18 Febrero 2017
La senadora Silvia Elías de Pérez (Cambiemos) opinó que la reorganización del Ministerio Público aprobada en la sesión legislativa extraordinaria del jueves es un golpe de gracia para la institucionalidad de Tucumán. “El oficialismo puso fin a la independencia de la Justicia. Le dio superpoderes a Edmundo Jiménez, ex funcionario alperovichista acusado de usar el aparato punitivo del Estado para destrabar conflictos de índole patrimonial en los que estaban metidos sus hijos”, expresó Elías de Pérez en referencia a las denuncias no esclarecidas de Roxana Teves.
Pese a las críticas y a los vaticinios de inconstitucionalidad, el bloque mayoritario impuso su número para sancionar la ley que separó el Ministerio Público Fiscal del Ministerio Público Pupilar y de la Defensa. Cada uno de estos órganos -Jiménez quedará a cargo de la comandancia de los fiscales- fue facultado para ejercer atribuciones amplísimas respecto del manejo del personal (incluidos los jueces) y de los recursos. Por disposición de la Constitución de Tucumán, esas potestades antes estaban en manos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. En el recinto, el oficialismo desistió de conceder al Gobierno el derecho de nombrar fiscales y defensores regionales (coordinadores) sin concurso: aún así, la ley aprobada con diferentes niveles de rechazo por parte de la oposición autoriza a Jiménez y a su homólogo de la Defensa (será nombrado por el gobernador Juan Manzur) a designar fiscales y defensores generales y adjuntos en forma discrecional.
“Sin importarles el pueblo, y buscando garantizar la impunidad de allegados y funcionarios públicos, los legisladores oficialistas han puesto el broche de oro a la siniestra matriz de corrupción ideada por José Alperovich”, arremetió Elías de Pérez. La senadora pronosticó que los superpoderes entregados a Jiménez harán más difícil todavía investigar al poder: “jamás prosperarán las próximas causas ‘DAU’, o las denuncias que involucren a los poderosos, a sus amigos y a sus familiares”.
Pese a las críticas y a los vaticinios de inconstitucionalidad, el bloque mayoritario impuso su número para sancionar la ley que separó el Ministerio Público Fiscal del Ministerio Público Pupilar y de la Defensa. Cada uno de estos órganos -Jiménez quedará a cargo de la comandancia de los fiscales- fue facultado para ejercer atribuciones amplísimas respecto del manejo del personal (incluidos los jueces) y de los recursos. Por disposición de la Constitución de Tucumán, esas potestades antes estaban en manos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. En el recinto, el oficialismo desistió de conceder al Gobierno el derecho de nombrar fiscales y defensores regionales (coordinadores) sin concurso: aún así, la ley aprobada con diferentes niveles de rechazo por parte de la oposición autoriza a Jiménez y a su homólogo de la Defensa (será nombrado por el gobernador Juan Manzur) a designar fiscales y defensores generales y adjuntos en forma discrecional.
“Sin importarles el pueblo, y buscando garantizar la impunidad de allegados y funcionarios públicos, los legisladores oficialistas han puesto el broche de oro a la siniestra matriz de corrupción ideada por José Alperovich”, arremetió Elías de Pérez. La senadora pronosticó que los superpoderes entregados a Jiménez harán más difícil todavía investigar al poder: “jamás prosperarán las próximas causas ‘DAU’, o las denuncias que involucren a los poderosos, a sus amigos y a sus familiares”.
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