La Corte avaló el pago de $ 9 millones para magistrados subrogantes en 2016

El sistema para la cobertura provisoria de juzgados, de fiscalías y de defensorías oficiales que están acéfalos podría ser el próximo objetivo de las reformas judiciales que impulsa el bloque Tucumán Crece. Los legisladores afines a la Casa de Gobierno ya cuentan con dos proyectos de ley para modificar ese régimen.

En la actualidad, sólo los magistrados en funciones subrogan los despachos vacantes del Poder Judicial de la Provincia. La intención del oficialismo es permitir que, con la intervención del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), se permita la participación de otros actores tribunalicios para ocupar esos cargos y, de esa forma, alivianar la labor de los funcionarios judiciales que deben oficiar de sustitutos sin desatender sus propias labores.

La compensación por las subrogancias a favor de los magistrados está regulada por la ley 8.402, sancionada en 2011.

Sobre la base de esta y otras normas, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) autorizó durante 2016 al menos 361 pagos -a través de 44 acordadas diferentes- por un total de $ 8,87 millones. En promedio, cada una de esas erogaciones “extra” superó los $ 24.000 por juez, fiscal o defensor oficial sustituto.

Según la ley 8.402, los magistrados subrogantes que resulten designados para casos de vacancia, de licencia especial o de suspensión “tendrán derecho” a una retribución. ¿Cómo se calcula el monto que le corresponde a cada beneficiario? La norma prevé dos alternativas: “si el cargo a subrogar es de mayor jerarquía, se les abonará la remuneración correspondiente al cargo que reemplacen”; y “si se trata de magistrados que ejercen su cargo juntamente con otro de igual jerarquía, su tarea será remunerada con un incremento consistente en la tercera parte de la retribución que percibe”.

El bloque oficialista Tucumán Crece puso la mira sobre el sistema de reemplazos de la Justicia provincial a fines de 2016.

En diciembre, los legisladores Marcelo Caponio (titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y apoderado local del PJ), Julio Silman (presidente subrogante de la Cámara) y Guillermo Gassenbauer (vicepresidente 1° del cuerpo colegiado) propusieron modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de instaurar un régimen de conjueces que puedan intervenir no sólo en juzgados, fiscalías y defensorías oficiales acéfalos, sino también en la Corte Suprema.

La semana pasada, los tres representantes de la bancada oficial en el CAM, Silvia Rojkés, Fernando Juri y Javier Pucharras, formularon una propuesta con un régimen alternativo al aportado por sus “compañeros”: que los nombres de los magistrados sustitutos surjan de las listas confeccionadas por el propio órgano de preselección, en el marco de los concursos de rigor para las coberturas definitivas.

Ambos proyectos prevén la participación del Consejo Asesor de la Magistratura. Más allá de esto, el titular del Colegio de Abogados, Marcelo Billone, le solicitó al oficialismo que no afecte “la independencia judicial”.

En la Justicia de Tucumán, el 20% de los cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales están acéfalos (49 de 234). Ese porcentaje no incluye a los casi 30 nuevos despachos laborales, en lo contencioso administrativo y de violencia doméstica que la Legislatura creó en diciembre pasado, en el marco de otras reformas.