14 Febrero 2017
BUENOS AIRES.- El fiscal federal Ramiro González imputó ayer por tráfico de influencias a los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, a raíz de la difusión de la transcripción de una supuesta escucha telefónica en la que hablan de influir sobre una decisión del juez federal Sebastián Casanello, según informaron fuentes judiciales.
Se trata de una investigación que se abrió por la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lome, a raíz de la charla que se hizo pública a través de TN, en la que Parrilli le pide el 22 de abril último a Mena que hable con el ex secretario de Justicia kirchnerista Julián Alvarez para intermediar ante el juez Sebastián Casanello por la situación procesal del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en la causa por lavado de dinero, en la que está detenido el empresario Lázaro Báez.
La grabación se hizo en el marco de otra causa, por disposición de la jueza María Servini de Cubría, cuando investigaba un robo de documentación en la SIDE.
En la escucha, Parrilli habla con Mena y le cuenta que Echegaray lo había llamado preocupado por su situación en la causa por la “ruta del dinero K” y le pedía interceder ante Casanello.
“Me avisan que el juez tiene una versión como para procesarme. ¿Vos creés? ¿Puede ser eso?”, le preguntó Echegaray a Parrilli y agregó: “Por lo que averigüé, el tipo (por Casanello) me quiere procesar por nada”.
A eso Parrilli respondió que a Casanello lo había visto al hacerle una denuncia al espía Antonio Stiuso, que le parecía que el magistrado era “un flojito” y era “presionable”. Y añadió: “Hay mucha presión mediática, se deja presionar por los medios, es un pelotudo”.
Tras recordar que el vínculo con el juez era a través de Julián Alvarez y prometer intervenir, Parrilli se comunicó con Mena para decirle que Casanello tenía “contra las cuerdas” a Echegaray, por lo que el segundo en Inteligencia se compromete a llamar al ex secretario de Justicia “K”.
En tanto, la AFI volvió a desmentir “en forma categórica” las acusaciones en su contra por la supuesta “difusión pública de comunicaciones telefónicas” vinculadas a la ex presidenta Cristina Fernández y Parrilli.
“Desde el inicio de su gestión, las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia han desarrollado las tareas propias de sus misiones y funciones, así como aquellas encomendadas por las autoridades judiciales”, dijo la AFI en un comunicado. Y resaltó que cumplió “en todos los casos la debida custodia, resguardo, reserva y confidencialidad que las citadas normas establecen”.
El ex jefe de inteligencia fue procesado la semana pasada por encubrimiento agravado del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, en el marco de una causa en donde se difundieron conversaciones entre el ex funcionario y la ex presidenta.
Por esa difusión, Cristina Kirchner denunció que estaba siendo espiada por el Gobierno de Mauricio Macri y acusó al juez del caso, Ariel Lijo; al fiscal Guillermo Marijuan, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y al actual jefe de la AFI, Gustavo Arribas.
La denuncia la hizo en los tribunales federales de Río Gallegos, representada por su sobrina, Romina Mercado, y allí la fiscalía impulsó la acción penal, mientras que el juez federal subrogante Javier Leal de Ibarra se excusó de intervenir precisamente por ser uno de los responsables de las escuchas telefónicas que se disponen en la Justicia, a cargo de la Corte, y lo derivó a otro magistrado.
Mientras, Parrilli presentó ayer un escrito en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral para ampliar la denuncia por las escuchas difundidas de manera ilegal y consideró el hecho como “el escándalo de espionaje político más espectacular de la historia democrática argentina”.
En el escrito, se acusa como responsables al juez Ricardo Lorenzetti, a los camaristas encargados de las escuchas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, al responsable del área Tomás Rodríguez Ponte y a los jefes de la ex SIDE Arribas y Silvia Majdalani, y se solicita el allanamiento del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM) para establecer la existencia de las llamadas “pre-causas” y si alguna de ellas justificó las interceptaciones telefónicas denunciadas. (DyN)
Se trata de una investigación que se abrió por la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lome, a raíz de la charla que se hizo pública a través de TN, en la que Parrilli le pide el 22 de abril último a Mena que hable con el ex secretario de Justicia kirchnerista Julián Alvarez para intermediar ante el juez Sebastián Casanello por la situación procesal del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en la causa por lavado de dinero, en la que está detenido el empresario Lázaro Báez.
La grabación se hizo en el marco de otra causa, por disposición de la jueza María Servini de Cubría, cuando investigaba un robo de documentación en la SIDE.
En la escucha, Parrilli habla con Mena y le cuenta que Echegaray lo había llamado preocupado por su situación en la causa por la “ruta del dinero K” y le pedía interceder ante Casanello.
“Me avisan que el juez tiene una versión como para procesarme. ¿Vos creés? ¿Puede ser eso?”, le preguntó Echegaray a Parrilli y agregó: “Por lo que averigüé, el tipo (por Casanello) me quiere procesar por nada”.
A eso Parrilli respondió que a Casanello lo había visto al hacerle una denuncia al espía Antonio Stiuso, que le parecía que el magistrado era “un flojito” y era “presionable”. Y añadió: “Hay mucha presión mediática, se deja presionar por los medios, es un pelotudo”.
Tras recordar que el vínculo con el juez era a través de Julián Alvarez y prometer intervenir, Parrilli se comunicó con Mena para decirle que Casanello tenía “contra las cuerdas” a Echegaray, por lo que el segundo en Inteligencia se compromete a llamar al ex secretario de Justicia “K”.
En tanto, la AFI volvió a desmentir “en forma categórica” las acusaciones en su contra por la supuesta “difusión pública de comunicaciones telefónicas” vinculadas a la ex presidenta Cristina Fernández y Parrilli.
“Desde el inicio de su gestión, las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia han desarrollado las tareas propias de sus misiones y funciones, así como aquellas encomendadas por las autoridades judiciales”, dijo la AFI en un comunicado. Y resaltó que cumplió “en todos los casos la debida custodia, resguardo, reserva y confidencialidad que las citadas normas establecen”.
El ex jefe de inteligencia fue procesado la semana pasada por encubrimiento agravado del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, en el marco de una causa en donde se difundieron conversaciones entre el ex funcionario y la ex presidenta.
Por esa difusión, Cristina Kirchner denunció que estaba siendo espiada por el Gobierno de Mauricio Macri y acusó al juez del caso, Ariel Lijo; al fiscal Guillermo Marijuan, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y al actual jefe de la AFI, Gustavo Arribas.
La denuncia la hizo en los tribunales federales de Río Gallegos, representada por su sobrina, Romina Mercado, y allí la fiscalía impulsó la acción penal, mientras que el juez federal subrogante Javier Leal de Ibarra se excusó de intervenir precisamente por ser uno de los responsables de las escuchas telefónicas que se disponen en la Justicia, a cargo de la Corte, y lo derivó a otro magistrado.
Mientras, Parrilli presentó ayer un escrito en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral para ampliar la denuncia por las escuchas difundidas de manera ilegal y consideró el hecho como “el escándalo de espionaje político más espectacular de la historia democrática argentina”.
En el escrito, se acusa como responsables al juez Ricardo Lorenzetti, a los camaristas encargados de las escuchas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, al responsable del área Tomás Rodríguez Ponte y a los jefes de la ex SIDE Arribas y Silvia Majdalani, y se solicita el allanamiento del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM) para establecer la existencia de las llamadas “pre-causas” y si alguna de ellas justificó las interceptaciones telefónicas denunciadas. (DyN)
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