Navarro Dávila ordena el secreto en un caso contra jueces

Washington Navarro Dávila, fiscal N°5 de esta capital, decretó el secreto del sumario abierto a propósito de la denuncia penal que presentó Jorge Mihelj, presidente de la empresa Leagas SA, contra los magistrados Salvador Ruiz, Horacio Castellanos y Sergio Gandur. Pese a esa reserva, trascendió que el fiscal citó a declarar como testigos al abogado octogenario Carlos Bravo, y a Oscar Héctor Alonso y a Oscar Alonso (h), dueños de Inverbus SA, la firma que explota la Línea 11. Navarro Dávila ordenó también el cambio de carátula de la causa, que originariamente era “Ruiz, Salvador Norberto y otros s/ prevaricato y otros delitos”.

El fiscal N°5 confirmó ayer que había ordenado el secreto hace dos días, pero prefirió no hacer otros comentarios sobre el caso. Arnaldo Ahumada, abogado defensor de Ruiz, se presentó esta semana en la Fiscalía “sin consentir ni confirmar acto alguno” y exigió la nulidad de las medidas de prueba que ordenó Navarro Dávila desde que Mihelj ratificó su denuncia (16 de febrero). El letrado expresó que, según el Código Procesal Penal, sólo un juez de Instrucción puede investigar a la magistratura (investigación jurisdiccional). Ahumada manifestó que la actuación de Navarro Dávila debía limitarse a, si lo creía pertinente, girar la denuncia de Mihelj al juzgado de turno.

Fuentes judiciales indicaron que Nicanor Rodríguez del Busto defenderá a Castellanos y que Martín Gandur hará lo propio respecto de su padre: ambos son respectivos nieto e hijo de Antonio Gandur, titular de la Corte Suprema provincial.

Mihelj, que es socio del empresario Jorge Berretta, sostuvo que los camaristas en lo contencioso administrativo denunciados habrían incurrido en abuso de autoridad y tráfico de influencias al otorgar a Alonso la medida cautelar que había solicitado para retener la Línea 11. A fines de diciembre, el intendente Germán Alfaro había declarado la caducidad de la concesión respecto de Inverbus y otorgado el permiso provisorio a Leagas (tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires).

Sucesivas resoluciones firmadas por Ruiz y Castellanos (Sala I) desbarataron esos decretos, y permitieron a Alonso recuperar la Línea 11. Mihelj consideró que todo habría sido concertado por Gandur, vocal de la Sala III, quien estaba en el tribunal durante la feria de enero, cuando fue sustanciada la medida cautelar. La denuncia sostiene que la hija de Sergio Gandur, Sofía Gandur, es representante legal de Inverbus y que tanto el juez como el presidente de la Corte están ligados a la compañía de Alonso.

El presidente de la Corte no intervendrá en la revisión de la cautelar de la Línea 11

Antonio Gandur se apartó del alto tribunal que revisará la medida cautelar que permitió a Inverbus SA retener la Línea 11 pese a que el intendente Germán Alfaro había dispuesto la caducidad de la concesión y extendido un permiso provisorio a Leagas SA. Los camaristas Salvador Ruiz y Horacio Castellanos dictaron la cautelar que recurrió la Municipalidad capitalina. Gandur se inhibió alegando que había sido apoderado de Los Pumas SRL, empresa ligada a Oscar Héctor Alonso, propietario de Inverbus.

La excusación ya fue aceptada por los vocales René Goane, Claudia Sbdar y Daniel Posse.