10 Febrero 2017
COMPLICADO. Franco Macri, padre del Presidente, ya había sido blanco de denuncias por cuentas off shore. REUTERS (archivo)
BUENOS AIRES.- El Gobierno del presidente Mauricio Macri propuso perdonar una deuda de $ 70.000 millones (U$S 4.400 millones) que una empresa de su familia tiene con el Estado argentino, según informaron ayer fuentes judiciales
La fiscal de Cámara del fuero comercial Gabriela Boquin dictaminó que debía rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada por el Estado Nacional, por entender que era “abusiva” e implicaba un perjuicio al patrimonio estatal. Esto debido a que implicaría una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, de acuerdo a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.
El Estado y el Correo Argentino -controlado por Socma Americana SA, de la familia Macri- firmaron el año pasado un acuerdo sobre la deuda por $ 292 millones que la empresa tiene con el Estado desde 2001. “La familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”, resaltó en su escrito la funcionaria judicial.
El fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, abrió ayer un expediente, tal como lo había solicitado Boquín, al entender que el acuerdo alcanzado entre el Estado y el Correo, propiedad de la familia Macri, podría provocar un perjuicio a las arcas oficiales.
Acusaciones
A raíz de ello, en los tribunales federales de Comodoro Py se presentaron cuatro denuncias penales en donde fueron acusados el Presidente, su padre Franco Macri, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad; el abogado Juan Carlos Mocoroa, quien avaló la millonaria quita en el marco del concurso de quiebra; el jefe de Gabinete Marcos Peña y hasta el presidente de Boca Juniors Daniel Angelici.
Las denuncias fueron presentadas por la bancada kirchnerista, con la firma de Héctor Recalde, María Teresa García, Eduardo “Wado” De Pedro, Andrés “Cuervo” Larroque, Mayra Mendoza, Josefina Fernández, Luana Volnovich y Rodolfo Tailhade; y por dos referentes de la agrupación Nuevo Encuentro afín al kirchnerismo, Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti.
Otros dos abogados, Ricardo Mussa y Daniel Igolnikov, también presentaron sendas denuncias con diverso contenido: el primero acusó al Presidente, su padre, Aguad y Peña por estafa, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito. El segundo apuntó al mandatario, Aguad y los funcionarios que intervinieron, además de incluir a Angelici por tráfico de influencias.
También pidieron el dictado de una medida cautelar de “no innovar” que impida la ejecución del acuerdo entre el Estado y la ex licenciataria del Correo.
Defensas
El director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, aseguró que no le perdonaron “un mango a (Franco) Macri, ni los intereses”.
“Acá no hay ninguna quita ni condonación de deuda”, sentenció el funcionario. También sostuvo que este acuerdo se realizó en un marco de total transparencia en audiencias públicas, a la vez que consideró que no existe un conflicto de intereses, a pesar de que el deudor es el padre del Presidente. Se le preguntó si no cree que genera controversia que el Estado haya rechazado durante 15 años las propuestas del Correo Argentino y a siete meses del cambio de gobierno lleguen a un acuerdo. “Lo que debería llamar la atención es por qué durante 15 años el Estado no arregló este asunto, por qué el Estado nacional hizo caso omiso a todas las propuestas de la empresa”, respondió.
Además, objetó la cifra de $ 4.277 millones de deuda que según la fiscal Boquín se estaría condonando con el acuerdo, al señalar que la deuda que tenía la empresa era en pesos, así que no se puede hacer un parragón en dólares. “La ley de concursos dice que ante la presentación del concursado se congelan los intereses”, declaró.
“Los números irrisorios a los que están haciendo referencia los medios están vinculados a un error jurídico o a la mala intención”, sentenció Mocoroa, quien sostuvo que entiende por qué el acuerdo firmado en junio tuvo tanta repercusión. (DyN)
La fiscal de Cámara del fuero comercial Gabriela Boquin dictaminó que debía rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada por el Estado Nacional, por entender que era “abusiva” e implicaba un perjuicio al patrimonio estatal. Esto debido a que implicaría una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, de acuerdo a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.
El Estado y el Correo Argentino -controlado por Socma Americana SA, de la familia Macri- firmaron el año pasado un acuerdo sobre la deuda por $ 292 millones que la empresa tiene con el Estado desde 2001. “La familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”, resaltó en su escrito la funcionaria judicial.
El fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, abrió ayer un expediente, tal como lo había solicitado Boquín, al entender que el acuerdo alcanzado entre el Estado y el Correo, propiedad de la familia Macri, podría provocar un perjuicio a las arcas oficiales.
Acusaciones
A raíz de ello, en los tribunales federales de Comodoro Py se presentaron cuatro denuncias penales en donde fueron acusados el Presidente, su padre Franco Macri, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad; el abogado Juan Carlos Mocoroa, quien avaló la millonaria quita en el marco del concurso de quiebra; el jefe de Gabinete Marcos Peña y hasta el presidente de Boca Juniors Daniel Angelici.
Las denuncias fueron presentadas por la bancada kirchnerista, con la firma de Héctor Recalde, María Teresa García, Eduardo “Wado” De Pedro, Andrés “Cuervo” Larroque, Mayra Mendoza, Josefina Fernández, Luana Volnovich y Rodolfo Tailhade; y por dos referentes de la agrupación Nuevo Encuentro afín al kirchnerismo, Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti.
Otros dos abogados, Ricardo Mussa y Daniel Igolnikov, también presentaron sendas denuncias con diverso contenido: el primero acusó al Presidente, su padre, Aguad y Peña por estafa, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito. El segundo apuntó al mandatario, Aguad y los funcionarios que intervinieron, además de incluir a Angelici por tráfico de influencias.
También pidieron el dictado de una medida cautelar de “no innovar” que impida la ejecución del acuerdo entre el Estado y la ex licenciataria del Correo.
Defensas
El director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, aseguró que no le perdonaron “un mango a (Franco) Macri, ni los intereses”.
“Acá no hay ninguna quita ni condonación de deuda”, sentenció el funcionario. También sostuvo que este acuerdo se realizó en un marco de total transparencia en audiencias públicas, a la vez que consideró que no existe un conflicto de intereses, a pesar de que el deudor es el padre del Presidente. Se le preguntó si no cree que genera controversia que el Estado haya rechazado durante 15 años las propuestas del Correo Argentino y a siete meses del cambio de gobierno lleguen a un acuerdo. “Lo que debería llamar la atención es por qué durante 15 años el Estado no arregló este asunto, por qué el Estado nacional hizo caso omiso a todas las propuestas de la empresa”, respondió.
Además, objetó la cifra de $ 4.277 millones de deuda que según la fiscal Boquín se estaría condonando con el acuerdo, al señalar que la deuda que tenía la empresa era en pesos, así que no se puede hacer un parragón en dólares. “La ley de concursos dice que ante la presentación del concursado se congelan los intereses”, declaró.
“Los números irrisorios a los que están haciendo referencia los medios están vinculados a un error jurídico o a la mala intención”, sentenció Mocoroa, quien sostuvo que entiende por qué el acuerdo firmado en junio tuvo tanta repercusión. (DyN)
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