13 Enero 2017
Las cajas repletas de recibos de los millonarios gastos sociales de la Legislatura están en una sede oficial de avenida Sarmiento 655, donde funcionaba la ex Secretaría General del cuerpo colegiado, bajo resguardo e inmovilizados.
Así lo ratificó el legislador oficialista Julio Silman, titular subrogante del Poder Legislativo, al responder un pedido de informes que había requerido, mediante oficio, el juez de feria del fuero contencioso, Salvador Ruiz.
Mediante esa vía, el camarista había solicitado datos sobre el cumplimiento de una medida cautelar que había dictado la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, en la causa iniciada por el legislador macrista Luis Brodersen. Ese tribunal había dispuesto la custodia de los comprobantes de los subsidios otorgados entre julio de 2015 y agosto de 2016, cuando el sistema fue derogado. Sin embargo, tanto la Legislatura como el Poder Ejecutivo (en representación del Estado provincial) devolvieron el oficio que notificaba sobre esa medida. Ambos órganos estatales afirmaron que se trataba de una sentencia ilegítima, dado que habían recusado a Novillo y a Giovanniello, entre otros motivos.
Ruiz, esta semana, había pedido informes sobre el cumplimiento de esa cautelar al vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Como este se encuentra a cargo del PE, Silman respondió el requerimiento. Además de recordarle al juez de feria que la cautelar ha sido devuelta y ha sido objetada, le indicó que el propio Jaldo dictó la resolución 237-P/2016 el 11 de noviembre pasado, en la que dispuso “el debido aseguramiento de la guarda y la custodia, con todos los recaudos necesarios, de la documentación comprendida en las denominadas ayudas sociales a personas físicas”. Ese instrumento, además, designó responsable de esos papeles al secretario de la Legislatura, Claudio Pérez. Los comprobantes de los gastos sociales son considerados una prueba clave en diversas causas judiciales. En 2015, fueron ejecutados $ 615,6 millones en subsidios; en 2016 el presupuesto fue de $ 150 millones.
Así lo ratificó el legislador oficialista Julio Silman, titular subrogante del Poder Legislativo, al responder un pedido de informes que había requerido, mediante oficio, el juez de feria del fuero contencioso, Salvador Ruiz.
Mediante esa vía, el camarista había solicitado datos sobre el cumplimiento de una medida cautelar que había dictado la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, en la causa iniciada por el legislador macrista Luis Brodersen. Ese tribunal había dispuesto la custodia de los comprobantes de los subsidios otorgados entre julio de 2015 y agosto de 2016, cuando el sistema fue derogado. Sin embargo, tanto la Legislatura como el Poder Ejecutivo (en representación del Estado provincial) devolvieron el oficio que notificaba sobre esa medida. Ambos órganos estatales afirmaron que se trataba de una sentencia ilegítima, dado que habían recusado a Novillo y a Giovanniello, entre otros motivos.
Ruiz, esta semana, había pedido informes sobre el cumplimiento de esa cautelar al vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Como este se encuentra a cargo del PE, Silman respondió el requerimiento. Además de recordarle al juez de feria que la cautelar ha sido devuelta y ha sido objetada, le indicó que el propio Jaldo dictó la resolución 237-P/2016 el 11 de noviembre pasado, en la que dispuso “el debido aseguramiento de la guarda y la custodia, con todos los recaudos necesarios, de la documentación comprendida en las denominadas ayudas sociales a personas físicas”. Ese instrumento, además, designó responsable de esos papeles al secretario de la Legislatura, Claudio Pérez. Los comprobantes de los gastos sociales son considerados una prueba clave en diversas causas judiciales. En 2015, fueron ejecutados $ 615,6 millones en subsidios; en 2016 el presupuesto fue de $ 150 millones.
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