaciones de la megacausa sobre corrupción política conocida como “Lava Jato”, de la que partieron las indagaciones contra Odebrecht.

En total, la Procuradoría General (fiscalía) brasileña envió 320 solicitudes al Tribunal Supremo, contando pedidos para trasladar casos. En los documentos son citados al menos 170 políticos con fueros, aseguró el canal Globo News. Un total de 116 fiscales participaron en los 950 interrogatorios a los ejecutivos de Odebrecht. En Brasil las especulaciones se centraban ayer en los impactos que podrían tener las denuncias. “Los parlamentarios y ministros trazan un cronograma para intentar sobrevivir a ‘Lava Jato’”, señalaba una columnista del diario Folha de Sao Paulo.

“Prevén tres o cuatro meses de agonía con la divulgación del grueso de las delaciones”, agregó. La estrategia podría ser esperar a que transcurra ese tiempo para poner en marcha las duras reformas que planea el Gobierno de Temer para afrontar la crisis económica, como la del deficitario sistema público de pensiones. Los planes de esa reforma generaron ayer huelgas en todo el país (Ver “Protestas...”).

Las denuncias de Odebrecht podrían alcanzar en algún momento incluso al propio Temer. El Presidente podría entrar en la línea de fuego debido a informaciones de que la constructora hizo aportes ilegales a la campaña de Rousseff y Temer para las elecciones de 2014. El mandatario, que sustituyó a Rousseff tras la controvertida destitución de ésta el año pasado, era parte de la fórmula electoral victoriosa como candidato a vicepresidente.

El potencial destructivo de la corrupción de Odebrecht también se extiende al extranjero. La compañía admitió en diciembre haber pagado desde 2001 más de 785 millones de dólares en sobornos en 12 países, entre ellos 10 de América latina. (DPA)

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