Piden la detención de dos directivos de Uber y que se bloquee la aplicación en todo el país

El fiscal de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, Martín Lapadú, solicitó la detención de los directivos de la empresa Uber y el bloqueo preventivo del sitio web a nivel nacional en la causa radicada en la Justicia porteña en la que se denuncia a la empresa por incurrir en dos contravenciones.

Lapadú solicitó la aprehensión del CEO de la empresa, Mariano Otero, y del gerente general, Diego Mariano Oliveira, y el bloqueo nacional de la página al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 16. Alegó que "los directivos de Uber nunca cesaron en sus contravenciones, continuando con la actividad ilícita", informó el ministerio Público Fiscal de la Ciudad en un comunicado.

"Hace 9 meses que los ejecutivos de la empresa se encuentran violando la clausura impuesta y continúan haciendo uso indebido del espacio público. Ambas contravenciones sancionadas en los artículos 73 y 83 del Código Contravencional, y que provocan un serio peligro para la salud y seguridad de las personas", se aseguró en el escrito.

Tanto Otero como Oliveira se presentaron en la fiscalía y solicitaron la eximición de prisión, a la vez que se pusieron a disposición para la declaración indagatoria.

Lapadú había pedido que la clausura de la página web y la aplicación dispuesta el 22 de abril de 2016 se haga extensiva a todo el territorio nacional, mientras que la Jueza Maria Fernanda Botana había hecho lugar para que las empresas que dan servicios de Internet bloqueen la página y la aplicación de Uber Argentina.

La fiscalía pidió ahora el bloqueo de la web porque el funcionamiento de la aplicación presentaría dificultades para continuar con la investigación. "Se pudo conocer que la firma Uber tiene la capacidad de alterar o borrar remotamente a través de su aplicación los registros de los socios de la empresa, y esa situación representa un riesgo para la prueba", aseveró el ministerio Público Fiscal porteño.

En esta causa, radicada en la justicia porteña, se investiga si la empresa infringió el artículo 83 del Código Contravencional de la Ciudad, el cual habla del uso indebido del espacio público por ser una actividad lucrativa, y el 73 por haber supuestamente violado la clausura impuesta por una autoridad judicial o administrativa. (Télam)