Era jefe de área en el Siprosa, y afirma que lo trasladaron por hacer denuncias

Juan Carlos Flores tiene 64 años, y se desempeñó una década como jefe de Personal en el Departamento Operativo de Móviles del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). El 9 de mayo de 2016, sin embargo, mediante la resolución 264/SEAC, fue trasladado. Así, según relató, pasó de tener unos 200 empleados a su cargo a cumplir funciones en el CAPS Canal Norte del Área Operativa Mariano Moreno, ubicado en la zona de las avenidas Mitre y Francisco de Aguirre.

“Me pusieron a acomodar fichas de pacientes. No es que desmerezca este trabajo, pero es para alguien que recién está comenzando. En mi caso, sin dudas, es un castigo encubierto”, aseguró Flores, al ser consultado por LA GACETA sobre su caso.

¿Qué motivó el traslado?

Según la resolución 264/SEAC, que lleva las firmas de José Antonio Gandur (secretario ejecutivo administrativo contable del Siprosa) y de Conrado Mosqueira (secretario general administrativo), la medida fue adoptada por “razones funcionales”.

Si bien Flores reclama que se le indiquen cuáles son esas “razones funcionales”, sostiene que las causas reales fueron otras: tres días antes de su traslado, había presentado notas ante sus jefes y ante el Tribunal de Cuentas (TC) pidiendo auditorías y denunciando posibles irregularidades. “Eran hechos de corrupción que comprometían fondos públicos, y si me quedaba callado, me hacía cómplice de una situación de la que no tenía nada que ver. Llevaba ya mucho tiempo advirtiendo a mis superiores. Y ya no daba para más. Lo hice de manera formal, y ahí se armó todo este problema”, añadió Flores.

Este diario consultó sobre el caso al Ministerio de Salud de la Provincia, pero se señaló que nadie haría declaraciones por el momento (ver recuadro aparte).

Más allá de que pudieran existir versiones contrapuestas, la denuncia del empleado administrativo ante el Tribunal de Cuentas derivó en la apertura de una comprobación sumaria en el Departamento Operativo de Móviles del Siprosa. Según el acuerdo 3.119, firmado el 16 de septiembre, la abogada fiscal Celia de Bono fue designada para investigar si se produjeron “situaciones potencialmente productoras de lesión al erario”.

“Varias irregularidades”

Según los expedientes a los que accedió LA GACETA, Flores efectuó su primera denuncia ante el Tribunal de Cuentas el 6 de mayo de 2016, pasadas las 14. Allí habló sobre personas que cobraron sueldos durante años sin presentarse a su puesto; sobre beneficios direccionados, otorgados de forma irregular; y sobre empleados con oficios (albañiles, etcétera) que eran llevados a prestar servicios en casas particulares de sus jefes.

Horas antes de ese escrito, Flores le había elevado una nota a su entonces superior, el director del Departamento Operativo de Móviles, José Luis Coronel, para transmitirle su preocupación por las irregularidades que había detectado, y que venía tratando de comunicar durante años. Ya trasladado al CAPS, Flores amplió su exposición ante el Tribunal de Cuentas en dos ocasiones (el 16 de mayo y el 10 de junio), para aportar más elementos que podrían servir como prueba de las presuntas anomalías.

“Yo no tenía poder de decisión, sino que estaba supeditado a las pautas que me daban. Había muchas irregularidades, y me pedían que me calle, pero eso no correspondía. Y la cosa se ponía cada vez peor. Por eso hice la denuncia y pedí que se hagan auditorías. Hasta entonces no había tenido quejas ni sumarios; al contrario. Por eso me trasladaron y me afectaron el sueldo. En mi opinión, había una asociación ilícita, pero a quien castigaron fue a mí”, se lamentó Flores.