16 Febrero 2017
El director general de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, fue imputado por el fiscal federal Ramiro González por la presunta comisión del delito de apología del delito a raíz de sus dichos sobre la última dictadura militar.
La decisión del integrante del Ministerio Público Fiscal se da en el marco de la denuncia que habían realizado diputados del Frente para la Victoria contra el funcionario nacional, informaron a la agencia NA fuentes judiciales.
"No fue un plan sistemático para desaparecer personas, ni un genocidio", había manifestado el exmilitar que participó de los levantamientos "carapintadas" durante el Gobierno de Raúl Alfonsín.
Los legisladores kirchneristas Héctor Recalde, María Teresa García, Marcos Cleri, Diana Conti, Carlos Castagneto y Rodolfo Tailhade habían realizado la presentación luego de esos dichos y había manifestado que "no caben dudas que esta postura oficial es de una gravedad institucional preocupante porque, no sólo lesiona la imagen del país en los foros mundiales en materia de defensa de los Derechos Humanos, sino que además es un retroceso en la construcción de una sociedad con Memoria, Verdad y Justicia".
El director general de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, fue imputado por el fiscal federal Ramiro González por la presunta comisión del delito de apología del delito a raíz de sus dichos sobre la última dictadura militar.
La decisión del integrante del Ministerio Público Fiscal se da en el marco de la denuncia que habían realizado diputados del Frente para la Victoria contra el funcionario nacional, informaron fuentes judiciales citadas por Ambito.com.
"No fue un plan sistemático para desaparecer personas, ni un genocidio", había manifestado el exmilitar que participó de los levantamientos "carapintadas" durante el Gobierno de Raúl Alfonsín.
Los legisladores kirchneristas Héctor Recalde, María Teresa García, Marcos Cleri, Diana Conti, Carlos Castagneto y Rodolfo Tailhade habían realizado la presentación luego de esos dichos y había manifestado que "no caben dudas que esta postura oficial es de una gravedad institucional preocupante porque, no sólo lesiona la imagen del país en los foros mundiales en materia de defensa de los Derechos Humanos, sino que además es un retroceso en la construcción de una sociedad con Memoria, Verdad y Justicia".
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