23 Febrero 2017
La proximidad del comienzo de un nuevo período de sesiones en la Legislatura animó a la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) a insistir con una iniciativa de ley que viene impulsando desde 2013.
Patricia Manso y Zulma Brandán, presidenta y secretaria de la Federación, enviaron una nota al presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo. Le requirieron que se incluya de manera “prioritaria” en labor parlamentaria el proyecto de Ley de Ética Pública para su tratamiento en el recinto luego de que el 1° de marzo queden habilitadas las sesiones ordinarias.
El expediente 120-PL-13, de acuerdo con el sistema de consultas oficial de la Cámara (www.hlt.gov.ar), ingresó por mesa de entradas en mayo de 2013 y fue girado luego a la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales. Desde entonces se encuentra en ese ámbito. La iniciativa había sido presentada por el ex legislador José Páez (Democracia Cristiana).
La entidad inició en paralelo una campaña para requerir a los parlamentarios que aprueben la norma “con el objetivo de lograr que la ética y la moral invadan el accionar público y la transparencia sea el signo rector de los procedimientos vigentes en las políticas del estado, y de los sectores sociales de la comunidad”.
También reúne firmas de ciudadanos mediante el sitio de internet “www.change.org” para que el tratamiento se concrete.
Feput consideró que la norma constituye un elemento fundamental para la transparencia del accionar de los integrantes de los tres poderes del Estado y de los organismos de control en cuanto al manejo de fondos públicos.
Entre los puntos esenciales de la propuesta se encuentra la obligación de la presentación y publicación de las declaraciones juradas cuando la persona ingrese y salga de la función pública. Plantea, además, la incompatibilidad de que los funcionarios o sus familiares sean proveedores o contratistas del estado. En otro de los artículos prevé la incorporación voluntaria del cumplimiento de los directivos y funcionarios de los colegios y asociaciones profesionales y gremiales, como también de otras organizaciones no gubernamentales, que manejan intereses públicos.
En los últimos años se han presentado en la Cámara media docena de iniciativas similares, la mayoría por parte de la oposición. Ninguna prosperó. En Tucumán rige desde 1973 la Ley N° 3.981, que obliga a los funcionarios a confeccionar declaraciones cuando asumen. Esos documentos, sin embargo, son secretos (están en sobre lacrado), y sólo se puede acceder mediante un fallo judicial.
Patricia Manso y Zulma Brandán, presidenta y secretaria de la Federación, enviaron una nota al presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo. Le requirieron que se incluya de manera “prioritaria” en labor parlamentaria el proyecto de Ley de Ética Pública para su tratamiento en el recinto luego de que el 1° de marzo queden habilitadas las sesiones ordinarias.
El expediente 120-PL-13, de acuerdo con el sistema de consultas oficial de la Cámara (www.hlt.gov.ar), ingresó por mesa de entradas en mayo de 2013 y fue girado luego a la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales. Desde entonces se encuentra en ese ámbito. La iniciativa había sido presentada por el ex legislador José Páez (Democracia Cristiana).
La entidad inició en paralelo una campaña para requerir a los parlamentarios que aprueben la norma “con el objetivo de lograr que la ética y la moral invadan el accionar público y la transparencia sea el signo rector de los procedimientos vigentes en las políticas del estado, y de los sectores sociales de la comunidad”.
También reúne firmas de ciudadanos mediante el sitio de internet “www.change.org” para que el tratamiento se concrete.
Feput consideró que la norma constituye un elemento fundamental para la transparencia del accionar de los integrantes de los tres poderes del Estado y de los organismos de control en cuanto al manejo de fondos públicos.
Entre los puntos esenciales de la propuesta se encuentra la obligación de la presentación y publicación de las declaraciones juradas cuando la persona ingrese y salga de la función pública. Plantea, además, la incompatibilidad de que los funcionarios o sus familiares sean proveedores o contratistas del estado. En otro de los artículos prevé la incorporación voluntaria del cumplimiento de los directivos y funcionarios de los colegios y asociaciones profesionales y gremiales, como también de otras organizaciones no gubernamentales, que manejan intereses públicos.
En los últimos años se han presentado en la Cámara media docena de iniciativas similares, la mayoría por parte de la oposición. Ninguna prosperó. En Tucumán rige desde 1973 la Ley N° 3.981, que obliga a los funcionarios a confeccionar declaraciones cuando asumen. Esos documentos, sin embargo, son secretos (están en sobre lacrado), y sólo se puede acceder mediante un fallo judicial.
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