08 Marzo 2017
El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSS), más conocido como Subsidio de Salud, dejaría atrás 25 años de intervención y de controversias. El secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, anunció esta semana que el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley para normalizar la institución.
El IPSS, que cuenta con casi medio millón de afiliados, es uno de los cinco entes estatales autárquicos que están intervenidos desde hace décadas. La lista se completa con el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), el Instituto Provincial de Lucha contra El Alcoholismo (IPLA), la Caja Popular de Ahorros (CPA) y el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym). El extenso estado de excepción en el que se encuentran los organismos -en la mayoría de los casos datan de la década del 90- generó críticas de la oposición, intentos legislativos e, inclusive, una presentación ante la Justicia.
Yedlin detalló que el actual interventor, Fernando Avellaneda, avanza en la iniciativa junto a su equipo, a los gremios y a representantes de los afiliados. “Se trata de una obra social moderna, con un 90% de prestaciones de salud y solo una pequeña parte destinada a lo previsional; con el proyecto se normalizará también en este sentido”, subrayó Yedlin. Adelantó, por otro lado, que se está elaborando un texto similar para regularizar el Ipacym, que permanece intervenido desde hace 19 años.
Las autoridades del Subsidio habían sido suspendidas en 1990. El decreto gubernamental 1.217 había dispuesto que en seis meses debía integrarse el nuevo directorio. Los comicios en los que los representantes de los empleados y de los jubilados lo elegirían nunca fueron convocados.
En 2007, y por impulso del entonces vicegobernador Fernando Juri y de la oposición, se sancionó una norma para la normalización, pero el ex gobernador José Alperovich la vetó.
En 2012, el legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) presentó un proyecto de ley que preveía lo mismo. Ante la falta de tratamiento de la iniciativa por parte del oficialismo, el opositor concurrió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En 2015, presentó una acción de amparo contra el Gobierno “para que ordene la regularización inmediata”.
En su discurso de asunción, el 29 de octubre de 2015, el gobernador Juan Manzur se comprometió a regularizar la situación de todos los organismos.
El IPSS, que cuenta con casi medio millón de afiliados, es uno de los cinco entes estatales autárquicos que están intervenidos desde hace décadas. La lista se completa con el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), el Instituto Provincial de Lucha contra El Alcoholismo (IPLA), la Caja Popular de Ahorros (CPA) y el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym). El extenso estado de excepción en el que se encuentran los organismos -en la mayoría de los casos datan de la década del 90- generó críticas de la oposición, intentos legislativos e, inclusive, una presentación ante la Justicia.
Yedlin detalló que el actual interventor, Fernando Avellaneda, avanza en la iniciativa junto a su equipo, a los gremios y a representantes de los afiliados. “Se trata de una obra social moderna, con un 90% de prestaciones de salud y solo una pequeña parte destinada a lo previsional; con el proyecto se normalizará también en este sentido”, subrayó Yedlin. Adelantó, por otro lado, que se está elaborando un texto similar para regularizar el Ipacym, que permanece intervenido desde hace 19 años.
Las autoridades del Subsidio habían sido suspendidas en 1990. El decreto gubernamental 1.217 había dispuesto que en seis meses debía integrarse el nuevo directorio. Los comicios en los que los representantes de los empleados y de los jubilados lo elegirían nunca fueron convocados.
En 2007, y por impulso del entonces vicegobernador Fernando Juri y de la oposición, se sancionó una norma para la normalización, pero el ex gobernador José Alperovich la vetó.
En 2012, el legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) presentó un proyecto de ley que preveía lo mismo. Ante la falta de tratamiento de la iniciativa por parte del oficialismo, el opositor concurrió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En 2015, presentó una acción de amparo contra el Gobierno “para que ordene la regularización inmediata”.
En su discurso de asunción, el 29 de octubre de 2015, el gobernador Juan Manzur se comprometió a regularizar la situación de todos los organismos.
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