16 Febrero 2017
IDEÓLOGO DE LAS REFORMAS EN LA JUSTICIA. El oficialista Marcelo Caponio durante una sesión legislativa. la gaceta / FOTO DE Antonio Ferroni (archivo)
Los legisladores celebrarán hoy una sesión extraordinaria en la que tienen previsto dividir el actual Ministerio Público Fiscal y Pupilar en dos órganos, y rectificar la reforma de la Justicia laboral acometida en diciembre (Ver: “Rectificarán la reforma procesal laboral”). El proyecto de ley que coloca las facultades de acusar y de defender en instituciones separadas otorga al Poder Ejecutivo (PE) la potestad de designar en forma discrecional y por ocho años renovables a quienes desempeñarán el rol de fiscales y defensores regionales (especie de coordinadores). La iniciativa impulsada por el oficialismo otorga a los titulares de los respectivos ministerios las atribuciones presupuestarias y de disciplina que ejercía la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La oposición, que admitió la necesidad de partir el órgano a cargo de Edmundo Jiménez, rechazó los nombramientos sin concurso y anticipó que el proyecto viola la Constitución de Tucumán.
La iniciativa oficialista supone la cuarta modificación sustantiva a la organización judicial en los últimos dos meses y, al igual que las anteriores, fue concebida por el legislador Marcelo Caponio (FpV). En diciembre y durante la penúltima sesión de 2016, el bloque mayoritario creó la doble instancia en los fueros del trabajo y en lo contencioso administrativo, y agravó el régimen de destitución de los magistrados al disponer la suspensión automática de quienes sean acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento. La intención de implementar de inmediato el primero de estos tres cambios generó polémicas, críticas y judicializaciones.
La división del Ministerio Público es un requerimiento para aplicar el Código Procesal Penal sancionado en octubre después de casi cuatro años de discusión y cuya entrada en vigencia está programada para septiembre (en 2014, la Corte ya había intentado infructuosamente avanzar con la creación de un órgano exclusivo para la defensa). En principio, el proyecto de ley iba a ser aprobado en diciembre, pero la oposición consiguió que vuelva a la comisión sin que ello haya implicado reformulaciones signficativas. Los legisladores Claudio Viña (FR), Stella Maris Córdoba (Peronismo del Bicentenario) y Fernando Valdez (UCR) firmaron ayer un dictamen en minoría durante la reunión de la comisión de Seguridad y Justicia que preside el oficialista Javier Pucharras, y completan los justicialistas Caponio, Pablo Alfaro y Graciela Gutiérrez.
A grandes rasgos, la mayoría quiere crear dos órganos mellizos con importancia decisiva para la Justicia penal: el Ministerio Público Fiscal, y el Ministerio Público Pupilar y de la Defensa. El PE nombrará a los dos ministros con acuerdo legislativo, como lo hacía respecto del titular del Ministerio Público unificado: idéntico método será aplicable al nombramiento de fiscales y defensores regionales, que coordinarán a los fiscales y defensores en que actúen en su territorio. Aunque la versión final de la propuesta nada dice, en la Legislatura y la Justicia dan por hecho que Jiménez se quedará con la jefatura de los fiscales. Cada ministro podrá, a su vez, designar “a dedo” a los fiscales y defensores generales (especie de suplentes) y adjuntos. También habrá defensores auxiliares escogidos por el ministro o la Corte, según la competencia (ver “Aparecen nuevas figuras”).
Cada ministerio asumirá el control total de sus fondos y del personal (ingreso y disciplina), facultades antes en cabeza de la Corte. Al respecto, el legislador Valdez expresó: “el proyecto es inconstitucional porque desconoce que el Ministerio Público está dentro del Poder Judicial y será judicializado. El Código Procesal Penal es una buena ley, ¿por qué mancharla así?”.
MINISTRO FISCAL Y DE LA DEFENSA.- Cabezas de los respectivos ministerios. Serán nombrados por el Poder Ejecutivo (PE) con acuerdo de la Legislatura.
FISCAL Y DEFENSOR GENERALES.- Manos derechas de los ministros y eventuales representantes. Serán nombrados en forma directa por sus respectivos jefes.
FISCAL Y DEFENSOR REGIONALES.- Tendrán facultades de coordinación en el territorio asignado. Serán designados “a dedo” por el PE con acuerdo de la Legislatura y durarán ocho años en sus cargos con posibilidad de renovación.
FISCAL Y DEFENSOR ADJUNTOS.-Ayudarán a los fiscales y defensores titulares. Serán nombrados por los ministros.
Defensor oficial auxiliar.- Son equiparables a los defensores en funciones. Los penales serán designados por el titular del Ministerio correspondiente mientras que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán eligirá a los defensores auxiliares civiles y laborales.
La iniciativa oficialista supone la cuarta modificación sustantiva a la organización judicial en los últimos dos meses y, al igual que las anteriores, fue concebida por el legislador Marcelo Caponio (FpV). En diciembre y durante la penúltima sesión de 2016, el bloque mayoritario creó la doble instancia en los fueros del trabajo y en lo contencioso administrativo, y agravó el régimen de destitución de los magistrados al disponer la suspensión automática de quienes sean acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento. La intención de implementar de inmediato el primero de estos tres cambios generó polémicas, críticas y judicializaciones.
La división del Ministerio Público es un requerimiento para aplicar el Código Procesal Penal sancionado en octubre después de casi cuatro años de discusión y cuya entrada en vigencia está programada para septiembre (en 2014, la Corte ya había intentado infructuosamente avanzar con la creación de un órgano exclusivo para la defensa). En principio, el proyecto de ley iba a ser aprobado en diciembre, pero la oposición consiguió que vuelva a la comisión sin que ello haya implicado reformulaciones signficativas. Los legisladores Claudio Viña (FR), Stella Maris Córdoba (Peronismo del Bicentenario) y Fernando Valdez (UCR) firmaron ayer un dictamen en minoría durante la reunión de la comisión de Seguridad y Justicia que preside el oficialista Javier Pucharras, y completan los justicialistas Caponio, Pablo Alfaro y Graciela Gutiérrez.
A grandes rasgos, la mayoría quiere crear dos órganos mellizos con importancia decisiva para la Justicia penal: el Ministerio Público Fiscal, y el Ministerio Público Pupilar y de la Defensa. El PE nombrará a los dos ministros con acuerdo legislativo, como lo hacía respecto del titular del Ministerio Público unificado: idéntico método será aplicable al nombramiento de fiscales y defensores regionales, que coordinarán a los fiscales y defensores en que actúen en su territorio. Aunque la versión final de la propuesta nada dice, en la Legislatura y la Justicia dan por hecho que Jiménez se quedará con la jefatura de los fiscales. Cada ministro podrá, a su vez, designar “a dedo” a los fiscales y defensores generales (especie de suplentes) y adjuntos. También habrá defensores auxiliares escogidos por el ministro o la Corte, según la competencia (ver “Aparecen nuevas figuras”).
Cada ministerio asumirá el control total de sus fondos y del personal (ingreso y disciplina), facultades antes en cabeza de la Corte. Al respecto, el legislador Valdez expresó: “el proyecto es inconstitucional porque desconoce que el Ministerio Público está dentro del Poder Judicial y será judicializado. El Código Procesal Penal es una buena ley, ¿por qué mancharla así?”.
MINISTRO FISCAL Y DE LA DEFENSA.- Cabezas de los respectivos ministerios. Serán nombrados por el Poder Ejecutivo (PE) con acuerdo de la Legislatura.
FISCAL Y DEFENSOR GENERALES.- Manos derechas de los ministros y eventuales representantes. Serán nombrados en forma directa por sus respectivos jefes.
FISCAL Y DEFENSOR REGIONALES.- Tendrán facultades de coordinación en el territorio asignado. Serán designados “a dedo” por el PE con acuerdo de la Legislatura y durarán ocho años en sus cargos con posibilidad de renovación.
FISCAL Y DEFENSOR ADJUNTOS.-Ayudarán a los fiscales y defensores titulares. Serán nombrados por los ministros.
Defensor oficial auxiliar.- Son equiparables a los defensores en funciones. Los penales serán designados por el titular del Ministerio correspondiente mientras que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán eligirá a los defensores auxiliares civiles y laborales.
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