13 Enero 2017
BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional abrió ayer la ronda de diálogo para analizar el cambio de la legislación sobre el régimen penal juvenil, donde el último punto será la baja de la edad de imputabilidad.
Así lo anunció el ministro de Justicia, Germán Garavano, en una conferencia de prensa que dio con su par de Seguridad, Patricia Bullrich, legisladores y funcionarios provinciales. Garavano aseguró cuál es el mensaje que busca dar el Gobierno: “mas allá de la edad o las circunstancias, violar la ley tiene consecuencias y daña a la sociedad, sobre todo cuando (los que delinquen) son los jóvenes que son nuestro futuro”.
“Estamos ante un problema de valores y es clave que un joven que comete un delito sepa que nos daña a todos”, añadió el funcionario.
El ministro aseguró que la de ayer fue una reunión preliminar donde estuvieron representados los distintos estamentos, como jueces y fiscales de distintas jurisdicciones, organizaciones no gubernamentales, académicos y representantes de Unicef. Según explicó, se acordó que a partir de febrero habrá un programa de trabajo con ocho mesas donde se abordarán distintos aspectos de prevención, sanciones, medidas alternativas de encierro y justicia restaurativa.
Lo último, subrayó, será el régimen de imputabilidad donde se analizará bajar de 16 a 14 años la edad para castigar delitos.
“La baja de la edad es el último punto. Estamos dispuestos a encontrar soluciones que permitan resolver la cuestión. No tenemos una posición cerrada. El punto central es el abordaje temprano y la prevención”, destacó. “Aunque bajemos la edad a 14, va a haber un caso de un chico de 13 que cometa un delito y por eso la discusión es qué se hace con los jóvenes inimputables”, añadió.
Garavano aclaró no obstante que la mayoría de los países del mundo fijaron la edad de imputabilidad en 14 años y no habría “vulnerabilidad” a los Derechos del Niño. El ministro remarcó que hubo “un fuerte consenso” en la necesidad de reformar la ley y que el resultado de la reunión fue “muy auspicioso”.
Abordaje integral
“La ley actual es un espanto, es una ley de Videla, del año ‘80, de la dictadura, tiene más de 36 años, es una ley paternalista que no le reconoce derecho a los jóvenes, que no les permite a los jueces hacer un abordaje con una intervención más activas por parte del Estado”, abundó Garavano.
En ese sentido, amplió que “lo que hoy todos los expertos coinciden, de todas las corrientes, es que es una deuda de la democracia cambiar esa ley, no podemos seguir con una ley que nos ha traído a la situación en que estamos hoy y que nunca se modificó”. Dijo que ya estuvo “conversando ya con los más importantes dirigentes de la oposición para ir construyendo consensos”.
“Para nosotros -graficó- el eje, y la polémica siempre se centra en la edad, es poder tener realmente un régimen de responsabilidad penal juvenil que permita hacer un abordaje temprano, especialmente de los más jóvenes que cometen sus primeros delitos y que hay que tratar de sacarlos en ese momento, con una buena intervención del Estado, del círculo vicioso del crimen, porque si no ingresan en la mecánica del delito de la cual es difícil salir”.
Garavano consideró “clave” poder “romper con ese esquema” en el que “cuando un joven se involucra en un delito, por más leve que sea, un hurto, a veces unas lesiones, un daño, que el Estado se haga presente y que empiece a trabajar con ese joven para que pueda realmente reinsertarse en un espacio educativo, en un espacio laboral”.
Además, recordó un documento de la Iglesia señalando que “entre un 70% y un 80% de las personas que están en las cárceles de mayores cometieron algún delito siendo jóvenes o tuvieron alguna interacción con el sistema penal juvenil”.
“Lo que nosotros tenemos que tratar es de que esas interacciones sean interacciones que permitan que los jóvenes no terminen después en las cárceles”, cerró. (Télam-DyN-Especial)
Así lo anunció el ministro de Justicia, Germán Garavano, en una conferencia de prensa que dio con su par de Seguridad, Patricia Bullrich, legisladores y funcionarios provinciales. Garavano aseguró cuál es el mensaje que busca dar el Gobierno: “mas allá de la edad o las circunstancias, violar la ley tiene consecuencias y daña a la sociedad, sobre todo cuando (los que delinquen) son los jóvenes que son nuestro futuro”.
“Estamos ante un problema de valores y es clave que un joven que comete un delito sepa que nos daña a todos”, añadió el funcionario.
El ministro aseguró que la de ayer fue una reunión preliminar donde estuvieron representados los distintos estamentos, como jueces y fiscales de distintas jurisdicciones, organizaciones no gubernamentales, académicos y representantes de Unicef. Según explicó, se acordó que a partir de febrero habrá un programa de trabajo con ocho mesas donde se abordarán distintos aspectos de prevención, sanciones, medidas alternativas de encierro y justicia restaurativa.
Lo último, subrayó, será el régimen de imputabilidad donde se analizará bajar de 16 a 14 años la edad para castigar delitos.
“La baja de la edad es el último punto. Estamos dispuestos a encontrar soluciones que permitan resolver la cuestión. No tenemos una posición cerrada. El punto central es el abordaje temprano y la prevención”, destacó. “Aunque bajemos la edad a 14, va a haber un caso de un chico de 13 que cometa un delito y por eso la discusión es qué se hace con los jóvenes inimputables”, añadió.
Garavano aclaró no obstante que la mayoría de los países del mundo fijaron la edad de imputabilidad en 14 años y no habría “vulnerabilidad” a los Derechos del Niño. El ministro remarcó que hubo “un fuerte consenso” en la necesidad de reformar la ley y que el resultado de la reunión fue “muy auspicioso”.
Abordaje integral
“La ley actual es un espanto, es una ley de Videla, del año ‘80, de la dictadura, tiene más de 36 años, es una ley paternalista que no le reconoce derecho a los jóvenes, que no les permite a los jueces hacer un abordaje con una intervención más activas por parte del Estado”, abundó Garavano.
En ese sentido, amplió que “lo que hoy todos los expertos coinciden, de todas las corrientes, es que es una deuda de la democracia cambiar esa ley, no podemos seguir con una ley que nos ha traído a la situación en que estamos hoy y que nunca se modificó”. Dijo que ya estuvo “conversando ya con los más importantes dirigentes de la oposición para ir construyendo consensos”.
“Para nosotros -graficó- el eje, y la polémica siempre se centra en la edad, es poder tener realmente un régimen de responsabilidad penal juvenil que permita hacer un abordaje temprano, especialmente de los más jóvenes que cometen sus primeros delitos y que hay que tratar de sacarlos en ese momento, con una buena intervención del Estado, del círculo vicioso del crimen, porque si no ingresan en la mecánica del delito de la cual es difícil salir”.
Garavano consideró “clave” poder “romper con ese esquema” en el que “cuando un joven se involucra en un delito, por más leve que sea, un hurto, a veces unas lesiones, un daño, que el Estado se haga presente y que empiece a trabajar con ese joven para que pueda realmente reinsertarse en un espacio educativo, en un espacio laboral”.
Además, recordó un documento de la Iglesia señalando que “entre un 70% y un 80% de las personas que están en las cárceles de mayores cometieron algún delito siendo jóvenes o tuvieron alguna interacción con el sistema penal juvenil”.
“Lo que nosotros tenemos que tratar es de que esas interacciones sean interacciones que permitan que los jóvenes no terminen después en las cárceles”, cerró. (Télam-DyN-Especial)
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