Posse: “estamos preocupados porque el gobernador no designa jueces”

Faltan jueces. Ello se advierte con una mirada a la actividad del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) que preside Daniel Posse, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El órgano encargado de organizar los concursos públicos para preseleccionar magistrados empieza 2017 con 49 procesos abiertos. Y sólo por las últimas reformas a la organización judicial podría sumar 32 concursos más (para los fueros del trabajo, en lo contencioso administrativo y de violencia doméstica). La perspectiva resulta aplastante si se considera que el plantel de magistrados constaba hasta comienzos de diciembre de 234 cargos y que el gobernador Juan Manzur sólo nombró jueces una vez. Desde mayo, nueve ternas elaboradas por el CAM esperan una definición. “Todos estamos preocupados porque el gobernador no designa jueces”, confesó Posse durante una entrevista con LA GACETA.

-¿A qué atribuye esta renuencia a llenar las vacantes judiciales?

-No quiero usar el término “renuencia” porque se trata de una facultad del Poder Ejecutivo que no tiene plazo legal. Por supuesto que estamos preocupados en la Corte, y que esta inquietud existe entre los jueces y los legisladores también. Acabo de hablar con el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad (Regino Amado), a quien pedí que transmita mi preocupación personal al gobernador.


-¿Y qué respondió el ministro?

-Que tratarán de resolverlo este mes.

-¿Cómo hará el Consejo para concursar los más de 30 cargos creados en diciembre?

-Para ganar tiempo, preguntaremos a la Corte si existe previsión presupuestaria para las nuevas oficinas.

-Claro, porque incorporar ese volumen de trabajo significaría...

-Un colapso. Es imposible tramitar ya esos concursos bien y rápido.

-¿Y si la Corte dice: “no tenemos ni edificios ni personal para los nuevos cargos”?

-La Corte deberá consultar al Ejecutivo si es que va a haber plata o no. Cada unidad jurisdiccional cuesta un millón de pesos al mes. No sé que dirá el Gobierno, pero nos dará tiempo para acomodarnos. Con los cargos laborales no vamos a poder hacernos los tontos porque nos queda un fuero totalmente descompensado. En la capital hay 12 camaristas y sólo seis juzgados, de los que funcionan cuatro porque dos están vacantes. Otros dos jueces laborales posiblemente se jubilen, así que estamos en una situación apremiante.

-En 2016 se barajaron varios proyectos de ley para recuperar la posibilidad de hacer un solo concurso para varios cargos. ¿Saldrá?

-Hay dos ideas presentadas. En reiteradas oportunidades he pedido que las tratemos, sin conseguirlo todavía, pero voy a intentarlo en la próxima sesión del Consejo. ¿Qué es lo que pasa? Esos proyectos son como expresiones de deseo porque hace falta modificar la ley. Uno es de (los consejeros Carlos) Caramuti y de (José) Dantur, y otro es mío, pero no son tan distintos y yo podría adherir al de ellos. Pero noto ahí una resistencia en los consejeros de la Legislatura, que no parecen muy convencidos pese a que ellos conocen la necesidad y que nos permitiría ahorrar dinero. Pero tampoco nos dicen que no.

-Todo parece encaminado a la creación de un régimen de jueces subrogantes externos (hoy los jueces en funciones cubren las acefalías con una retribución adicional).

-Mi idea es que los magistrados subrogantes surjan de las ternas que elabora el CAM, pero que esto no implique sumar antecedentes (a los efectos de otros concursos) porque estaríamos creando desigualdades. Estos candidatos ya pasaron por todo un proceso de preselección previo donde demostraron que pueden ser jueces. No sería una designación “a dedo”. Pienso en quienes ya ganaron varios concursos, como Claudia Méndez, Carlos López y Juan Carlos Nacul.

-El CAM detectó en 2016 que un concursante, Leandro Molinuevo, había ido a la prueba con fallos atinentes al caso que debía resolver. ¿Hubo una investigación?

-Él aceptó (la situación) y fue excluido del concurso. No hacía falta investigar mucho. Informalmente le pedí que no vuelva a presentarse mientras yo sea presidente.

-¿No hubo una indagación en el jurado a cargo de la oposición?

-Hay todo un tema ahí. Nos propusimos mejorar los jurados, y empezamos a elegirlos por sorteo y a pagarles, además de que hay más evaluadores de afuera. Hacemos todo lo que podemos pero siempre hay riesgos. Creemos en la buena fe de la gente. Y estamos tomando todas las precauciones para que no se repita lo de Molinuevo.

-¿Qué saldo quedó de la discusión sobre los viajes oficiales?

-Los viajes oficiales no son viajes de placer, sino para firmar convenios. Algunos consejeros se opusieron porque se avisaban sin margen de tiempo y porque la comitiva era numerosa. Pero el CAM está integrado por distintos estamentos (jueces, abogados, legisladores y representantes de la Corte) y para nosotros es una fortaleza representar esta composición en los ámbitos que visitamos. Siempre sostuve que los traslados oficiales son una inversión, pero, bueno, si se diera un viaje por ejemplo a Europa, creo que los consejeros tendrían que pagarlo de su bolsillo.

-¿Es una cuestión de distancia?

-Sí, si hay más distancia y tiempo, los consejeros deberían afrontar los gastos de pasaje y estadía.

-El CAM arrastra la disputa por el concurso de la Dirección Académica. La Justicia dijo que, hasta que se dilucide, Fernando Ganami ocupará el cargo provisoriamente. ¿Qué opina?

-Ese concurso se discute desde 2015. No sé cuánto tiempo demorará el juicio (está en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo). Con Fernando tengo una excelente relación. Lo conozco: es un tipo muy trabajador, muy inteligente y muy capaz, y no es bueno que sea director provisorio; pero, bueno, tenemos una cautelar que indica eso exactamente.

-En diciembre vence su mandato en el CAM, ¿se quedará un período más?

-Dependerá mucho de cómo funcione el Consejo este año y de si no estoy muy agotado en términos de esfuerzo. Si veo que llego a finales de 2017 agotado y con las pilas gastadas, bueno... Acá (en la Corte) hay cinco (vocales) y siempre somos tres los que estamos en condiciones de ir ahí.