20 Enero 2017
EN OBSERVACIÓN. El funcionamiento del fuero penal genera reclamos entre empleados, abogados y litigantes. LA GACETA / FOTO DE Osvaldo Ripoll (ARCHIVO)
Se agigantan las sospechas sobre el funcionamiento del Juzgado de Instrucción N°2, que está acéfalo desde 2012.
José Carbajal, imputado en un caso de presuntas amenazas iniciado en 2007, ratificó las dudas que habían planteado el prosecretario Gonzalo Cornet, que en noviembre pidió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que lo trasladara para preservar su buen nombre y honor, y Alberto Lebbos, quien dijo que podía dar fe de las irregularidades cometidas en el Juzgado N°2.
Luego de la publicación de las manifestaciones de Cornet, Carbajal se presentó en este diario y recordó que en octubre de 2016 había pedido una auditoría a la Corte y que, a continuación, había repetido sus acusaciones en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
Situación opuesta
La solicitud de fiscalización, que se suma a otras presentaciones anteriores ante el alto tribunal, cuestiona a los funcionarios Carlos Acuña (secretario) y Rolando Ramos (prosecretario), y al juez subrogante Alejandro Tomas (N°1). Además, ataca al letrado Alfredo Falú.
Carbajal, que es asesorado por el abogado Gustavo Morales, manifestó que las denuncias que hizo respecto del Juzgado N°2 están acumuladas en un solo expediente en trámite en la Corte. El último escrito describe la situación opuesta a la manifestada por el Lebbos, que responsabilizó al despacho que encabezó la jueza Emma De Nucci hasta su fallecimiento en 2012 por demorar el proceso para dar impunidad a los acusados.
Por el contrario, Carbajal expresó que el Juzgado N°2 aplicó una serie de medidas dilatorias para impedir el final de una causa abierta por hechos cuya persecución prescribió hace tiempo. El denunciante informó a la Corte que el Ministerio Público requirió su sobreseimiento en octubre de 2015 y que Tomas, en su condición de magistrado subrogante, nunca quiso expedirse sobre el requerimiento.
“El accionar de Tomas constituye una verdadera denegación de justicia”, dijo Carbajal al alto tribunal. Y añadió que el magistrado era cómplice del secretario Acuña y del prosecretario Ramos: “corresponde auditar mi causa penal para comprobar las irregularidades gruesas cometidas por ambos funcionarios judiciales”.
Carbajal atribuyó asimismo a Falú, letrado del querellante Daniel Santos, un probable tráfico de influencias. Tanto el juez Tomas como Falú rechazaron los ataques (se informa por separado). “Todo es falso e infundado”, dijo Ramos a propósito de una consulta telefónica de este diario, y comentó que tanto él como Acuña habían dado explicaciones a la Corte acerca de otra denuncia previa de Carbajal. El secretario Acuña no pudo ser ubicado y no contestó los mensajes que se le enviaron.
“Esperanza peregrina”
El prosecretario Cornet había dicho que es vox pópuli lo que ocurre en el Juzgado N°2, que es subrogado sucesivamente por los jueces Tomas, Juan Francisco Pisa y Víctor Pérez. Aunque no quiso especificar las anomalías que lo habían llevado a peticionar el traslado, Cornet sí habló de connivencias con abogados penalistas y se pronunció a favor de una auditoría amplia.
Por su parte Lebbos, que lidera la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, relató que tomó contacto “con el desastre” del Juzgado N°2 por una usurpación con robo que había padecido en 2007.
El padre de Paulina manifestó que el proceso había sido “cajoneado” en el ex despacho de De Nucci, y sometido a toda clase de chicanas y dilaciones.
“Albergo la peregrina esperanza -como hombre de Derecho- que de una vez por todas la Corte ejerza las facultades de superintendencia, y sancione al juez y a los funcionarios denunciados que, por corruptos, ineficientes e indolentes, no sólo me ocasionan un grave daño por tener que padecer un injusto proceso que ha superado los nueve años y tres meses (en el momento de la presentación), sino que también provocan la falta de credibilidad de la ciudadanía en los órganos jurisdiccionales penales que deben actuar como contralor de la legalidad y de las garantías constitucionales preservando la ecuanimidad, prudencia y equidistancia en los conflictos sometidos a consideración y pronunciamiento”, dijo Carbajal al alto tribunal.
El último intento
A posteriori, el 5 de diciembre, el imputado y denunciante impugnó por falta de idoneidad moral y técnica a Acuña y a Tomas en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
Ambos pretenden convertirse en vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Respecto de Acuña, la impugnación refiere que este violó la obligación legal de disponer el correcto despacho de las causas en el Juzgado N°2 y que es objetado en numerosas denuncias de superintendencia por irregularidades perpetradas en connivencia con el prosecretario Ramos.
Carbajal ligó al secretario con la sustracción, desaparición, extravío y hurto de actuaciones. En cuanto a Tomas, el impugnante sostuvo que desconoció la naturaleza del instituto de la prescripción y que actuó con morosidad excesiva. Los cuestionamientos aún no fueron tratados por el órgano encargado de seleccionar magistrados.
José Carbajal, imputado en un caso de presuntas amenazas iniciado en 2007, ratificó las dudas que habían planteado el prosecretario Gonzalo Cornet, que en noviembre pidió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que lo trasladara para preservar su buen nombre y honor, y Alberto Lebbos, quien dijo que podía dar fe de las irregularidades cometidas en el Juzgado N°2.
Luego de la publicación de las manifestaciones de Cornet, Carbajal se presentó en este diario y recordó que en octubre de 2016 había pedido una auditoría a la Corte y que, a continuación, había repetido sus acusaciones en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
Situación opuesta
La solicitud de fiscalización, que se suma a otras presentaciones anteriores ante el alto tribunal, cuestiona a los funcionarios Carlos Acuña (secretario) y Rolando Ramos (prosecretario), y al juez subrogante Alejandro Tomas (N°1). Además, ataca al letrado Alfredo Falú.
Carbajal, que es asesorado por el abogado Gustavo Morales, manifestó que las denuncias que hizo respecto del Juzgado N°2 están acumuladas en un solo expediente en trámite en la Corte. El último escrito describe la situación opuesta a la manifestada por el Lebbos, que responsabilizó al despacho que encabezó la jueza Emma De Nucci hasta su fallecimiento en 2012 por demorar el proceso para dar impunidad a los acusados.
Por el contrario, Carbajal expresó que el Juzgado N°2 aplicó una serie de medidas dilatorias para impedir el final de una causa abierta por hechos cuya persecución prescribió hace tiempo. El denunciante informó a la Corte que el Ministerio Público requirió su sobreseimiento en octubre de 2015 y que Tomas, en su condición de magistrado subrogante, nunca quiso expedirse sobre el requerimiento.
“El accionar de Tomas constituye una verdadera denegación de justicia”, dijo Carbajal al alto tribunal. Y añadió que el magistrado era cómplice del secretario Acuña y del prosecretario Ramos: “corresponde auditar mi causa penal para comprobar las irregularidades gruesas cometidas por ambos funcionarios judiciales”.
Carbajal atribuyó asimismo a Falú, letrado del querellante Daniel Santos, un probable tráfico de influencias. Tanto el juez Tomas como Falú rechazaron los ataques (se informa por separado). “Todo es falso e infundado”, dijo Ramos a propósito de una consulta telefónica de este diario, y comentó que tanto él como Acuña habían dado explicaciones a la Corte acerca de otra denuncia previa de Carbajal. El secretario Acuña no pudo ser ubicado y no contestó los mensajes que se le enviaron.
“Esperanza peregrina”
El prosecretario Cornet había dicho que es vox pópuli lo que ocurre en el Juzgado N°2, que es subrogado sucesivamente por los jueces Tomas, Juan Francisco Pisa y Víctor Pérez. Aunque no quiso especificar las anomalías que lo habían llevado a peticionar el traslado, Cornet sí habló de connivencias con abogados penalistas y se pronunció a favor de una auditoría amplia.
Por su parte Lebbos, que lidera la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, relató que tomó contacto “con el desastre” del Juzgado N°2 por una usurpación con robo que había padecido en 2007.
El padre de Paulina manifestó que el proceso había sido “cajoneado” en el ex despacho de De Nucci, y sometido a toda clase de chicanas y dilaciones.
“Albergo la peregrina esperanza -como hombre de Derecho- que de una vez por todas la Corte ejerza las facultades de superintendencia, y sancione al juez y a los funcionarios denunciados que, por corruptos, ineficientes e indolentes, no sólo me ocasionan un grave daño por tener que padecer un injusto proceso que ha superado los nueve años y tres meses (en el momento de la presentación), sino que también provocan la falta de credibilidad de la ciudadanía en los órganos jurisdiccionales penales que deben actuar como contralor de la legalidad y de las garantías constitucionales preservando la ecuanimidad, prudencia y equidistancia en los conflictos sometidos a consideración y pronunciamiento”, dijo Carbajal al alto tribunal.
El último intento
A posteriori, el 5 de diciembre, el imputado y denunciante impugnó por falta de idoneidad moral y técnica a Acuña y a Tomas en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
Ambos pretenden convertirse en vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Respecto de Acuña, la impugnación refiere que este violó la obligación legal de disponer el correcto despacho de las causas en el Juzgado N°2 y que es objetado en numerosas denuncias de superintendencia por irregularidades perpetradas en connivencia con el prosecretario Ramos.
Carbajal ligó al secretario con la sustracción, desaparición, extravío y hurto de actuaciones. En cuanto a Tomas, el impugnante sostuvo que desconoció la naturaleza del instituto de la prescripción y que actuó con morosidad excesiva. Los cuestionamientos aún no fueron tratados por el órgano encargado de seleccionar magistrados.
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