El gobernador promulga la ley del Ministerio Público

El Gobierno de Juan Manzur puso en vigencia la norma que divide al Ministerio Público, y lo emancipa de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en cuanto al manejo del dinero y del personal. El jefe del Poder Ejecutivo promulgó la ley 48 horas hábiles después de su sanción con el número 8.983. El texto que crea y reorganiza los ministerios públicos Fiscal, y Pupilar y de la Defensa fue publicado en la edición de ayer del Boletín Oficial.

Por disposición expresa de la norma, Edmundo Jiménez, quien encabezaba el Ministerio Público unificado y subordinado administrativamente al alto tribunal, quedó al mando del órgano de los fiscales, que en el ámbito de la Justicia penal ejerce la función de acusar. La ley otorga al gobernador Manzur la potestad discrecional para designar al ministro de la Defensa con acuerdo de la Legislatura, aunque no precisa cuáles son los requisitos para ejercer la jefatura de los defensores. En la Justicia y los poderes políticos se barajan varios candidatos para este cargo, entre ellos, Marcelo Caponio, el legislador oficialista que impulsó la partición del Ministerio Público y la seguidilla de reformas judiciales concretadas desde el año pasado; Fernando Poviña, codefensor de Manzur y padre del juez federal N°2, Fernando Luis Poviña, y Washington Navarro Dávila, fiscal N°5 de esta capital.

Mientras se desarrolla el proceso de designación del titular del Ministerio Público Pupilar y de la Defensa, Jiménez ya puede empezar a ejercer las máximas atribuciones que le concede la Ley 8.983 aprobada en la sesión del jueves pasado con distintos niveles de rechazo por parte de la oposición. El ministro de Gobierno y de Justicia histórico de la gestión de José Alperovich dispone de potestades para nombrar en forma discrecional a dos nuevas figuras: los fiscales generales y adjuntos, que respectivamente actúan como colaboradores del ministro público y de los fiscales en funciones. La Ley 8.983 faculta a Jiménez para solicitar la designación de fiscales regionales con mandato de ocho años renovable y atribuciones para supervisar el trabajo del Ministerio Público en las distintas circunscripciones territoriales. Originalmente estos fiscales coordinadores iban a ser designados por el gobernador en forma discrecional, pero, durante la discusión en el recinto, el bloque mayoritario aceptó preseleccionarlos por medio de los concursos que organiza el Consejo Asesor de la Magistratura.

La actuación de los fiscales generales, regionales y adjuntos en principio está ligada a la puesta en marcha del Código Procesal Penal sancionado en octubre. Se supone que este digesto debe entrar en vigor en septiembre, pero en el Poder Judicial abundan las dudas -presupuestarias y edilicias- sobre la posibilidad de cumplir el plazo estipulado. La ley, sin embargo, no condiciona a Jiménez, que además designará al resto de su personal y controlará la disciplina incluso de los magistrados, atribuciones que antes dependían de la Corte de una forma u otra. La forma de plasmar estos cambios pronunciados genera expectativa puesto que el ministro público no publica sus resoluciones ni dictámenes, a diferencia de la Corte, que en 2013 decidió hacer públicas las acordadas dictadas en adelante y desde 2011, cuando el vocal Daniel Posse completó la composición actual del alto tribunal.

“Palos en la rueda”

El manejo del personal y del presupuesto del Ministerio Público había sido fuente de conflictos en la cúpula judicial. En numerosas ocasiones desde 2014, cuando Jiménez llegó a los Tribunales, la Corte dijo que tenía la última palabra en la faceta administrativa en virtud del artículo 121 de la Constitución provincial. Esta situación llevó a algunos legisladores opositores a advertir que la Ley 8.983 era inconstitucional y que, por ello, terminaría judicializada.

“Señor gobernador, la Legislatura se apartó del modelo de la provincia de Santa Fe que había seguido (en materia procesal penal) casualmente a la hora de definir las funciones del ministro fiscal y aprobó una ley que otorga a Jiménez superpoderes vitalicios sin parangón en el territorio argentino”, dijeron este lunes los legisladores radicales José María Canelada y Adela Estofán de Terraf a Manzur mediante una nota en la que solicitaban el veto total de la norma. Canelada y Estofán de Terraf expresaron que les asustaba el alto nivel de discrecionalidad depositado en las manos de Jiménez y vaticinaron que la puesta en vigor de la ley suponía fortalecer la impunidad. “No pueden soslayarse las acusaciones que pesan sobre el ministro público, a quien su partido ahora le ha dado superpoderes para decidir a quién se va a investigar y cómo”, manifestaron.

Jiménez desmintió que hubiese “superpoderes ni nada extraño” en la nueva ley. “Es necesario que trabajemos juntos y que no pongamos obstáculos ni ‘palos en la rueda”, dijo en la defensa de la norma sancionada el jueves. Además, solicitó que el nuevo Código Procesal Penal sea implementado en el término establecido. El mismo lunes pasado, Manzur opinó por su cuenta que la norma controvertida iba a fortalecer al Poder Judicial y a su independencia.

Convocatoria "en defensa de la República"

PERONISTAS DISIDENTES DIJERON QUE EL PODER POLÍTICO HABÍA CONSUMADO UN “GOLPE INSTITUCIONAL”

Oscar López y Jesús Pellasio, peronistas disidentes nucleados en el partido Fe, convocaron a la comunidad a organizarse “en defensa del orden republicano” con el convencimiento de que la reorganización del Ministerio Público instada por el oficialismo implica la consumación de un “golpe institucional”. “La situación de gravedad adquirió tal magnitud que no nos queda más alternativa que reaccionar y resistir juntos: necesitamos organizarnos como comunidad para restablecer la independencia judicial y la división de poderes”, explicó López ayer. El abogado comentó que el otorgamiento de superpotestades al ministro público fiscal Edmundo Jiménez implicaba un atentado contra la Justicia y la pretensión de sepultar todo intento de investigación de la corrupción. López y Pellasio llamaron a las fuerzas políticas, entidades democráticas y ciudadanos comunes a participar de la reunión programada para el jueves 1 de marzo a las 10.30 en la sede de Fe (Buenos Aires 408 de esta ciudad) con el fin de determinar un plan de acción.