04 Febrero 2017
CONCENTRADOS. Rivero, Dilascio y “La Chancha” Ale escuchan el debate. la gaceta / foto de FOTO DE DIEGO ARAOZ
Los defensores de los 16 miembros del denominado Clan Ale pasaron al ataque en la segunda audiencia del juicio. No sólo se reservaron el derecho de plantear nulidades a la hora de los alegatos, sino que salieron a cuestionar con argumentos afilados a los dos organismos querellantes: la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los críticas a la AFIP vinieron por parte del abogado Gustavo Atim, representante legal de Roberto Dilascio, aunque la mayoría de sus colegas adhirió. “No tienen facultades para imputar los delitos que acusan. Hay un exceso de facultades por un exceso de poder”, afirmó. Esa última idea sobrevoló todo el tiempo en el universo de los defensores: todos adscribieron a la idea de que esta es una causa política impulsada hace cuatro años por el kirchnerismo.
En cuanto a la UIF, los abogados que citaron a las ex autoridades de ese organismo, con el ex presidente José Sbatella a la cabeza, ratificaron que los quieren ver delante de los jueces y contestando preguntas de todas las partes. El querellante Martín Olari Ugrote respondió que ese llamado debía ser desechado por los jueces, ya que los funcionarios de ese organismo deben cumplir con cierto secretismo que les impone el Estado.
En cuanto a la AFIP, la representante legal, Daniela Artaza, exclamó que esos planteos ya habían sido presentados y resueltos por el juez Fernando Poviña durante la instrucción, y por los jueces Alicia Noli, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla en diciembre. Al tomar la palabra, Noli sólo expresó que todas las cuestiones planteadas ayer tendrán una resolución el miércoles a las 9.30, cuando todos vuelvan a verse las caras en el TOF.
Marcaron el camino
Los primeros abogados que plantearon sus cuestionamientos fueron el defensor oficial Ciro Lo Pinto y Alejandro Biagosch, quien tiene bajo su tutela a los acusados Rubén “La Chancha” Ale y María Florencia Cuño. El resto del nutrido grupo de la defensa se encargó de adherir a esas dos posturas cuando les tocó hablar.
Lo Pinto planteó que no debía hacerse lugar a una lista que confeccionó el Ministerio Público Fiscal con 24 nuevos testigos. Todos los defensores consideraron que son personas a las que tratarían de victimizar. Biagosch, en tanto, pidió la nulidad de las medidas que solicitó la fiscalía en 2013. “Desde el Juzgado sólo remitió uno de los ocho cuerpos del expediente. Los requerimientos deben basarse en pruebas y la medida no estaba fundada. Se realizó para satisfacer los deseos de Susana Trimarco”, dijo.
Y esa no fue la única vez que Biagosch nombró a la madre de Marita Verón, la persona que con su denuncia desató todo este proceso. “Propongo que se llame al periodista mendocino Christian Sanz por su publicación ‘Trimarco S.A.’”, agregó el abogado de “La Chancha”. En este punto lo siguió Cergio Morfil, defensor de Ángel “Mono” Ale, quien pidió que si el Tribunal desistía de llamarlo, hiciera lo mismo con las periodistas Soledad Vallejos y Sibila Camps, convocadas por la parte acusatoria.
En cuanto a pedidos particulares, el abogado Juan Robles volvió a solicitar la separación de su defendido, José Lucero, del proceso. Por otra parte el representante de María Jesús Rivero, Carlos Varela Soria, insistió en que llamen a declarar al ex gobernador Julio Miranda para que explique el convenio que firmó para involucrar a los remiseros en la seguridad.
Los críticas a la AFIP vinieron por parte del abogado Gustavo Atim, representante legal de Roberto Dilascio, aunque la mayoría de sus colegas adhirió. “No tienen facultades para imputar los delitos que acusan. Hay un exceso de facultades por un exceso de poder”, afirmó. Esa última idea sobrevoló todo el tiempo en el universo de los defensores: todos adscribieron a la idea de que esta es una causa política impulsada hace cuatro años por el kirchnerismo.
En cuanto a la UIF, los abogados que citaron a las ex autoridades de ese organismo, con el ex presidente José Sbatella a la cabeza, ratificaron que los quieren ver delante de los jueces y contestando preguntas de todas las partes. El querellante Martín Olari Ugrote respondió que ese llamado debía ser desechado por los jueces, ya que los funcionarios de ese organismo deben cumplir con cierto secretismo que les impone el Estado.
En cuanto a la AFIP, la representante legal, Daniela Artaza, exclamó que esos planteos ya habían sido presentados y resueltos por el juez Fernando Poviña durante la instrucción, y por los jueces Alicia Noli, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla en diciembre. Al tomar la palabra, Noli sólo expresó que todas las cuestiones planteadas ayer tendrán una resolución el miércoles a las 9.30, cuando todos vuelvan a verse las caras en el TOF.
Marcaron el camino
Los primeros abogados que plantearon sus cuestionamientos fueron el defensor oficial Ciro Lo Pinto y Alejandro Biagosch, quien tiene bajo su tutela a los acusados Rubén “La Chancha” Ale y María Florencia Cuño. El resto del nutrido grupo de la defensa se encargó de adherir a esas dos posturas cuando les tocó hablar.
Lo Pinto planteó que no debía hacerse lugar a una lista que confeccionó el Ministerio Público Fiscal con 24 nuevos testigos. Todos los defensores consideraron que son personas a las que tratarían de victimizar. Biagosch, en tanto, pidió la nulidad de las medidas que solicitó la fiscalía en 2013. “Desde el Juzgado sólo remitió uno de los ocho cuerpos del expediente. Los requerimientos deben basarse en pruebas y la medida no estaba fundada. Se realizó para satisfacer los deseos de Susana Trimarco”, dijo.
Y esa no fue la única vez que Biagosch nombró a la madre de Marita Verón, la persona que con su denuncia desató todo este proceso. “Propongo que se llame al periodista mendocino Christian Sanz por su publicación ‘Trimarco S.A.’”, agregó el abogado de “La Chancha”. En este punto lo siguió Cergio Morfil, defensor de Ángel “Mono” Ale, quien pidió que si el Tribunal desistía de llamarlo, hiciera lo mismo con las periodistas Soledad Vallejos y Sibila Camps, convocadas por la parte acusatoria.
En cuanto a pedidos particulares, el abogado Juan Robles volvió a solicitar la separación de su defendido, José Lucero, del proceso. Por otra parte el representante de María Jesús Rivero, Carlos Varela Soria, insistió en que llamen a declarar al ex gobernador Julio Miranda para que explique el convenio que firmó para involucrar a los remiseros en la seguridad.
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