Por Gustavo Rodríguez
27 Febrero 2017
Los vecinos de un barrio de Villa 9 de Julio se reúnen para tratar un tema que les preocupa: la inseguridad. Una mujer levanta la voz. Pide que todas las tardes se realicen controles en distintas partes de las avenidas Coronel Suárez y Martín Berho para frenar a los “motochorros”. Un hombre la interrumpe. “Esa medida va a perjudicar a los trabajadores porque la mayoría compra las motos por izquierda y no tienen los papeles”, dice molesto. Después de una breve discusión, se termina el encuentro.
Ese es tan solo un ejemplo de lo que ocurre en nuestra sociedad. Los tucumanos reclaman mayor seguridad, pero aportan muy poco. Si existe un mercado negro de motos y celulares robados es porque hay demanda. Los mismos que piden mano dura contra los que delinquen son los que pagan monedas para quedarse con algunos de esos productos sin importarles que podrían estar manchados con la sangre de sus dueños.
Más reflejos
En los últimos días, dos taxistas fueron detenidos por haber cometido asaltos. Otra vez está en duda si a los propietarios de los autos les preocupa saber a quién contratan como choferes. La Policía ya investiga una posible conexión entre choferes de ómnibus y asaltantes: sospechan que acuerdan para que jóvenes les quiten las pertenencias a los pasajeros. Otra pregunta: ¿alguien sabe por qué proliferaron las casas de telefonía celulares que anuncian que desbloquean teléfonos?
Los habitantes de esta provincia se visten de verdugos a la hora de hablar de inseguridad. Quieren sangre. Piden que las leyes sean más duras para que los que cometan delitos estén encerrados el mayor tiempo posible. Buscan esconder la basura bajo la alfombra o un repugnante calabozo. Esa teoría, propuesta por aquellos que están acostumbrados a violar normas elementales de convivencia, como no estacionar en lugares prohibidos o respetar las señales de tránsito, es una reacción espasmódica, no una solución de fondo. No piden que el devastado sistema carcelario intente darle un oficio a los reclusos para que sigan delinquiendo cuando salgan a la calle.
Tampoco apoyan a esas madres -en realidad las destrozan y las asesinan socialmente- que ruegan para que sus hijos puedan recuperarse de sus adicciones. La edad del 90% de los que cometen ilícitos oscila entre los 16 y 28 años, y el 80% de esos chicos consumen sustancias prohibidas. La pasada fue una semana extremadamente violenta: hubo cinco homicidios en cinco días. Cuatro de ellos estuvieron vinculados a drogas. Dos fueron ultimados por “transas”, uno falleció en una pelea entre bandas “narcos” y el restante fue ajusticiado por haber generado incidentes cuando estaba drogado. Aún así los tucumanos prefieren seguir pidiendo un policía para cada cuadra y no protestan para tratar de salvar a las generaciones que se están perdiendo por ese flagelo.
Oportunismo
Cómo puede abrir los ojos una sociedad si las autoridades los tienen vendados, por no decir que miran a otro lado. Hace una semana se conoció que el Gobierno estaba elaborando un proyecto de Ley para tratar de frenar el accionar de “motochorros”. Fue un reconocimiento del área de Seguridad de que se está ante un problema y que necesita de ayuda. Los fiscales, que entienden la preocupación porque palpan esa realidad diariamente, apoyaron la iniciativa, pero renovaron su pedido de que se intensifiquen los controles para que las modificaciones de las normas sean efectivas. Pero el debate en serio terminó ahí. Después salieron los legisladores a plantear una batalla política sin sentido. Los opositores macristas quedaron offside al criticarlo. Se olvidaron que la Nación está elaborando un borrador para modificar la Ley de Tránsito con cambios mucho más duros que los que proponen en la provincia. Los empresarios, a los que también se los incluyó en esta lucha, dijeron que no la apoyarán sin siquiera haber pedido una reunión para que se les explicara de qué se trata la medida. ¿Propuestas? Ninguna.
El intendente Germán Alfaro debió haberse tomado la cabeza cuando escuchó a su subdirector de Tránsito, Enrique Romero, despotricar contra la Policía y los funcionarios del área de Seguridad porque no realizan tareas de prevención y de control. Sus planteos no son descabellados, sí es bochornoso que lo haga uno de los principales responsables de combatir el festival de infracciones que cometen los motociclistas en la capital, el mismo que combate la venta callejeras de libros, pero que no dice ni una palabra de los que invaden las peatonales vendiendo CD’s truchos.
El proyecto de Ley generó tanta polémica que desde Casa de Gobierno tomaron algunos recaudos para evitar pagar un costo político. Varios confirmaron que Paul Hofer, secretario de Seguridad, será el encargado de dirigir un equipo de trabajo que elaborará el proyecto. Se estima que en unos 10 días estará en la Legislatura y Regino Amado, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, tendrá que hacer valer su cintura política para que se modifique todo lo que se crea conveniente. Por eso es muy probable que se anule el deseo de prohibir la circulación de dos hombres en una misma moto, y se siga adelante con la obligatoriedad del uso de chalecos refractivos. Los aportes que puedan brindar los empresarios está en veremos porque no está asegurada su presencia en el debate. El gobernador, Juan Manzur, y su vice, Osvaldo Jaldo, se mantendrán al margen. Sólo aparecerán para la foto si es que todos terminan conformes.
Lo único cierto en medio de todo este caos es que estamos perdiendo la chance de demostrar que han crecido como sociedad. Que los tucumanos están capacitados para discutir ideas a través de un proyecto. Que pueden aportar compromiso en una ley que, en definitiva, busca el bien común para todos. Y eso no es poco.
Ese es tan solo un ejemplo de lo que ocurre en nuestra sociedad. Los tucumanos reclaman mayor seguridad, pero aportan muy poco. Si existe un mercado negro de motos y celulares robados es porque hay demanda. Los mismos que piden mano dura contra los que delinquen son los que pagan monedas para quedarse con algunos de esos productos sin importarles que podrían estar manchados con la sangre de sus dueños.
Más reflejos
En los últimos días, dos taxistas fueron detenidos por haber cometido asaltos. Otra vez está en duda si a los propietarios de los autos les preocupa saber a quién contratan como choferes. La Policía ya investiga una posible conexión entre choferes de ómnibus y asaltantes: sospechan que acuerdan para que jóvenes les quiten las pertenencias a los pasajeros. Otra pregunta: ¿alguien sabe por qué proliferaron las casas de telefonía celulares que anuncian que desbloquean teléfonos?
Los habitantes de esta provincia se visten de verdugos a la hora de hablar de inseguridad. Quieren sangre. Piden que las leyes sean más duras para que los que cometan delitos estén encerrados el mayor tiempo posible. Buscan esconder la basura bajo la alfombra o un repugnante calabozo. Esa teoría, propuesta por aquellos que están acostumbrados a violar normas elementales de convivencia, como no estacionar en lugares prohibidos o respetar las señales de tránsito, es una reacción espasmódica, no una solución de fondo. No piden que el devastado sistema carcelario intente darle un oficio a los reclusos para que sigan delinquiendo cuando salgan a la calle.
Tampoco apoyan a esas madres -en realidad las destrozan y las asesinan socialmente- que ruegan para que sus hijos puedan recuperarse de sus adicciones. La edad del 90% de los que cometen ilícitos oscila entre los 16 y 28 años, y el 80% de esos chicos consumen sustancias prohibidas. La pasada fue una semana extremadamente violenta: hubo cinco homicidios en cinco días. Cuatro de ellos estuvieron vinculados a drogas. Dos fueron ultimados por “transas”, uno falleció en una pelea entre bandas “narcos” y el restante fue ajusticiado por haber generado incidentes cuando estaba drogado. Aún así los tucumanos prefieren seguir pidiendo un policía para cada cuadra y no protestan para tratar de salvar a las generaciones que se están perdiendo por ese flagelo.
Oportunismo
Cómo puede abrir los ojos una sociedad si las autoridades los tienen vendados, por no decir que miran a otro lado. Hace una semana se conoció que el Gobierno estaba elaborando un proyecto de Ley para tratar de frenar el accionar de “motochorros”. Fue un reconocimiento del área de Seguridad de que se está ante un problema y que necesita de ayuda. Los fiscales, que entienden la preocupación porque palpan esa realidad diariamente, apoyaron la iniciativa, pero renovaron su pedido de que se intensifiquen los controles para que las modificaciones de las normas sean efectivas. Pero el debate en serio terminó ahí. Después salieron los legisladores a plantear una batalla política sin sentido. Los opositores macristas quedaron offside al criticarlo. Se olvidaron que la Nación está elaborando un borrador para modificar la Ley de Tránsito con cambios mucho más duros que los que proponen en la provincia. Los empresarios, a los que también se los incluyó en esta lucha, dijeron que no la apoyarán sin siquiera haber pedido una reunión para que se les explicara de qué se trata la medida. ¿Propuestas? Ninguna.
El intendente Germán Alfaro debió haberse tomado la cabeza cuando escuchó a su subdirector de Tránsito, Enrique Romero, despotricar contra la Policía y los funcionarios del área de Seguridad porque no realizan tareas de prevención y de control. Sus planteos no son descabellados, sí es bochornoso que lo haga uno de los principales responsables de combatir el festival de infracciones que cometen los motociclistas en la capital, el mismo que combate la venta callejeras de libros, pero que no dice ni una palabra de los que invaden las peatonales vendiendo CD’s truchos.
El proyecto de Ley generó tanta polémica que desde Casa de Gobierno tomaron algunos recaudos para evitar pagar un costo político. Varios confirmaron que Paul Hofer, secretario de Seguridad, será el encargado de dirigir un equipo de trabajo que elaborará el proyecto. Se estima que en unos 10 días estará en la Legislatura y Regino Amado, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, tendrá que hacer valer su cintura política para que se modifique todo lo que se crea conveniente. Por eso es muy probable que se anule el deseo de prohibir la circulación de dos hombres en una misma moto, y se siga adelante con la obligatoriedad del uso de chalecos refractivos. Los aportes que puedan brindar los empresarios está en veremos porque no está asegurada su presencia en el debate. El gobernador, Juan Manzur, y su vice, Osvaldo Jaldo, se mantendrán al margen. Sólo aparecerán para la foto si es que todos terminan conformes.
Lo único cierto en medio de todo este caos es que estamos perdiendo la chance de demostrar que han crecido como sociedad. Que los tucumanos están capacitados para discutir ideas a través de un proyecto. Que pueden aportar compromiso en una ley que, en definitiva, busca el bien común para todos. Y eso no es poco.
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