Los comercios tienen dificultades para implementar “Precios Transparentes”

Los comercios tienen dificultades para implementar “Precios Transparentes”

El 80% de los negocios PyME no instrumentó el programa nacional, según un relevamiento de la CAME.

Información del Ministerio de Producción nacional.
03 Febrero 2017
El 80% de los comerciantes PyME no comprende ni sabe cómo instrumentar el programa “Precios Transparentes”, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Por ello, la entidad solicitó al Gobierno nacional que lleve adelante una campaña intensa y eficaz para aclarar la medida y evitar “altercados entre consumidores y vendedores”.

“Desde que el Gobierno promovió esta medida, se inició una campaña generando expectativas de que los precios caerían un 20%, cuando en realidad en muchos comercios PyME ya venían bajando los valores de contado o promoviendo grandes descuentos y liquidaciones por falta de ventas. Por lo tanto, no tienen margen para seguir bajándolos”, dijo la cámara en un comunicado.

La CAME también aclaró que “la mayoría de los negocios pequeños y también medianos que daban la posibilidad de financiamiento, ya cobraban un interés por el precio financiado, porque las tarjetas no les daban las mismas condiciones que a las grandes cadenas”. ”Justamente, eso les generaba pérdidas de ventas en las manos de los grandes comercios que sí ofrecían cuotas”, señaló. Otra proporción importante de PyMES sólo aceptaban tarjetas en un pago, o no aceptaban.

¿Qué sucede ahora?


En la CAME enfatizaron que, frente a la confusión, los consumidores acuden a esos negocios y perciben que el empresario le modificó las condiciones de venta, ya sea subiendo el precio, agregando el interés, o eliminando el financiamiento, cuando en realidad mantuvo las mismas condiciones que antes. “Preocupa que todo esto se produzca en un contexto de varios meses de contracción de la demanda”, dijo.

La Confederación realizó el relevamiento entre el miércoles 1 y el viernes 3 pasados, sobre 357 comercios del país para comprender más a fondo cómo se está comportando el comercio minorista.

Los resultados:

- El 28% de los comercios analizados aún no implementó la norma porque no la comprende o está analizando cómo hacerlo.

- Otro 31,9% no la aplica porque ya cobraba precios diferentes por pago “efectivo, en una cuota o débito” y pago “en cuotas”.

- El 20,2% no la aplica porque no acepta tarjeta o porque sólo acepta tarjetas en un pago y los precios entre esas dos modalidades siempre fueron iguales.

- Es decir, el 80,1% de los comercios PyME no cambió nada frente al martes 31 de enero.

- Además, el 4,8% de los comercios relevados que antes cobraban cuotas sin interés disminuyó entre 5% y 10% el precio de venta en efectivo o un pago, pero aumentó entre 10% y 20% el precio con financiamiento en seis cuotas.

- Sólo el 15,1% de los negocios relevados mantuvo el precio en un pago o efectivo, pero aumentó el precio con financiamiento, cuando antes cobraban cuotas sin interés absorbiendo ellos los costos. Los aumentos declarados en cuotas sin interés rondan el 10% para seis pagos.

- Muchos comercios están poniendo el precio en un pago o efectivo y carteles donde dice “consultar en caja por opciones de financiamiento”. Eso está generando cierta sensación de ambigüedad en el consumidor de que los precios se incrementaron, cuando no ocurrió así en el comercio PyME.

“Llevará un período de adaptación poner en funcionamiento la medida en las PyMES porque todavía se está capacitando al personal y determinando la cartelería. El cálculo del costo financiero total no es una práctica habitual en los comercios pequeños. Mientras tanto, es necesario darle claridad a la medida y evitar enfrentamientos. Simultáneamente, hay que monitorear lo que ocurre en los próximos meses con las ventas, especialmente de bienes durables. Teniendo en cuenta que productos como electrodomésticos, artículos electrónicos, materiales para la construcción, muebles, indumentaria, calzados, entre otros, se consumen mayormente a plazos de entre tres y 18 meses (pocos consumidores tienen capacidad de adquirirlos en un pago), si la medida no es clara puede terminar siendo perjudicial”, afirmó.

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