24 Enero 2017
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BUENOS AIRES.- Los ministros de Justicia, Germán Garavano, del Interior, Rogelio Frigerio y de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunieron con el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, para avanzar en la reforma de la Ley de Migraciones que propicia el Gobierno, según informó DyN.
Se avanzó en el decreto que reformaría la normativa de ingreso y egreso del país, y que el propio presidente Mauricio Macri alentó en la conferencia de prensa que brindó el último martes. “El objetivo es que no entren los delincuentes y se vayan rápido”, indicaron fuentes oficiales y recordaron que “el 33 % de los presos que son inmigrantes está por causas de drogas y pertenecen a Perú, Bolivia y Paraguay”. Además, en el encuentro se analizaron “pequeños detalles a la reforma de la ley, especialmente con extranjeros que hayan delinquido, particularmente en delitos de narcotráfico”, dijeron las fuentes a DyN.
El presidente haría estos cambios a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Trascendió que entre otras cosas, establecerá un “Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo”, que acotará a tres días hábiles el plazo que tendrá un extranjero para apelar su expulsión. Concluido ese trámite administrativo, se concederán otros tres días hábiles para interponer un recurso judicial y el juez actuante contará con el mismo tiempo para resolver.
Macri pidió analizar cambios en la Ley 25.871, de Migraciones; y en la 346, de Ciudadanía. “Queremos que el trámite para expulsar a un extranjero que cometió un delito o tenga antecedentes no demore más de dos meses”, afirmaron fuentes a Clarín.
Inconstitucional
Las críticas a esta iniciativa llegó desde la magistrada y presidenta de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, quien advirtió que el endurecimiento del control migratorio “no” está permitido por la Constitución Nacional.
“Tiene que ver con la necesidad de tener títulos que satisfagan la publicidad que se pretende dar pero que después, cuando uno las va a estudiar, es imposible que esto se cumpla”, advirtió. La magistrada recordó que si esas personas cometieron delitos y cumplieron la condena, “la Constitución no permite impedirles el ingreso porque garantiza el libre tránsito”. “Y para los que se pretenden expulsar, si la persona no está condenada con una sentencia firme, no cometió delito. Entonces, a esta propuesta que busca expulsar a las personas aun cuando la sentencia no esté firme le va a faltar la condición para poder expulsarlas: que hayan cometido delito”, dijo a Radio del Plata.
La jueza consideró que el endurecimiento del control migratorio promovido por el gobierno forma parte de “la tendencia restrictiva de derechos que viene ejerciendo desde que asumió, como la ley de Flagrancia”. “Hay una tendencia de leyes punitivas, restrictivas y de endurecimiento del sistema penal, como si el sistema penal fuera la solución a los problemas sociales argentinos”, finalizó. (Especial)
Se avanzó en el decreto que reformaría la normativa de ingreso y egreso del país, y que el propio presidente Mauricio Macri alentó en la conferencia de prensa que brindó el último martes. “El objetivo es que no entren los delincuentes y se vayan rápido”, indicaron fuentes oficiales y recordaron que “el 33 % de los presos que son inmigrantes está por causas de drogas y pertenecen a Perú, Bolivia y Paraguay”. Además, en el encuentro se analizaron “pequeños detalles a la reforma de la ley, especialmente con extranjeros que hayan delinquido, particularmente en delitos de narcotráfico”, dijeron las fuentes a DyN.
El presidente haría estos cambios a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Trascendió que entre otras cosas, establecerá un “Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo”, que acotará a tres días hábiles el plazo que tendrá un extranjero para apelar su expulsión. Concluido ese trámite administrativo, se concederán otros tres días hábiles para interponer un recurso judicial y el juez actuante contará con el mismo tiempo para resolver.
Macri pidió analizar cambios en la Ley 25.871, de Migraciones; y en la 346, de Ciudadanía. “Queremos que el trámite para expulsar a un extranjero que cometió un delito o tenga antecedentes no demore más de dos meses”, afirmaron fuentes a Clarín.
Inconstitucional
Las críticas a esta iniciativa llegó desde la magistrada y presidenta de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, quien advirtió que el endurecimiento del control migratorio “no” está permitido por la Constitución Nacional.
“Tiene que ver con la necesidad de tener títulos que satisfagan la publicidad que se pretende dar pero que después, cuando uno las va a estudiar, es imposible que esto se cumpla”, advirtió. La magistrada recordó que si esas personas cometieron delitos y cumplieron la condena, “la Constitución no permite impedirles el ingreso porque garantiza el libre tránsito”. “Y para los que se pretenden expulsar, si la persona no está condenada con una sentencia firme, no cometió delito. Entonces, a esta propuesta que busca expulsar a las personas aun cuando la sentencia no esté firme le va a faltar la condición para poder expulsarlas: que hayan cometido delito”, dijo a Radio del Plata.
La jueza consideró que el endurecimiento del control migratorio promovido por el gobierno forma parte de “la tendencia restrictiva de derechos que viene ejerciendo desde que asumió, como la ley de Flagrancia”. “Hay una tendencia de leyes punitivas, restrictivas y de endurecimiento del sistema penal, como si el sistema penal fuera la solución a los problemas sociales argentinos”, finalizó. (Especial)
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