24 Enero 2017
EVIDENCIA. Las cajas con recibos habrían permanecido en un local céntrico entre agosto y noviembre.
Autoridades del Poder Legislativo respiran con alivio. Al menos, por ahora.
La semana pasada, el legislador Luis Brodersen (PRO-A) había pedido al fuero contencioso administrativo que notificara a los tribunales penales sobre una posible desobediencia judicial en la que -a su entender- habría incurrido el cuerpo colegiado, al devolver el oficio con la notificación de la cautelar para el resguardo e inmovilización de los recibos de los millonarios gastos sociales supuestamente entregados entre 2015 y 2016.
Referentes de la Legislatura habían expresado preocupación por lo bajo, porque los camaristas de la Sala II en lo Contencioso Administrativo, Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, quedaron a cargo de la feria en esta segunda quincena de enero.
Los abogados del Poder Legislativo habían recusado a estos magistrados, a quienes señalaron por un supuesto “odio visceral” a ese órgano y “a sus miembros”. Además, deslizaron que tendrían intereses políticos en esta causa sobre los gastos sociales por una posible preferencia por Cambiemos, e incluso hablaron de supuestos intercambios de favores entre Novillo y Giovanniello y la camarista Ebe López Piossek, quien firmó el rechazo de la recusación con causa que había requerido el cuerpo legislativo.
Ayer se dio a conocer un informe que fue adjuntado el viernes a la causa Brodersen por la secretaria de la Sala II del fuero contencioso, Maria Laura García Lizárraga. La funcionaria judicial dejó asentado que, al haber sido objetados Novillo y Giovanniello, y al estar pendiente de resolución el recurso de casación interpuesto por la Legislatura, era necesario el reemplazo de estos vocales. Así, siguiendo los lineamientos de la Ley Orgánica de Tribunales, correspondía darle intervención al juez de feria de la Cámara Civil y Comercial Común. Durante el receso, por acordada de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), la Cámara en Documentos y Locaciones abarca las funciones de las Cámaras en lo Civil y Comercial Común, en Documentos y Locaciones y de Apremios. El vocal de la Sala I, Carlos Courtade, lleva adelante esa función en esta etapa de la feria tribunalicia de verano.
El propio viernes, Courtade firmó la recepción del informe elevado por la secretaria de la Sala II. El magistrado, sin embargo, no resolvió ni darle curso al pedido de Brodersen de notificar a la Justicia penal, ni rechazar ese planteo. “Resérvese el escrito (del demandante) para ser proveído por los jueces naturales de la causa”, redactó Courtade. Así, una vez que concluya la feria judicial, el asunto debería regresar a la Sala II del fuero contencioso.
En 2015, la Legislatura desembolsó $ 615,6 millones en supuestos subsidios (el 40% de sus gastos totales anuales). En 2016, el presupuesto para esas ayudas sociales trepó a $ 150 millones. El vicegobernador Osvaldo Jaldo derogó ese sistema, conocido como de “gastos sociales” o “gastos de bloque”. Existen diversas investigaciones judiciales por el uso de esos fondos públicos. Por ejemplo, el legislador radical Eudoro Aráoz requiere el acceso a la información de quiénes fueron los beneficiarios de los subsidios. En cambio, Brodersen quiere que se determine si son legales o no.
La semana pasada, el legislador Luis Brodersen (PRO-A) había pedido al fuero contencioso administrativo que notificara a los tribunales penales sobre una posible desobediencia judicial en la que -a su entender- habría incurrido el cuerpo colegiado, al devolver el oficio con la notificación de la cautelar para el resguardo e inmovilización de los recibos de los millonarios gastos sociales supuestamente entregados entre 2015 y 2016.
Referentes de la Legislatura habían expresado preocupación por lo bajo, porque los camaristas de la Sala II en lo Contencioso Administrativo, Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, quedaron a cargo de la feria en esta segunda quincena de enero.
Los abogados del Poder Legislativo habían recusado a estos magistrados, a quienes señalaron por un supuesto “odio visceral” a ese órgano y “a sus miembros”. Además, deslizaron que tendrían intereses políticos en esta causa sobre los gastos sociales por una posible preferencia por Cambiemos, e incluso hablaron de supuestos intercambios de favores entre Novillo y Giovanniello y la camarista Ebe López Piossek, quien firmó el rechazo de la recusación con causa que había requerido el cuerpo legislativo.
Ayer se dio a conocer un informe que fue adjuntado el viernes a la causa Brodersen por la secretaria de la Sala II del fuero contencioso, Maria Laura García Lizárraga. La funcionaria judicial dejó asentado que, al haber sido objetados Novillo y Giovanniello, y al estar pendiente de resolución el recurso de casación interpuesto por la Legislatura, era necesario el reemplazo de estos vocales. Así, siguiendo los lineamientos de la Ley Orgánica de Tribunales, correspondía darle intervención al juez de feria de la Cámara Civil y Comercial Común. Durante el receso, por acordada de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), la Cámara en Documentos y Locaciones abarca las funciones de las Cámaras en lo Civil y Comercial Común, en Documentos y Locaciones y de Apremios. El vocal de la Sala I, Carlos Courtade, lleva adelante esa función en esta etapa de la feria tribunalicia de verano.
El propio viernes, Courtade firmó la recepción del informe elevado por la secretaria de la Sala II. El magistrado, sin embargo, no resolvió ni darle curso al pedido de Brodersen de notificar a la Justicia penal, ni rechazar ese planteo. “Resérvese el escrito (del demandante) para ser proveído por los jueces naturales de la causa”, redactó Courtade. Así, una vez que concluya la feria judicial, el asunto debería regresar a la Sala II del fuero contencioso.
En 2015, la Legislatura desembolsó $ 615,6 millones en supuestos subsidios (el 40% de sus gastos totales anuales). En 2016, el presupuesto para esas ayudas sociales trepó a $ 150 millones. El vicegobernador Osvaldo Jaldo derogó ese sistema, conocido como de “gastos sociales” o “gastos de bloque”. Existen diversas investigaciones judiciales por el uso de esos fondos públicos. Por ejemplo, el legislador radical Eudoro Aráoz requiere el acceso a la información de quiénes fueron los beneficiarios de los subsidios. En cambio, Brodersen quiere que se determine si son legales o no.
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